La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) y exasesora, Magdalena Montiel, indicó que la administración del exintendente y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, ya debió ser intervenida en el año 2020 a raíz de los diversos hechos de corrupción en su administración.
“Nosotros nos espantamos, hay muchas investigaciones que no llegamos a concretar con denuncias penales, pero que sí merecen. Para nosotros que le conocimos fue una gran decepción, porque yo estuve en el equipo de la gente que estuvimos apoyándole”, indicó este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, durante una emisión especial desde la capital de Alto Paraná.
Señaló también que “yo fui contratada por Prieto como asesora y la idea fue orientarle a su administración porque cuento con mucha experiencia en el tema de la gestión pública, pero a los dos o tres meses ya empezaron los problemas con su equipo. Ellos criticaron la administración de la exintendenta Sandra McLeod y cometieron los mismos vicios, con muchas irregularidades en su comienzo”.
Montiel detalló que de las más de 53 denuncias que posee Prieto un total de 15 fueron impulsadas por la organización no gubernamental. “En el 2020 la administración de Prieto ya debió ser intervenida por todas las irregularidades cometidas. En la pandemia del Covid-19 surgieron todas las irregularidades y luego de las denuncias que fueron realizadas por el exconcejal Celso Kelembú Miranda, como contraloría nosotros empezamos a rastrear y profundizar más las investigaciones”, comentó.
Entre las 15 causas judiciales impulsadas por la contraloría ciudadana, que lograron una gran repercusión a raíz de las fehacientes pruebas y el estado judicial en que se encuentran figuran la de Tía Chela y Tajy. Este caso es catalogado como el “primer golpe” de Prieto y sus aliados a raíz de un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.
En dicha causa, Prieto está enfrentando un juicio oral y público. El proceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del Covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.
Mientras que en el caso Tajy, Prieto y sus excolaboradores se encuentran imputados por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio. El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
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