El proyecto de ley que regula la categorización, registro y transferencia de vehículos antiguos e históricos en la República del Paraguay, fue analizado este martes en la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Senadores.
Sobre el punto, la directora de la comisión asesora, Lianna Vidal, explicó que participaron representantes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de la Dirección del Registro de Automotores y del Club de Autos Antiguos del Paraguay, sectores directamente vinculados con la problemática que busca atender la propuesta legislativa presentada por el senador colorado Juan Afara.
Durante el encuentro, representantes del Club de Autos Antiguos del Paraguay señalaron que la falta de una normativa específica genera actualmente un vacío legal e inseguridad jurídica para los propietarios de vehículos antiguos e históricos, particularmente en lo relacionado con su registro y transferencia.
Te puede interesar: Justicia Electoral prosigue con la auditoría judicial de cara a los comicios
Según manifestó la directora Vidal, la propuesta busca establecer un marco regulatorio para la categorización y certificación de los vehículos antiguos e históricos, además de brindar certeza jurídica respecto de los procedimientos para su transferencia.
Así también, la funcionaria destacó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es regularizar la situación de estos vehículos y otorgar mayor seguridad jurídica a sus propietarios, mediante un procedimiento claro y formal establecido por ley.
Leé también: Diputada cuestiona el deterioro de Ciudad del Este
Dejanos tu comentario
Urbieta propone crear un Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Laboral en Concepción
El diputado colorado Arturo Urbieta presentó un proyecto de ley “Que crea un Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral en la Circunscripción Judicial de Concepción”. La iniciativa fue derivada a diversas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis y dictamen.
La propuesta legislativa tiene por objeto crear dicho órgano jurisdiccional, con asiento en la ciudad de Concepción, a fin de fortalecer la segunda instancia y adecuar su estructura a las necesidades actuales de la jurisdicción.
De acuerdo con la exposición de motivos, la estructura de los órganos jurisdiccionales debe guardar “razonable correspondencia” con la naturaleza de las materias sometidas a revisión, con la entidad de los derechos involucrados y con las condiciones necesarias para garantizar una respuesta judicial adecuada, fundada y oportuna.
Le puede interesar: Alliana prioriza la unidad y esperará las municipales para definir su dupla
El documento señala que el acceso a la Justicia no se limita a la posibilidad formal de acudir ante los tribunales, sino que comprende el derecho a obtener una respuesta jurisdiccional efectiva, dentro de un plazo razonable y mediante órganos que cuenten con una organización e idoneidad acordes con sus funciones.
La iniciativa menciona que la Circunscripción Judicial de Concepción registra una evolución demográfica y jurisdiccional, reflejada en el crecimiento anual de los asuntos sometidos a revisión y de la población atendida.
También hace referencia al dinamismo comercial, empresarial, productivo e industrial, así como a la aparición de nuevas actividades económicas e inversiones “que naturalmente generan relaciones jurídicas de mayor diversidad y complejidad”.
Circunscripción de múltiple fueros
Actualmente, la Circunscripción Judicial de Concepción cuenta con un Tribunal de Apelación de competencia multifueros, que atiende causas de las materias Civil, Comercial, Laboral y Penal, además de un órgano especializado en Niñez y Adolescencia.
Según la fundamentación, la diferenciación de la competencia material permitirá que el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral concentre su función revisora en esas áreas. La propuesta sostiene que cada una presenta instituciones, principios, reglas sustantivas y procesales, y dinámicas jurídicas propias.
El legislador explica en su escrito que la segunda instancia debe analizar los agravios planteados, examinar los fundamentos de las resoluciones recurridas y determinar, conforme al marco jurídico aplicable, si corresponde confirmarlas, modificarlas o revocarlas.
Para ello, plantea que los magistrados encargados de dicha tarea cuenten con conocimiento, experiencia y particular versación en las materias sometidas a su competencia.
El proyecto contempla que la conformación definitiva del Tribunal, así como la asignación de los funcionarios y auxiliares de justicia necesarios para su funcionamiento, se realicen de acuerdo con la disponibilidad de recursos determinada por la Ley de Presupuesto General de la Nación correspondiente. Asimismo, faculta a la Corte Suprema de Justicia a reglamentar la ley.
Siga informado con: Justicia Electoral prosigue con la auditoría judicial de cara a los comicios
Dejanos tu comentario
Para Chase, docentes deben escuchar al Ejecutivo
El senador y líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, instó al sector docente, y otros gremios del sector público a escuchar al Poder Ejecutivo antes de llevar adelante los pedidos de reajuste o incrementación salarial. El gremio docente anunció un paro nacional para el 18 y 19 de setiembre, exigiendo un reajuste del 8 %.
“Se debe escuchar un poco al Ejecutivo, nosotros todavía no nos inmiscuimos en el tema de los docentes, y en el caso de los médicos, en el caso de Sinamed, nosotros fuimos un instrumento de mediación, pero no somos los que toman las decisiones. Vamos a esperar a que ese diálogo avance y después seguramente si es necesario, vamos a estar disponibles para hacer lo que haya que hacer”, indicó el senador a los medios de prensa en el Senado.
