El conflicto entre el sector médico y el Poder Ejecutivo sigue sin resolverse tras la decisión de la asamblea del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), que rechazó casi de manera unánime la propuesta oficial de implementar la continuidad del escalafonamiento salarial iniciado en 2022. Según el gremio, el planteamiento del Gobierno no abarca a la totalidad de los profesionales y no responde al desfasaje acumulado en el sector.

El doctor José Vargas, miembro del Directorio de Sinamed, explicó que la propuesta estatal contempla llevar el piso salarial de los médicos contratados de G. 5.000.000 a G. 5.400.000, lo que equivale a un ajuste del 8 %. Asimismo, el Ministerio de Salud ofreció un complemento de G. 1.000.000 por trabajo en días feriados. Sin embargo, el dirigente aclaró que este último beneficio solo alcanza a quienes realizan guardias -menos del 50 % del personal-, dejando fuera a la mayoría de los médicos que se desempeñan en consultorios y cirugías programadas.

“Lo que se solicita desde un principio es un reajuste para el piso salarial de todos los médicos. Después puede venir el escalafonamiento, al cual no nos oponemos, pero el reajuste debe ser general”, afirmó Vargas, este lunes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Esto debería de ser automático, debería ser ajustado cada año, no debería haber este 78 % de desfasaje. Eso si se hacía, qué sé yo, cada dos años, un ajuste salarial como se da en otros casos, no hubiéramos llegado a esto”, aseveró, insistiendo en el reajuste del piso salarial. “Eso es lo único que se está buscando hoy en día, no es un capricho. Y lastimosamente, cuando la respuesta al tema de la inflación y las recaudaciones, es difícil ponerle a todo un gremio a razonar con el corazón en el pecho y decir no estamos bien económicamente cuando vemos otros ajustes salariales de nuestras instituciones públicas que se están dando cada año. Entonces, lastimosamente, esos datos son reales y prácticamente el único gremio que se quedó sin ajustes salariales es el médico”.

Ante la falta de un acuerdo que satisfaga las demandas del sector, desde el gremio advirtieron que la convocatoria a una nueva huelga es la medida de fuerza inminente, prevista para los días 21 y 22 de setiembre. “Lastimosamente es ir a otra huelga. Espero sinceramente que haya voluntad y que no lleguemos a eso, pero estamos ahí nomás”, señaló el vocero.

A la par de las medidas gremiales, se registran dimisiones de médicos especialistas. Hasta la fecha se contabilizan alrededor de 300 renuncias presentadas de forma independiente por los profesionales, una situación que, según aclararon, no fue promovida directamente por la directiva del Sinamed, sino que responde a una iniciativa autónoma de los médicos ante el descontento salarial.

Pese al rechazo de la oferta actual, el Sinamed aclaró que no mantiene una postura intransigente con respecto a los porcentajes planteados (sea el 38 %, 50 % o 60 %) y reiteró su apertura para sentarse a negociar una salida viable con las autoridades del Ejecutivo y del Poder Legislativo.

El doctor Vargas enfatizó además el carácter puramente reivindicativo de la movilización: “Esto no es en contra de la ministra (María Teresa Barán), no es en contra del presidente (Santiago Peña) ni de ningún partido político. Es la reivindicación de un gremio que busca un salario digno y es, prácticamente, el único sector público que se quedó sin ajustes salariales acordes a la inflación”, concluyó.

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) resolvió convocar a una nueva huelga nacional de 48 horas para los próximos 21 y 22 de septiembre, tras aceptar parte de la propuesta del Gobierno por la desprecarización y más fondos para salud, pero en desacuerdo con el reajuste de G. 400.000 al salario piso de los profesionales de blanco. La decisión fue adoptada durante una asamblea extraordinaria del gremio realizada por la noche del jueves.

Los médicos se movilizaron con un paro entre el 24 al 28 de agosto exigiendo que el salario piso se aumente en G. 3 millones, de manera que alcance los G. 8 millones, alegando la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde 2012. Durante el gobierno de Santiago Peña, el salario base aproximado por cada vínculo de 12 horas semanales se ubicó entre G. 5.000.000 y G. 5.400.000, cuando anteriormente ese monto correspondía a un vínculo de 48 horas por semana.

En la sesión extraordinaria, el Sinamed respaldó la propuesta de desprecarización laboral, que contempla el nombramiento de 2.390 médicos y funcionarios contratados, así como el incremento de USD 260 millones previsto para la compra de medicamentos e insumos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

La ministra de Salud, María Teresa Barán; el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez; y el ministro de Economía, Óscar Lovera, entre otras autoridades del Ejecutivo, encabezaron ayer una reunión con los representantes gremiales para presentar la propuesta del Gobierno para avanzar en la aplicación del escalafón médico, junto con medidas complementarias destinadas a mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la salud.

