El presidente de la República, Santiago Peña, recibió este martes las cartas credenciales del embajador designado de la República Francesa ante el Gobierno de la República del Paraguay, Jean-Philippe Gavois. El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, acompañó al mandatario en el acto desarrollado este martes en el Palacio de Gobierno.

Jean-Philippe Gavois es diplomático de carrera y cuenta con formación en los Institutos de Estudios Políticos de Estrasburgo y Aix, además de un diploma de estudios superiores en gestión pública.

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A lo largo de su trayectoria diplomática y en la administración central francesa, se desempeñó en diversos cargos, entre ellos como consejero político en Hanói (Vietnam) y consejero de cooperación y acción cultural en Colombo (Sri Lanka). Asimismo, cumplió funciones en la Dirección de las Naciones Unidas y de los Organismos Internacionales.

Desde agosto de 2022 se desempeñaba como primer consejero de la Embajada de Francia en Lima (Perú). Entre sus distinciones figura la Medalla de Honor de los Asuntos Extranjeros, en grado bronce.

Con la presentación de sus cartas credenciales, el diplomático inicia oficialmente sus funciones como representante de la República Francesa ante el Gobierno de la República del Paraguay. El nuevo diplomático reemplaza en el cargo a Pierre-Christian Soccoja.

El gobierno francés designó a Gavois en julio de 2026, su acreditación coincidió con la firma de un acuerdo bilateral estratégico para la lucha contra el narcotráfico. Para ello, el canciller Rubén Ramírez Lezcano había viajado a Francia para la firma de este acuerdo, en materia de lucha contra el narcotráfico, que incluye un compromiso para desmantelar las redes criminales y abordar las consecuencias sanitarias y sociales del consumo de drogas.

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El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este martes en el Palacio de López la entrega de otros 1.000 títulos de propiedad para los beneficiarios de la reforma agraria. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se anunció que dentro de 45 días se tendrá otro grupo similar de adjudicados.

“Yo no llegué a la presidencia de la República para ser uno más y reconozco mi responsabilidad política por el cargo que ostento. Yo vengo de un partido que tiene historia y testimonio de haber defendido las causas populares, de haber defendido el campo ya que ahí está el progreso del Paraguay. Cuando al campo le va bien al Paraguay le va bien”, sostuvo el mandatario.

Durante los primeros 3 años de gobierno de Peña, el Indert concretó la entrega de 12.000 títulos de propiedad, frente a un promedio aproximado de 900 títulos anuales registrado durante la última década. “Más allá de que hoy hemos superado todos los números de gobiernos anteriores, mi lucha no es una lucha por las estadísticas y los números; mi lucha es la lucha del pueblo paraguayo”, remarcó.

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El mandatario recordó también los procesos de regularización que durante décadas fueron considerados difíciles de resolver y citó por ejemplo los casos de Andrés Barbero, Marina Cue y Santa Teresita. Añadió que estos avances demostraron que con el diálogo, la decisión política y el trabajo institucional, era posible encontrar soluciones a reclamos históricos vinculados al acceso de tierra.

Otros logros registrados bajo la administración de Peña en materia de tierras guarda relación con la reducción de la tasas de interés. Del 12 % que se cobraba históricamente, bajó al 4 % para los titulares varones y a 0 % para las mujeres. Es con el objetivo de fomentar la equidad.

“Esta es una verdadera fiesta con 1.000 personas que recibieron sus títulos de propiedad que se sumarán a otros que ya están en camino y creemos nosotros que en 45 días más estaremos teniendo un paquete muy similar a esto. Acá hay una palabra que resume todo esto y es la felicidad”, afirmó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

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El viceministro del Trabajo, César Segovia, sostuvo que el gobierno de Santiago Peña apunta a dar el salto en la calidad de la atención médica en el 2027 tras concretarse un preacuerdo con los profesionales de blanco, quienes requerían el mejoramiento de sus condiciones laborales. Con la medida alcanzada anoche se aguarda el fin de la huelga convocada por el sector para el 21 y 22 de setiembre.

“Yo creo que el conflicto ya llegó a su término con el preacuerdo intermedio y satisfactorio para ambas partes, ya que el gremio médico siempre insistió sobre un piso salarial y la posición del Gobierno siempre fue la meritocracia, de privilegiar la capacitación de la gente, la especialidades, la antigüedad”, refirió el alto funcionario del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y UNiverso 970 AM/Nación Media.

El acuerdo contempla un reajuste total de G. 2.000.000 por vínculo para los médicos contratados y permanentes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPy BS). La implementación será progresiva durante el próximo año, es decir percibirán G. 500.000 en el mes de abril, G. 500.000 adicionales en el mes de julio y G. 1.000.000 en el mes de diciembre.

