El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la asignación de agentes fiscales en todo el territorio nacional para investigar eventuales delitos electorales durante las Elecciones Municipales de 2026. La medida busca garantizar el cumplimiento del mandato constitucional y la persecución penal de hechos punibles antes, durante y después de la jornada comicial fijada para el domingo 4 de octubre, fecha en que se elegirán intendentes y miembros de Juntas Municipales.
El operativo institucional establece una estructura de control con presencia estratégica en las principales zonas de votación del país, bajo la supervisión general de la fiscal Sandra Ledesma Espinoza, titular de la Unidad Penal de Delitos Electorales de Asunción. En la capital, la cobertura abarcará las principales sedes barriales mediante el trabajo directo de los fiscales Thaís García, Juan Marcelo García de Zúñiga, Carina Serón, Sandra Ávalos, Marcial Machado y Morella Fossati.
En el departamento Central, el Ministerio Público reforzará la vigilancia en distritos con alto caudal electoral como Luque y Areguá, con las fiscalas Sophia Galeano, Jorge Escobar y Mirna Villalba. Asimismo, se asignó a María Genoveva Figueredo en San Lorenzo, Amelia Bernal en Lambaré, Carlos Acuña en Fernando de la Mora y Benjamín Maricevich en Capiatá.
El despliegue fiscal se extenderá a los departamentos del interior y la Región Occidental. Entre los designados figuran Perla Cáceres en Guairá, Carlos Gómez en Itapúa, Joel González y Norma Solís en Caaguazú, Fernando Balbuena en Cordillera, Silvia Sosa en Presidente Hayes, Liz Argüello en Concepción, además de Ysrael Villalba y Edgar Benítez en Alto Paraná.
La nómina en el interior se completa con representantes en San Pedro, Misiones, Canindeyú, Amambay, Paraguarí, Ñeembucú, Alto Paraguay y Caazapá, asegurando la intervención inmediata ante denuncias en todos los puntos del país. La disposición contempla un servicio presencial e ininterrumpido durante los días 3 y 4 de octubre, con horario obligatorio de 7:00 a 17:30 durante la jornada comicial.
Con este esquema de trabajo, que podrá ser reforzado según los requerimientos de cada área territorial, el Ministerio Público apunta a prevenir y sancionar irregularidades punibles. Las acciones priorizarán la detección de conductas como la compra de votos, la coacción al elector o la manipulación de documentos durante el desarrollo del proceso democrático.