Hace 22 años, la llegada de la primavera se transformó en un oscuro episodio en la historia de la seguridad en Paraguay. El 21 de septiembre de 2004, Cecilia Mariana Cubas Gusinky, de 31 años e hija del expresidente Raúl Cubas Grau y la exsenadora Mirta Gusinky, fue interceptada cerca de su residencia en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora por la banda criminal que posteriormente adoptaría la denominación de Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

A pesar de que la familia Cubas cumplió en noviembre de 2004 con el pago de un rescate de 300.000 dólares para obtener su liberación, las comunicaciones con los captores se cortaron definitivamente. La angustiosa búsqueda concluyó el 16 de febrero de 2005 con el atroz hallazgo de su cuerpo en una residencia de Mbocayaty, en Ñemby, convirtiéndose así en la primera víctima fatal de la cadena de secuestros perpetrados por esta organización criminal en el país.

Durante el procedimiento de registro en la vivienda, los investigadores hallaron habitaciones acondicionadas herméticamente con bolsas negras para desorientar a la víctima, así como diversos rastros biológicos y enseres. La inspección de una habitación trasera cubierta de bolsas de tierra condujo a la detección de una diferencia en el nivel del piso, donde se ocultaba el acceso a un túnel subterráneo. En ese recinto clausurado, con la asistencia de bomberos voluntarios, los intervinientes hallaron el cadáver de la joven.

Los análisis forenses posteriores, encabezados por el médico Pablo Lemir, determinaron que Cecilia llevaba aproximadamente 45 días fallecida al momento del hallazgo, por lo que se presume que sus captores le quitaron la vida entre el 24 y el 30 de diciembre de 2004. El informe reveló la crueldad del cautiverio y las deplorables condiciones a las que fue sometida en la fosa previa a su deceso, un hecho que generó una conmoción social.

A partir de las indagaciones impulsadas por el Ministerio Público, la Justicia paraguaya logró procesar y condenar a 11 implicados directos en el planeamiento y ejecución del secuestro. Entre los principales condenados figuraron Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos, quienes recibieron penas de 25 años de prisión más 10 años como medida de seguridad tras probarse su responsabilidad en los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión agravada y asociación criminal.

El fatídico caso de Cecilia Cubas no solo impulsó la reestructuración de los organismos antisecuestro y de inteligencia de la Policía Nacional y la Fiscalía, sino que dejó una huella indeleble en la conciencia social sobre los alcances del crimen organizado en el país.

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