El Instituto de Previsión Social precederá a la medida debido a que detectó una baja rentabilidad.

El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una revi­sión integral de los contratos de arrendamiento de su patrimo­nio inmobiliario, luego de que auditorías internas revelaran cánones irrisorios en terre­nos del Chaco. Los hallazgos muestran alquileres de ape­nas G. 627 y G. 675 por hectá­rea al mes, lo que representa una rentabilidad promedio cercana al 1 % anual, un ren­dimiento sumamente distante de las cifras de mercado.

El presidente de la previsional, Dr. Derlis León, señaló que el proceso abarcará la verifica­ción de la vigencia de los acuer­dos, el sustento jurídico y las tasaciones originales, consi­derando que varios de estos compromisos fueron firma­dos hace más de 20 o 30 años. “Lo primero que tenemos que observar en este caso es si son contratos vigentes”, afirmó la autoridad, al confirmar que los antecedentes ya fueron elevados a la Dirección Jurí­dica para definir las acciones legales a seguir.

Como parte de la estrategia para optimizar los recursos institucionales, la administra­ción analiza la posibilidad de subastar públicamente aque­llos inmuebles que no gene­ren un retorno adecuado. La medida se respalda en la legis­lación aprobada en 2023 que autoriza la enajenación de propiedades de la previsional, normativa que actualmente se encuentra en plena fase de reglamentación para su apli­cación efectiva.

León contex­tualizó que gran parte de estos activos ingresó al patrimonio del IPS en escenarios econó­micos complejos del pasado, como la crisis financiera e inmobiliaria de la década de 1990. Por ello, argumentó que los valores actuales y la utili­dad de cada terreno serán ana­lizados de manera individual para tomar decisiones de venta o renegociación adaptadas al mercado actual.

El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una revisión integral de los contratos de arrendamiento de su patrimonio inmobiliario, luego de que auditorías internas revelaran cánones irrisorios en terrenos del Chaco. Los hallazgos muestran alquileres de apenas G. 627 y G. 675 por hectárea al mes, lo que representa una rentabilidad promedio cercana al 1 % anual, un rendimiento sumamente distante de las cifras de mercado.

El presidente de la previsional, Dr. Derlis León, señaló que el proceso abarcará la verificación de la vigencia de los acuerdos, el sustento jurídico y las tasaciones originales, considerando que varios de estos compromisos fueron firmados hace más de 20 o 30 años. “Lo primero que tenemos que observar en este caso es si son contratos vigentes”, afirmó la autoridad, al confirmar que los antecedentes ya fueron elevados a la Dirección Jurídica para definir las acciones legales a seguir.

Como parte de la estrategia para optimizar los recursos institucionales, la administración analiza la posibilidad de subastar públicamente aquellos inmuebles que no generen un retorno adecuado. La medida se respalda en la legislación aprobada en 2023 que autoriza la enajenación de propiedades de la previsional, normativa que actualmente se encuentra en plena fase de reglamentación para su aplicación efectiva.

León contextualizó que gran parte de estos activos ingresó al patrimonio del IPS en escenarios económicos complejos del pasado, como la crisis financiera e inmobiliaria de la década de 1990. Por ello, argumentó que los valores actuales y la utilidad de cada terreno serán analizados de manera individual para tomar decisiones de venta o renegociación adaptadas al mercado actual.

Esta reestructuración patrimonial cobra relevancia ante la delicada coyuntura financiera que atraviesa la entidad previsional. El titular del IPS advirtió que el Fondo de Salud arrastra un déficit operativo cercano a los USD 12 millones mensuales, mientras que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones requiere de reformas estructurales urgentes para garantizar su sostenibilidad financiera en las próximas décadas.

El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una prueba piloto de atención con horario extendido en la sección de Ingresos del Área Metropolitana, logrando recaudar G. 700 millones desde su implementación el pasado 1 de septiembre. La medida, que se mantendrá activa de manera continua hasta el mes de diciembre, extiende el servicio presencial de 13:00 a 16:00 para brindar una franja horaria adicional y adaptada a las necesidades operativas de los aportantes.

La iniciativa se encuentra plenamente operativa en las oficinas de la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) ubicadas en Nuestra Señora de la Asunción y Eduardo Víctor Haedo. La coordinación técnica del proyecto está a cargo de Máximo Pérez Llamosas, director de Tesorería, y Hugo Espínola, jefe del Departamento de Ingresos, quienes monitorean el despliegue de las gestiones en ventanilla para optimizar la fluidez de las operaciones administrativas.

Esta ampliación horaria apunta a elevar la calidad de la atención al público, evitar aglomeraciones en horas pico y ofrecer facilidades concretas para que empleadores y cotizantes mantengan al día sus obligaciones previsionales. El horario suplementario permite realizar trámites vinculados a la liquidación y cancelación de aportes en un entorno más ágil, fortaleciendo la accesibilidad a los servicios institucionales en el centro capitalino.

A lo largo de esta primera etapa evaluativa, las autoridades de la previsional realizarán un seguimiento constante de los indicadores de afluencia y recaudación para analizar la viabilidad de la estrategia. Los resultados obtenidos hasta fin de año servirán de base técnica para definir si la extensión de la jornada presencial se consolida como un servicio permanente dentro de las políticas de mejora continua del IPS.

Un docente de 27 años accedió a una nueva oportunidad de vida al someterse exitosamente al trasplante renal n.º 12 del año en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). El procedimiento fue posible mediante una compleja articulación con el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) y la intervención coordinada de un equipo médico multidisciplinario, poniendo fin a cinco años ininterrumpidos de tratamiento de hemodiálisis.

Debido a sus características inmunológicas, el joven era considerado un paciente altamente sensibilizado, condición que elevó la dificultad para hallar un donante compatible. Tras atravesar un largo proceso de espera signado por diez intentos fallidos previa convocatoria, la intervención quirúrgica se concretó finalmente en su llamado número 11, respaldada por la perseverancia del cuerpo profesional y el acompañamiento constante de su entorno familiar.

La Dra. María Gloria Orué, coordinadora de Trasplante del IPS, valoró el esfuerzo colectivo y la constancia del receptor durante el proceso: «Este trasplante es el resultado de años de seguimiento, de la excelente adherencia del paciente y del esfuerzo coordinado de muchos profesionales que nunca dejaron de buscar una oportunidad para él. Cuando aparece la oportunidad adecuada, todo el equipo debe estar preparado para actuar».

La compleja intervención movilizó a especialistas de Nefrología, Cirugía Vascular, Urología, Anestesiología, enfermería e instrumentación quirúrgica, demostrando la capacidad técnica de la red sanitaria pública. El equipo de nefrólogos estuvo integrado por la Dra. María Gloria Orué, la Dra. Adriana Martínez, el Dr. Pablo Jara, la Dra. Lisandry Rodríguez, la Dra. Alba Benítez, la Dra. María del Carmen Romero y el Dr. Gabriel Báez, mientras que el área vascular contó con los doctores Roberto Filizzola, Felipe Gavilán, Rebeca Garcete y Edgard Caballero.

Completaron la nómina de profesionales los urólogos Aldo Samaniego, Enrique Fernández y Oscar Schupp; los anestesiólogos Derlis Gauto, Jazmín Espínola, Alan Villalba y Stefani Meza; junto al personal de instrumentación conformado por los licenciados Edgar Fascio, Andrea Maldonado, Luz Meza, Ada Villalba y Carmen Núñez. Con la evolución favorable del paciente, el caso ratifica la importancia del trabajo en equipo y el compromiso institucional para transformar vidas mediante la donación de órganos.