El diputado Rubén Rubin presentó un proyecto de ley que propone suspender temporalmente la creación de cargos y la cobertura de vacancias en la función pública por un plazo de 24 meses. La iniciativa legislativa apunta a priorizar la atención de los servicios esenciales, optimizar la distribución del talento humano estatal y contener la expansión del gasto en servicios personales en un contexto de restricciones fiscales.

Según expuso el parlamentario en la justificación del texto, la norma busca que el Estado administre sus recursos con mayores criterios de racionalidad y sostenibilidad. Para argumentar la urgencia de la medida, el documento revela que durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025 se registraron 9.166 y 9.320 vacancias respectivamente, alcanzando un acumulado de 18.486 puestos vacantes en el aparato estatal.

La propuesta establece que la salida o retiro de un funcionario no derivará en la reposición automática del puesto. En su lugar, se encomienda a las instituciones públicas la evaluación y eventual reasignación interna de tareas entre el personal activo, promoviendo la eficiencia operativa sin dinamitar el presupuesto destinado a remuneraciones.

El proyecto enfatiza que la restricción no contempla despidos, desvinculaciones ni la afectación de derechos laborales adquiridos por los servidores públicos. “Se trata de una disposición temporal que actúa sobre las vacancias que se produzcan durante el periodo de vigencia de la ley”, puntualiza la exposición de motivos para aclarar el alcance de la normativa.

Quedan expresamente exceptuados de esta congelación el personal de blanco abocado a la salud, los docentes del sistema educativo, los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como los puestos clave cuya falta ponga en riesgo la continuidad de servicios públicos fundamentales para la ciudadanía.

Para velar por el cumplimiento de la norma, la iniciativa incorpora mecanismos de control institucional. Las entidades deberán remitir informes detallados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría General de la República (CGR) sobre cada vacancia generada, indicando la dependencia, remuneración y fuente de financiamiento. El planteamiento inició formalmente su etapa de análisis en las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados.