El vicepresidente de la República, Pedro Alliana emitió un comunicado en el cual insta al Banco Central del Paraguay (BCP), a actuar con celeridad y firmeza en el proceso de resolución de ueno bank, garantizando la protección de ahorristas y afectados.

“La Vicepresidencia de la República considera imprescindible que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) actúen con la máxima firmeza, celeridad y rigor ante la delicada situación que atraviesa la entidad ueno bank, colocando en el centro de todas las decisiones la protección de los ahorristas y sus recursos”, menciona el escrito del vicepresidente.

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Alliana también insistió en la determinación de los responsables y que los mismos respondan ante los afectados. “El Poder Ejecutivo debe mantener una posición férrea para que se determinen las responsabilidades correspondientes y quienes resulten responsables respondan ante la ley y ante los ciudadanos afectados”, refirió.

Igualmente, pidió mano firme, normalizar la situación y restablecer la confianza en el sistema financiero. “Mano firme y medidas urgentes y absoluta prioridad a los ahorristas. No debe escatimarse ningún esfuerzo institucional, dentro del marco legal, hasta alcanzar la normalización de esta situación y preservar la confianza en el sistema financiero nacional”, puntualizó.

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A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

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“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.

Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.

De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

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El intendente electo de Mariano Roque Alonso, Julián Agustín Vega Insfrán, recibió su certificado de proclamación tras obtener más de 20.000 votos en las elecciones municipales del 4 de octubre. Posteriormente, visitó al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, para destacar la organización de los comicios.

Durante el acto de proclamación que se realizó ante la magistrada Myriam González, presidenta del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Capital y Central - Primera Sala, del TSJE, indicó que: “Quiero dar gracias, a Dios, a mi familia y principalmente a cada vecino roquealonseño que nos abrió las puertas de su casa y que creyó en este proyecto”, expresó Vega Insfrán tras recibir el certificado de proclamación.

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El jefe comunal colorado agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que trabajará por los vecinos de la ciudad. “Vamos a trabajar dignamente por la ciudadanía de Mariano Roque Alonso que confió en nosotros con más de 20 mil votos y estamos a disposición de la Justicia Electoral”, sostuvo el jefe comunal ante la magistrada del Tribunal Electoral.

Posteriormente, visitó al Ministro del TSJE, Jaime Bestard y destacó el trabajo impecable de la Justicia Electoral durante las elecciones municipales del 4 de Octubre pasado. Por su parte, Bestard felicitó al flamante titular de la comuna de Mariano Roque Alonso.

“Quise venir personalmente a saludar al Ministro Jaime Bestard, y a todo su equipo. Quiero destacar el trabajo impecable, transparente y eficiente que hicieron en estas elecciones municipales, en todo el país y principalmente en Mariano Roque Alonso, donde tuvimos una jornada sin incidentes mayores, con resultados rápidos y claros”, remarcó Vega.

Asimismo, resaltó que esos resultados hablan de una institución sólida que da garantías a todos los paraguayos. “Como intendente, mi reconocimiento y mis felicitaciones al ministro y a todos los funcionarios electorales”, sostuvo Julián Vega, acompañado de miembros del equipo de transición de mando de la Municipalidad de Roque Alonso.

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La senadora Lizarella Valiente, miembro de la bancada de Honor Colorado, expresó su respaldo a la iniciativa popular vinculada a la protección de niños y niñas respecto a la ideología de género. Aclaró que la propuesta normativa aún debe completar el proceso de certificación de firmas, al tratarse de una iniciativa popular, para luego formalizar su presentación ante el Congreso. Sostuvo que, una vez ingresada deberá ser analizada en comisiones, audiencias públicas y mesas de trabajo con especialistas.

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No obstante, en entrevista con La Nación/Nación Media, la parlamentaria confirmó que acompaña el espíritu de la propuesta ciudadana y vinculó su postura con la protección de la identidad y el desarrollo de niños y niñas. Indicó que la educación sexual en las instituciones educativas es importante, pero la discusión debe centrarse en el enfoque de los contenidos.

En cuanto al proceso, señaló que por de pronto tiene conocimiento que la iniciativa popular cuenta con más de 50.000 firmas; pero todavía no se hizo una presentación oficial, porque al tratarse de una iniciativa popular tiene un trámite que cumplir en la Justicia Electoral para la certificación de las firmas.

“Como senadora, acompaño el espíritu de la iniciativa. Una vez que llegue al Congreso tendrá que seguir un trámite por las distintas comisiones, ya que deberá pasar por las comisión de Asuntos Constitucionales, que es la más importante, porque, si está en contramano con la Constitución Nacional, no se tiene que aprobar. También contar con dictamen de Legislación, Derechos Humanos, Equidad y Género y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, porque tiene que ver con los niños, que son las comisiones afines”, expresó.

Valiente resaltó que su labor legislativa se centra en la protección de la niñez y en la preservación de la indemnidad de niños y niñas, en concordancia con el artículo 54 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en garantizar su desarrollo armónico.

Remarcó además que el desarrollo armónico es justamente su bien jurídico que es la indemnidad, que busca proteger su desarrollo libre y sano de la sexualidad de los menores de edad frente a injerencias o conductas abusivas.

“Todo lo que pueda llegar a confundir en su identidad, en el desarrollo de su personalidad, se refiere en ese proceso de cero año a más o menos, según la ciencia, hasta los siete u ocho años, tiene que ser realmente considerado abuso infantil”, remarcó.

La parlamentaria sostuvo que la perspectiva de género desconoce la realidad biológica al plantear cuestiones vinculadas con la identidad sexual y advirtió que los niños podrían asumir como cierta la idea de que pueden elegir ser lo que desean. Señaló que la identidad también tiene un componente biológico y manifestó su acompañamiento al espíritu del proyecto relacionado con la protección infantil.

“Esa confusión es lo que nosotros consideramos y por eso acompaño el espíritu de la iniciativa popular, al referir que es abuso infantil. Porque le confunde en su identidad al niño o niña. Esto no tiene nada que ver con la libertad genuina que tiene un adulto, de autopercibirse como quiera, de tener la orientación sexual que quiera; porque no estamos hablando de adultos, de sujetos de derecho y de hecho. Sin embargo, los niños son sujetos de derecho, pero no todavía de hecho y en tutela de un adulto”, remarcó.

Finalmente, la senadora colorada destacó la relevancia de las iniciativas populares como herramientas propias de una república democrática y celebró que los ciudadanos, especialmente los padres y tutores, se involucren en el debate sobre los contenidos que reciben sus hijos y las políticas públicas aplicadas en el sistema educativo. Si bien reconoció que la educación sexual es necesaria en las escuelas, la discusión central gira en torno al enfoque que se le dará.

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