La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 189 del Código de la Niñez y la Adolescencia, conocido como “Ley Memby”. Tras haber sido aprobada en general en una sesión previa, la propuesta completó ayer su estudio en particular durante la última jornada ordinaria y fue remitida a la Cámara de Senadores para continuar su trámite constitucional.
Impulsada por el diputado Luis Federico Franco, la normativa busca clarificar y modernizar el marco legal de la prestación de alimentos. De acuerdo con la exposición de motivos, la redacción vigente del Código generaba interpretaciones dispares entre los juzgados del país, lo que derivaba en una aplicación desigual de los criterios de fijación en perjuicio de los niños y adolescentes.
El principal problema técnico detectado radicaba en la metodología de cálculo. Mientras que algunas circunscripciones judiciales tomaban como base el jornal mínimo para actividades diversas no especificadas —resultado de dividir el salario mínimo entre 26 días—, otros tribunales dividían el ingreso mensual entre 30 días, arrojando montos sensiblemente inferiores según la jurisdicción donde se tramitara la causa.
Para resolver esta inequidad, el texto aprobado estipula de forma taxativa que la asistencia alimentaria se calculará única y exclusivamente sobre la base del jornal mínimo legal (salario dividido entre 26 días). Esta estandarización busca dotar de mayor seguridad jurídica al sistema judicial y garantizar que todos los menores del país reciban un piso de protección económico equitativo.
Durante el debate en el pleno, la diputada Dalia Estigarribia, titular de la Comisión de Niñez y Adolescencia, solicitó acompañar la versión con los ajustes de técnica legislativa dictaminados por dicho estamento. Estigarribia remarcó que las modificaciones incorporadas aseguran la actualización automática de las cuotas ante cualquier reajuste del salario mínimo, evitando la saturación de demandas de aumento.
Con el respaldo unánime del proyectista y la posterior votación favorable de la plenaria, el documento pasó oficialmente a la Cámara Alta. De ser ratificado por el Senado y promulgado por el Poder Ejecutivo, el nuevo esquema fijará un criterio único nacional que dinamizará el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez en Paraguay.