Un proyecto de ley que prevé una nivelación salarial para los mediadores judiciales se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores. La propuesta, presentada por los diputados Alejandro Aguilera y Federico Franco, plantea, entre otros aspectos también un régimen jubilatorio similar al de magistrados y actuarios judiciales.

Este miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta analizó el tema y decidió contar primero con los pareceres del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antes de emitir el dictamen pertinente.

Para el tratamiento de la propuesta, participó la abogada Gladys Alfonso de Barreiro, directora de Mediación de la Corte Suprema de Justicia, quien destacó el rol que desempeñan los mediadores judiciales. Los describió como funcionarios altamente capacitados y dotados de herramientas comunicacionales y procedimentales para el desarrollo de sus funciones.

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Explicó que la iniciativa busca reconocer la relevancia jurídica de la labor desempeñada por los mediadores judiciales del Poder Judicial. Afirmó que estos profesionales cumplen una función fundamental para el acceso a la justicia, la resolución pacífica de conflictos, la descongestión de los órganos jurisdiccionales y el fortalecimiento de la paz social.

Durante la reunión también se expuso que los haberes de los mediadores judiciales no han sido actualizados desde hace aproximadamente 20 años.

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La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, resolvió por unanimidad de los presentes, aprobar el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Para su análisis contó con la presencia del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

Esta mesa de trabajo que es presidida por el senador Antonio Barrios, junto con sus colegas legisladores analizaron los principales alcances del acuerdo, que establece una Zona de Libre Comercio entre el Mercosur y los Estados de la AELC, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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La iniciativa tiene como objetivo liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios, promover las inversiones y fortalecer los vínculos económicos entre las Partes. Asimismo, busca ampliar las oportunidades para los sectores productivos, generar condiciones favorables para el comercio y las inversiones y contribuir al desarrollo sostenible.

En materia de acceso a mercados de bienes, el acuerdo establece compromisos de reducción y eliminación arancelaria para las mercancías originarias de las Partes, además de disposiciones relativas al trato nacional, restricciones cuantitativas, licencias de importación y otros mecanismos de administración comercial.

También contempla preferencias arancelarias para determinados productos agropecuarios, contingentes específicos para productos sensibles, procedimientos para la administración de cuotas y mecanismos orientados a brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los operadores económicos.

Durante el debate, el ministro de Industria Marco Riquelme destacó las oportunidades que representa el acuerdo para Paraguay, tanto para la exportación de productos nacionales como para la atracción de inversiones.

“Este es un acuerdo que abre la posibilidad de comerciar libremente, sin aranceles, y abre una oportunidad no solamente para la exportación de productos paraguayos, sino también para atraer inversiones de esos países que puedan desarrollarse en Paraguay”, manifestó el ministro.

En ese sentido, se destacó que los países miembros de la AELC cuentan con mercados de alto poder adquisitivo y demanda de alimentos, productos sostenibles, bienes agroindustriales y manufacturas diferenciadas, lo que podría generar oportunidades para sectores en los que Paraguay cuenta con potencial exportador.

El presidente de la comisión, senador Antonio Barrios, resaltó la importancia del acuerdo y señaló el interés de los países que integran la AELC en fortalecer sus vínculos comerciales y económicos con Paraguay.

Por su parte, el senador Walter Kobylanski manifestó especial interés en el mercado noruego y señaló: “El país que más nos interesa es Noruega”. A su turno, el senador Eduardo Nakayama destacó la importancia de la aprobación de los anexos del acuerdo, al considerar que permitirán ampliar determinados compromisos comerciales y facilitar el acceso a mercados de alto poder adquisitivo.

Asimismo, el senador Gustavo Leite se refirió a la distribución de los cupos establecidos en el acuerdo y planteó la necesidad de que estos sean distribuidos de manera equitativa entre los países del bloque. La senadora Lilian Samaniego, por su parte, destacó la importancia de posicionar a Paraguay como un país con oportunidades para la inversión y el desarrollo de nuevos negocios.

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El proyecto de ley que regula la categorización, registro y transferencia de vehículos antiguos e históricos en la República del Paraguay, fue analizado este martes en la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Senadores.

Sobre el punto, la directora de la comisión asesora, Lianna Vidal, explicó que participaron representantes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de la Dirección del Registro de Automotores y del Club de Autos Antiguos del Paraguay, sectores directamente vinculados con la problemática que busca atender la propuesta legislativa presentada por el senador colorado Juan Afara.

Durante el encuentro, representantes del Club de Autos Antiguos del Paraguay señalaron que la falta de una normativa específica genera actualmente un vacío legal e inseguridad jurídica para los propietarios de vehículos antiguos e históricos, particularmente en lo relacionado con su registro y transferencia.

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Según manifestó la directora Vidal, la propuesta busca establecer un marco regulatorio para la categorización y certificación de los vehículos antiguos e históricos, además de brindar certeza jurídica respecto de los procedimientos para su transferencia.

Así también, la funcionaria destacó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es regularizar la situación de estos vehículos y otorgar mayor seguridad jurídica a sus propietarios, mediante un procedimiento claro y formal establecido por ley.

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El diputado colorado Arturo Urbieta presentó un proyecto de ley “Que crea un Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral en la Circunscripción Judicial de Concepción”. La iniciativa fue derivada a diversas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis y dictamen.

La propuesta legislativa tiene por objeto crear dicho órgano jurisdiccional, con asiento en la ciudad de Concepción, a fin de fortalecer la segunda instancia y adecuar su estructura a las necesidades actuales de la jurisdicción.

De acuerdo con la exposición de motivos, la estructura de los órganos jurisdiccionales debe guardar “razonable correspondencia” con la naturaleza de las materias sometidas a revisión, con la entidad de los derechos involucrados y con las condiciones necesarias para garantizar una respuesta judicial adecuada, fundada y oportuna.

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El documento señala que el acceso a la Justicia no se limita a la posibilidad formal de acudir ante los tribunales, sino que comprende el derecho a obtener una respuesta jurisdiccional efectiva, dentro de un plazo razonable y mediante órganos que cuenten con una organización e idoneidad acordes con sus funciones.

La iniciativa menciona que la Circunscripción Judicial de Concepción registra una evolución demográfica y jurisdiccional, reflejada en el crecimiento anual de los asuntos sometidos a revisión y de la población atendida.

También hace referencia al dinamismo comercial, empresarial, productivo e industrial, así como a la aparición de nuevas actividades económicas e inversiones “que naturalmente generan relaciones jurídicas de mayor diversidad y complejidad”.

Actualmente, la Circunscripción Judicial de Concepción cuenta con un Tribunal de Apelación de competencia multifueros, que atiende causas de las materias Civil, Comercial, Laboral y Penal, además de un órgano especializado en Niñez y Adolescencia.

Según la fundamentación, la diferenciación de la competencia material permitirá que el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral concentre su función revisora en esas áreas. La propuesta sostiene que cada una presenta instituciones, principios, reglas sustantivas y procesales, y dinámicas jurídicas propias.

El legislador explica en su escrito que la segunda instancia debe analizar los agravios planteados, examinar los fundamentos de las resoluciones recurridas y determinar, conforme al marco jurídico aplicable, si corresponde confirmarlas, modificarlas o revocarlas.

Para ello, plantea que los magistrados encargados de dicha tarea cuenten con conocimiento, experiencia y particular versación en las materias sometidas a su competencia.

El proyecto contempla que la conformación definitiva del Tribunal, así como la asignación de los funcionarios y auxiliares de justicia necesarios para su funcionamiento, se realicen de acuerdo con la disponibilidad de recursos determinada por la Ley de Presupuesto General de la Nación correspondiente. Asimismo, faculta a la Corte Suprema de Justicia a reglamentar la ley.

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