El escalafón médico, vigente desde 2022, beneficia a los médicos nombrados y abarca la incorporación de los médicos contratados al esquema, considerando criterios de antigüedad y carga horaria. Asimismo, prevé un complemento mensual de G. 500.000 para médicos especialistas que realizaron residencia, además de un pago de G. 1.000.000 por día feriado para quienes realicen guardias o tareas imprescindibles.

El esquema plantea una estructura salarial diferenciada de acuerdo con la antigüedad y las cargas horarias de 12, 24 y 36 horas semanales. Los montos aumentan progresivamente conforme a los años de servicio, estableciendo una referencia común para el desarrollo de la carrera sanitaria. De acuerdo con la propuesta presentada, 10.626 médicos percibirían incrementos mensuales de entre G. 400.000 y hasta de G. 3.000.000. La iniciativa apunta, además, a nivelar la situación salarial de los profesionales contratados.

La comisión especial queda habilitada para iniciar las tareas de investigación, seguimiento y esclarecimiento de las irregularidades detectadas en ambas instituciones sanitarias.

• HOY.COM.PY

La Cámara de Senado­res oficializó la desig­nación de los legis­ladores que integrarán la comisión especial de inves­tigación encargada de inda­gar presuntos actos punibles de corrupción detectados en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministe­rio de Salud Pública y Bienes­tar Social.

A través de la Resolución N.º 2944, firmada ayer 2 de setiembre, se estableció que el equipo estará con­formado por los senadores Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, Natalicio Esteban Chase Acosta, Antonio Carlos Barrios Fernández, Lizarella Valiente de Rodríguez, Lilian Graciela Samaniego Gonzá­lez y Esperanza Martínez de Portillo. La resolución cuenta además con el refrendo del secretario general, Antonio Z. Sánchez O.

Esta medida se fundamenta en la necesidad de dar cum­plimiento a lo dispuesto el pasado 12 de agosto de 2026 mediante la Resolu­ción N.º 1903, norma por la cual se creó formalmente dicha instancia legislativa. Con la conformación defi­nida, la comisión especial queda habilitada para ini­ciar las tareas de investiga­ción, seguimiento y esclareci­miento de las irregularidades detectadas en ambas institu­ciones sanitarias.

La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judi cial que inves­tiga irregularidades y aden­das en contratos adjudica­dos a la firma Neighpart SA para la instalación de qui­rófanos modulares que no se concluyeron. De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la pre­visional. El caso derivó en la imputación de los expresi­dentes del IPS Jorge Brítez y Vicente Bataglia.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Con­trataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Mar­celo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Asimismo, el informe y dicta­men sobre las finanzas públi­cas correspondiente al año 2025 realizado por la Contra­loría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado para­guayo debido a la gran canti­dad de irregularidades.

Entre los casos detectados por la Contraloría que luego debe­rán ser remitidos al Ministe­rio Público figuran, por ejem­plo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue adver­tida y la utilización de cuen­tas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Basilio Núñez.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, brindó algunos detalles de lo que plantea el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027, que fue presentado en la jornada del martes ante el Congreso Nacional. Se tiene previsto un incremento importante en el gasto en obras públicas, además de un ordenamiento en las erogaciones por las deudas con el sector de las farmacéuticas.

En la visita realizada al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el secretario de Estado precisó que aumento en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es del 34 %, respondiendo a las necesidades de solventar las construcciones en marcha, como así también las que están previstas para iniciar en el próximo año.

“El proyecto que presentamos pasa de un presupuesto aprobado de USD 738 millones, que es lo que tenía este año, por más que estemos haciendo ajustes para poder responder a los atrasos, pasa a un presupuesto de USD 1.000 millones aprobado, que es básicamente el número que naturalmente siempre hablamos”, citó.

Hizo especial mención a la cartera de viviendas sociales que posee el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). “Estamos sosteniendo todo lo que hace a viviendas sociales a través del MUVH, estamos hablando de más de USD 130 millones”, manifestó.

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Con relación a la cuestión de la salud, el secretario de Estado recordó que, a través de la herramienta de cesión de deuda, se cerró un pago de USD 394 millones a las farmacéuticas. De esta manera, ahora el Estado debe desembolsar alrededor de USD 11 millones de manera mensual a bancos que tomaron el pasivo de los proveedores. Amplió explicando que ese gasto representa una línea en el presupuesto, mientras que otra corresponde al remanente.

Finalmente, un tercer espacio significa el monto anunciado días atrás, de USD 760 millones, para la compra de medicamentos; es decir, en el proyecto se discriminan los gastos, no como ocurre en el presupuesto vigente, de USD 500 millones, del cual se utilizó dinero para el pago de obligaciones atrasadas.

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