El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, recriminó la falta de interés por parte de la oposición para integrar la comisión especial de investigación de la Cámara Alta con la finalidad de dar seguimiento a las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud Pública.

“No se conforman porque hay bancadas de la oposición que no envían la lista de sus representantes, yo no puedo actuar de niñero para los colegas. Se le puede dar a la oposición para que presidan la comisión, pero si no se anotan cómo le daremos”, indicó el legislador, este miércoles, a los medios de comunicación, antes de la sesión del Senado.

La creación de una comisión especial de investigación fue propuesta desde la bancada del movimiento Honor Colorado, que además ya definió la nómina de sus representantes, que son los senadores Natalicio Chase, Antonio Barrios y Lizarella Valiente.

La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judicial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart S.A. para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron.

De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS, Jorge Brítez y Vicente Bataglia.

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La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

A todo esto, se suma el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025 realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades.

Entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Núñez.

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Salud Pública tendrá para el año 2027 un presupuesto de USD 760 millones para la adquisición de medicamentos que representa un incremento de USD 260 millones con respecto al presupuesto aprobado para el año 2026.

El ministro de Econo­mía, Óscar Lovera, anunció que se está incluyendo en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2027, la mayor disponibilidad de recursos para la compra de insumos y medicamentos, por un valor de USD 760 millones, lo que significa un aumento de USD 260 millo­nes del presupuesto vigente 2026.

Al respecto, el jefe de Gabi­nete, ministro Javier Gimé­nez, destacó que el pre­sidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una larga reunión con el ministro de Economía y Finanza Óscar Lovera y la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán.

“Mañana estaremos pre­sentando al Congreso Nacional el proyecto de pre­supuesto para el año 2027 y quiero destacar aquí, lo que estamos incorporando para el Ministerio de Salud aparte de cancelar las deudas o los remanentes de deuda que tenemos con los proveedo­res; también estamos apos­tando a un fortalecimiento de lo que hace a la adqui­sición de medicamentos e insumos por parte de la car­tera sanitaria”, mencionó.

Salud Pública tendrá para el año 2027 un presupuesto de USD 760 millones para la adquisición de medicamen­tos que representa un incre­mento de USD 260 millones con respecto al presupuesto aprobado para el año 2026. Dijo además, que en el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), pasa de un presupuesto de USD 110 millones aprobado para este año, a un presupuesto de USD 195 millones para el año 2027.

Lovera explicó que, mirando al interior del Poder Ejecutivo, el 62 % de los incrementos va desti­nado al Ministerio de Salud y presenta una variación positiva del 77 % con res­pecto al presupuesto apro­bado en el 2026.

“Es un fortalecimiento del proceso de gestión del Minis­terio de Salud. Un detalle no menor, USD estos 760 millo­nes que estamos hablando son nuevos medicamen­tos, nuevos insumos para el 2027. No, un presupuesto que también va a tener que ser vinculado a las deudas; a las deudas les vamos a dar un tratamiento diferenciado para la cancelación”, explicó.

Más recursos y mejores con­diciones Las autoridades informaron también que 2.390 médicos pasarán de contratos a nombramien­tos, como parte del proceso de desprecarización impul­sado por el Ministerio de Salud. Estos forman parte de 11.100 nuevos nombra­mientos autorizados para la cartera sanitaria. La minis­tra María Teresa Barán recordó además la imple­mentación de las 12 horas universales, que permitió reducir de 24 a 12 horas la carga correspondiente a cada contrato médico, man­teniendo la remuneración de G. 5 millones. Para acom­pañar esta medida y cubrir las necesidades del sistema fueron habilitados además 1.000 nuevos contratos.

Otro de los puntos abor­dados corresponde al pago por servicios prestados durante días feriados, uno de los planteamientos rea­lizados por el sector médico. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud tra­bajan en la definición del mecanismo que permita avanzar en una respuesta a este reclamo.

Avanzar en la carrera sani­taria Igualmente, el minis­tro Javier Giménez remarcó que el mandatario lidera este proceso dando énfasis al sis­tema de salud, pero también cuidando aquello que pre­ocupa que son las finanzas públicas, buscando lograr un equilibrio entre todos.

Señaló que para el Gobierno el sistema de salud es una prioridad absoluta, pero no están de acuerdo con acep­tar un sistema que se aleje de la carrera médica. “Si se van a aceptar los aumentos salariales se den mediante un sistema de meritocra­cia, llevando en conside­ración años de antigüe­dad, especializaciones de los médicos; antigüedad y trayectoria profesional, estableciendo incentivos y remuneraciones sobre cri­terios objetivos y financiera­mente sostenibles”, enfatizó. La ministra Barán señaló que el objetivo es avanzar hacia un esquema que per­mita remunerar al médico especialista de acuerdo con su grado académico y formación, tomando como referencia el trabajo que ya se desarrolla con la carrera de enfermería. A estas medidas se suma el avance de una inversión de más de USD 500 millones en infraestructura sanita­ria que se viene ejecutando durante esta administra­ción, con la construcción de siete nuevos grandes hospitales, dotados de equipamiento, tecnolo­gía y recursos humanos. Señaló que estas obras for­man parte del proceso de fortalecimiento del sis­tema de salud impulsado por el Gobierno, que ahora incorpora mayores recur­sos para medicamentos e insumos y nuevas medi­das para los profesionales médicos.