Chase recordó que recientemente se dio un importante reajuste para este sector. “Ellos ya tuvieron un aumento escalonado bastante considerable, pero todavía no hemos analizado ni siquiera nosotros cuáles son los reclamos que ellos tienen, entonces no tenemos una opinión formada sobre el tema, preferimos esperar”, refirió.
Por otra parte, señaló que luego del acuerdo con los médicos, ya se veía venir el reclamo de otros sectores. “Yo creo que siempre hay reclamos gremiales que tienen en cuenta un sector del funcionamiento de las instituciones, pero a veces ellos tampoco ofrecen lo que tienen que ofrecer de su lado. Después de este reclamo que se le concedió, era natural que exista una cascada de pedidos de todos los sectores, algunos van a ser reales y otros van a ser avivadas”, apuntó.
Sin embargo, expresó que todos los reclamos y las respuestas debe estar contemplado en el Presupuesto General de Gastos. “No podemos hacer magia, los recursos tienen que existir y a alguien se le tiene que recortar. El 100 % del análisis presupuestario no está terminado, pero no obstante, si es igual al del año pasado, en su estudio tuvo muy pocas modificaciones, y creo que un presupuesto ajustado, que es bastante cercano a la realidad, entonces creo que no es tan fácil ajustes salariales a todos los sectores”, sentenció.
Dejanos tu comentario
Plantean crear una gerencia especializada contra el contrabando en la DNIT
El senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnologías, Innovación y Futuro, encabezó una reunión informativa para analizar el proyecto de ley que propone crear y organizar una Gerencia General de Prevención, Combate y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito.
Participó del encuentro el viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Alberto Sborovsky.
La iniciativa, presentada por el senador Kemper, plantea fortalecer la estructura institucional encargada de combatir estos ilícitos, mediante la creación de una dependencia especializada dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Le puede interesar: Caso Tía Chela: Fiscalía presenta alegatos iniciales
Al término del encuentro, el legislador destacó la necesidad de seguir trabajando en mecanismos que permitan enfrentar el ingreso ilegal de productos al país, atendiendo a que esta problemática afecta tanto a las grandes empresas como a los productores nacionales.
Señaló que, pese a los esfuerzos realizados, las medidas implementadas todavía resultan insuficientes ante el ingreso irregular de productos provenientes de países vecinos.
Indicó que esta situación repercute especialmente en quienes se dedican a la producción y al trabajo en el campo, por lo que consideró necesario fortalecer las herramientas institucionales para proteger la producción nacional.
“El esfuerzo que hacemos como nación para combatir este mal no es suficiente, porque hace que el productor no pueda vender lo que produce, porque ingresa de forma masiva mismos productos de los países vecinos. Pensamos que avanzamos en esa lucha, pero no lo suficiente. Entonces, creemos que llegó el momento de centralizar el esfuerzo con la estructura y la normativa adecuada”, expresó.
Buscarán consensos
El presidente de la comisión asesora aclaró que, por tratarse de una reunión informativa, no fue emitido dictamen sobre el proyecto de ley. Asimismo, anunció que la próxima semana se llevará a cabo una reunión conjunta con la Comisión de Industria y Comercio, con el propósito de profundizar el análisis y alcanzar un consenso que permita avanzar en una propuesta acorde con las necesidades del país y en beneficio de la ciudadanía.
Siga informado con: Senador respalda cambios de Peña en Salud: “Son muy positivos”
Dejanos tu comentario
Sedeco pide vetar la ley recientemente sancionada de restitución de pagarés
La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, confirmó que pidió el veto total a la recientemente sancionada ley de devolución de pagarés. La alta funcionaria manifestó que ya se había emitido un dictamen desfavorable, por la redacción de la normativa.
La pasada semana, el pleno de la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que establece la restitución de los pagarés una vez extinguida la obligación y dispone un régimen sancionador. En ese marco, se contempla un régimen punitivo cuya aplicación estará a cargo de la Sedeco con una multa equivalente al 20 % del valor del pagaré en caso de incumplimiento de la obligación de restitución.
Leé más: Sedeco presenta guía para transparentar las relaciones de consumo
Sobre el punto, Irún confirmó en diálogo con la 1080 AM que a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), vínculo con el Poder Ejecutivo, solicitó un veto total a la ley sancionada, por diversos motivos. Entre estos, mencionó que de hecho la institución a su cargo ya implementa sanciones a quienes no cumplen con la devolución de los papeles cancelados. Detalló que el decreto reglamentario del ente establece los rangos de multa de entre 50 hasta 10.000 jornales, dependiendo de ciertos factores.
Amplía el campo de acción
De acuerdo con lo señalado por la ministra, la ley en cuestión amplía las facultades de la Sedeco, incluso pudiendo entrar a dirimir cuestiones entre particulares. “Somos una institución administrativa cuando hay una relación de consumo”, aclaró.
Apuntó también a la esfera judicial, afirmando que el ente “no se puede superponer a la esfera judicial”. Dejó en claro que, si bien la iniciativa fue pensada por el escándalo de la “mafia de los pagarés”, no se puede avalar una ley mal redactada.