Los diputados colorado centralinos Pedro Ortiz y Diego Candia celebraron el inicio de las obras de protección de márgenes del arroyo Paso Carreta, en la zona inundable del barrio Bella Vista, de la ciudad de Luque, acompañando la puesta en marcha de un proyecto largamente esperado por los pobladores.

Ambos legisladores resaltaron la importancia de esta intervención, que después de 9 años de espera comienza a concretarse como respuesta a una histórica reivindicación de los vecinos, quienes durante años han soportado las consecuencias de las recurrentes inundaciones que afectan al sector.

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En ese contexto, el legislador Ortiz significó que el inicio de los trabajos representa un avance trascendental para la comunidad luqueña, atendiendo que permitirá encaminar soluciones concretas a una problemática que compromete la seguridad y la calidad de vida de numerosas familias.

Explicó que el proyecto cuenta con financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN), a través del Gobierno Nacional, y contempla obras de canalización, protección de márgenes y mitigación de los efectos de las crecidas, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las familias asentadas en las zonas de riesgo.

Asimismo, se informó que el emprendimiento prevé la incorporación de nuevos espacios públicos, plazas, veredas, áreas peatonales y sectores de esparcimiento familiar, además de acciones destinadas a la recuperación ambiental del arroyo y la revalorización de las áreas verdes urbanas.

Los congresistas también destacaron el impacto positivo que tendrá la ejecución de las obras en el desarrollo de la ciudad, tanto por la generación de fuentes de trabajo como por el fortalecimiento de las actividades comerciales y productivas vinculadas al crecimiento de Luque.

Durante la actividad se puso de relieve la gestión del intendente municipal, Carlos Echeverría,, para impulsar la concreción del proyecto, así como el respaldo del presidente de la República, Santiago Peña, cuyo acompañamiento institucional y presupuestario permite avanzar hacia soluciones de infraestructura largamente reclamadas por la ciudadanía.

Para los diputados, el inicio de los trabajos constituye un paso importante para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio Bella Vista, fortalecer la seguridad de las familias ante las inundaciones y promover un desarrollo urbano más ordenado y sostenible en la ciudad de Luque.

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La diputada Cristina Villalba aseguró que el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto aconseja la aprobación con algunas modificaciones. Aclaró que se mantuvieron los G. 163,3 billones planteados por el Ejecutivo, aunque incorporó reasignaciones para sectores prioritarios.

Entre las propuestas, mencionó un reajuste de G. 500.000 por vínculo para profesionales de la salud pública. Anunció además, que el estudio en particular del PGN 2027 en la Cámara de Diputados está previsto para el 9 de noviembre.

Al término de la sesión de la fecha, la diputada Villalba, quien preside la Bicameral de Presupuesto, explicó que la recomendación es aprobar en general el presupuesto que se mantiene con el monto global que envió el Ejecutivo, incluida la adenda. No obstante, señaló que el dictamen plantea algunas modificaciones en el proyecto de ley ya que se plantean reasignaciones, en las que se han priorizado a los funcionarios de blanco de las diferentes especialidades.

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“Es una es una reasignación de un monto de 500.000 guaraníes. No sé si esto va a satisfacer, pero es a la vez, un gesto de parte de la Bicameral y esto abre una posibilidad de seguir conversando, seguir trabajando todos juntos y por supuesto, es la valoración a todos los profesionales que engloba Salud Pública. Estamos hablando de un número variado de profesionales de diferentes diferentes hospitales”, explicó.

Mencionó que una de las propuesta que se plantea modificar para el presupuesto de Salud Pública es el aumento salarial de G. 500.000 a partir del mes de julio para 28.691 vínculos, en los que están incluidos bioquímicos, odontólogos, trabajadores rurales, sociales; todos aquellos trabajadores que no fueron incluidos dentro de la adenda.

Señaló además, que la lista de las instituciones que también contempla modificaciones en sus presupuestos incluyen al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Defensoría Pública y la Diben, que recibirá una inyección presupuestaria de G. 10.000 millones por su gran labor misional que viene realizando. La lista incluye también a Senadis y las universidades públicas, así como el Ministerio de Educación con lo que se apunta a reactivar el programa de educación indígena, mediante una inyección presupuestaria de G. 5.000 millones.

“La reasignación presupuestaria para todas las universidades públicas, incluyendo el Hospital de Clínicas, es para cubrir el crecimiento vegetativo e inversiones. En este plan presupuestario a universidades incluye la Universidad Politécnica Paraguay - Taiwán; ya que al inicio los estudiantes viajaban hasta Taiwán para estudiar, pero desde el año que viene ya comenzarán a desarrollar su plan curricular acá en el país en su sede propia en Asunción y el presupuesto es para la designación de docentes”, comentó.

Finalmente, la diputada Villalba confirmó que ya se fijó la sesión de la Cámara de Diputados para el 9 de noviembre, para las 14:00 para el estudio en particular; posterior a eso ya iría a la Cámara de Senadores.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezada por Alberto Martínez Simón, dictaminó a favor del proyecto de ley que propone la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, ante el aumento de los casos de feminicidio. A la vez, este jueves se desarrolla una audiencia pública en el Congreso Nacional para socializar la iniciativa.

“El feminicidio está creciendo en nuestro país, este proyecto ya lo había presentado en el 2024, pero lamentablemente fue rechazado, y de nuevo lo volví a presentar el pasado 14 de octubre; cuenta con el consenso de 17 instituciones que trabajaron conmigo durante 6 años”, manifestó la senadora y proyectista Lilian Samaniego a los medios de comunicación.

Samaniego acotó: “Fui a solicitarle directamente un dictamen al presidente de la Corte Suprema de Justicia y ayer miércoles ya me lo envió de manera positiva; también ya llegué hasta el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para hablar y contarle todo lo que habían dicho los jueces de paz sobre el proyecto de ley. Ellos dicen que necesitan la herramienta para dar celeridad a las denuncias reales y desestimar las falsas”.

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Agregó que “el fiscal general me escuchó atentamente y me dijo que cuanto antes me enviará su dictamen. Se sabe que hay hombres presos por denuncias falsas, es decir que este proyecto de ley servirá tanto a la mujer como al varón. Cuando una mujer sufre de violencia la justicia debe actuar y nuestro compromiso se debe traducir en hechos, y es por eso que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que esto se apruebe cuanto antes”.

La parlamentaria había detallado semanas atrás que entre el 2020 y el 2025 se registró un total de 258 feminicidios, un promedio superior a 40 víctimas por año, y en lo que va del 2026 ya se registraron 21 feminicidios. “A cuantas personas que encuentro en mi camino les pido que se sumen y que firmen este proyecto, ya tengo miles de firmas. Nosotros vamos a pelear por un presupuesto para la instalación de los primeros cinco juzgados en los lugares donde hay mayor cantidad de denuncias: dos en Alto Paraná, dos en Central y uno en Capital”, puntualizó.

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Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.

Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.

Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.

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Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.

De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.

Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.

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