A esta mejora se suma la desprecarización de 2.300 médicos contratados, orientada a avanzar hacia mejores condiciones laborales y fortalecer los recursos humanos. Además se fija el pago de G. 1.000.000 por cada feriado efectivamente trabajado y mayores recursos para insumos y medicamentos, en el marco de la prioridad otorgada por el Gobierno Nacional al fortalecimiento de la salud pública.

“Esto se hará en forma gradual en todo el 2027 hasta completar en diciembre los G. 2.000.000, que es el acuerdo al que se había arribado. Ambas partes ganamos y desde ambas partes cedieron, porque los médicos planteaban G. 3.000.000 por vínculo de una sola vez, no estaban de acuerdo con la gradualidad, pero después de mucho diálogo entendieron que el impacto presupuestario será muy fuerte”.

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Segovia mencionó que “finalmente, con esto gana la ciudadanía ya que el compromiso de los médicos de brindar una atención cada vez más personalizada teniendo en cuenta que también hay un compromiso por parte del Gobierno a través del Presupuesto General de la Nación para el próximo año de dotar de insumos y medicamentos y esperamos dar un salto para el 2027 en la calidad de la atención médica”.

Con relación a la movilización de los docentes previsto para el próximo 17 y 18 de setiembre en reclamo de un reajuste salarial del 8 % el viceministro argumentó que “nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial como establece la normativa legal, es por eso que técnicamente no hay una huelga del sector docente, pero sí ya escuché que hablan de movilización. Tengo entendido que están conversando con el ministro de Educación y Ciencias y dentro de ese proceso seguramente también se buscará un mecanismo de entendimiento entre las partes para evitar la manifestación”, comentó.

El viceministro puntualizó que aguardarán previamente el desarrollo de las negociaciones entre el MEC y los docentes para definir si será necesario la intermediación de la cartera de Trabajo.

“No es prácticamente una huelga porque no se ha cumplido con lo establecido en la normativa. El derecho a la huelga es constitucional, pero también en la Carta Magna se establece que los servicios imprescindible tiene que cumplir cierto marco legal, no hemos tenido ninguna comunicación por eso no hemos tomado intervención en el conflicto de los docentes”, manifestó.

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Familias campesinas procedentes de diversos puntos del país se alistan para participar en una ceremonia trascendental en la explanada del Palacio de López, este martes 15 de septiembre, donde se concretará la entrega oficial de 1.000 títulos de propiedad a sus legítimos beneficiarios, en paralelo a la firma de otros 600 documentos por parte de colonos que agilizarán el finiquito legal de sus tierras. El acto estará encabezado por el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz. Durante la ceremonia

A tres años del inicio de la presente administración, el Indert alcanza una cifra récord que supera los 12.000 títulos otorgados a través de la metodología de Barrido Predial Masivo (BPM). Este logro marca un hito sin precedentes en la gestión pública, al contrastar significativamente con el promedio histórico de apenas 900 títulos anuales registrado durante la última década. El impulso actual busca consolidar el arraigo, la seguridad jurídica y la mejora continua en la calidad de vida de las comunidades rurales.

Con el objetivo de profundizar estas reformas, el Poder Ejecutivo elevó al Congreso Nacional un proyecto de ley clave orientado a agilizar la titulación de lotes bajo el Estatuto Agrario. La propuesta legislativa contempla posponer por un año el pago inicial de las tierras, permitiendo que los productores accedan de manera inmediata al finiquito de su documentación. De obtener la aprobación parlamentaria, las autoridades proyectan alcanzar una meta histórica sin precedentes: la adjudicación de 50.000 títulos de propiedad durante el presente periodo de mandato presidencial.

Esta iniciativa se articula de manera directa con el programa piloto “Nueva Ruralidad con Relevo Generacional”, impulsado por el ente agrario para mitigar el éxodo rural y asegurar el asentamiento de los jóvenes en el campo. El plan promueve el retorno de las nuevas generaciones a sus comunidades productivas mediante el acceso seguro a la tierra, al tiempo que garantiza protección jurídica integral y tranquilidad patrimonial a los colonos pioneros de la tercera edad, fortaleciendo el tejido social campesino.

En el plano financiero, la formalización de la propiedad privada representa una llave de acceso estratégica al sistema bancario para la obtención de créditos blandos orientados al desarrollo agrícola. Francisco Ruiz Díaz subrayó que las modificaciones legales buscan modernizar el marco normativo actual, vinculando de forma directa la titularidad del suelo con oportunidades de financiamiento real para la inversión en proyectos productivos a escala local.

Finalmente, el proyecto legislativo introduce facilidades de pago sustanciales diseñadas con un enfoque social y de género. La normativa propone ampliar los plazos de cancelación de los lotes a 30 años para las mujeres rurales y a 20 años para los hombres, además de reducir a la mitad la tasa de interés anual para beneficiarios varones, pasando del 4 % al 2 %.