“Debemos sentarnos a dialogar, hay un problema estruc­tural en la salud que no se solucionará de la noche a la mañana”, indicó el presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, ante las renuncias de decenas de médicos especialistas. “Los aproximadamente 12.000 médicos en el sector de la salud pública, desde luego que tienen que ser reivindicados, pero tenemos que diferenciar quiénes son especialistas y los que se reciben recién, de los médicos que no hicieron residencia”, indicó el legislador a los medios de comunicación en el Palacio Legislativo.

“No hay voluntad de los médicos de sentarse a continuar el diálogo porque hay mucho todavía que hablar, yo creo que fue apresurada el inicio de la huelga, los valores y los datos que se manejan hacen presu­mir que es inviable ese relamo que ellos están presentando, enton­ces hay que seguir conversando”, refirió en diálogo con los medios de prensa en el Senado. “No son solamente los médicos del Ministerio de Salud, están los médicos del IPS exigiendo una compensación, también los médicos militares, los médicos de la Policía, tiene que ser atendido todo el gremio en general, no solamente algunos”, manifestó el legislador.

El Ministerio de Salud alista un plan de contingencia para cubrir servicios vacantes ante la masiva renuncia de médicos especialistas y subespecialistas.

“Tenemos un plan de con­tingencia con los médicos de planta de cada servicio de cada hospital y de acuerdo a eso veríamos cómo afectaría los servicios”, precisó el doc­tor Juan Marcelo Estigarri­bia, jefe de Gabinete, en diá­logo con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Añadió que están refor­zando todo el sistema previendo las posibilida­des de que queden libres los lugares con el reem­plazo de futuros médi­cos. Asimismo, se refirió a las renuncias presenta­das ayer lunes en mesa de entrada y aclaró que cada una de ellas debe ser ana­lizada por separado, aten­diendo que algunos profe­sionales cuentan con dos y hasta tres vínculos con Salud Pública.

Aún no cuenta con reporte de la totalidad de renun­cias atendiendo que según manifestaciones de los médicos, están presen­tando por grupos. Pero aclaró que deben prever que las renuncias sean individuales por cada per­sona, ya que no pueden hacerlo en forma colectiva.

“Todas las renuncias tene­mos que revisar en Aseso­ría Jurídica para saber el alcance porque los vín­culos son individuales. Entonces, no podemos recibir ningún tipo de nota con renuncia colectiva por­que no existe un contrato colectivo con relación al servicio que ellos prestan al Ministerio de Salud”, explicó.

Mencionó el caso especí­fico del Dr. Roberto Rive­ros, secretario gremial del Sopacpe, quien tiene tres vínculos con el Ministerio de Salud y uno con IPS.

“Hay que ver los térmi­nos de su renuncia a qué se refiere. Es más, los vínculos que tiene con el Ministe­rio de Salud son permanen­tes, los tres vínculos, las 36 horas. Entonces, eso tiene un trámite también porque si renuncia a sus tres víncu­los, estará renunciando a la función pública si es cate­górico”, puntualizó.

Entre los renunciantes, un 86 % corresponde al plantel de especialistas del hospital Acosta Ñu.

Cerca de 200 médicos ofi­cializaron sus renuncias ante el Ministerio de Salud tras la falta de diálogo con el gobierno. Son especialistas de distintas áreas del ámbito pediátrico (terapeutas, car­diólogos, endocrinólogos) y de diversos hospitales a nivel nacional.

Entre los renunciantes, un 86 % corresponde al plan­tel de especialistas del hos­pital Acosta Ñu, donde son 40 terapistas y 21 anestesió­logos. Se suman los cuatro únicos cirujanos de ortope­dia y traumatología infan­til del Hospital de Trauma, además de 20 neurociruja­nos del mismo centro asis­tencial, más anestesiólogos y terapistas del Hospital Nacional de Itauguá.

“Contabilizando eran 198 renuncias y se estima que tendríamos confirmadas para esta mañana entre 200 y 250 y podría llegar a 600 en el transcurrir de la semana”, expresó el Dr. Roberto Rive­ros, secretario gremial del Sopacpe, en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Añadió que las renuncias se entregarán en tandas porque “cada vez tenemos más médicos especialistas y subespecialistas que van a entregando también sus renuncias durante el día o durante la semana”.

Con estas renuncias masi­vas, el conflicto ha escalado y se encuentra en un punto crítico. “Está entrando agua al barco y el barco se está hundiendo”, apuntó. En ese sentido, afirmó que el gobierno puede evitar que el caso se agrave, acer­cándose a los médicos para tratar de solucionar el pro­blema. “Tiene que haber una intención real de que­rer subsanar”, indicó.

Pero si no plantean nada, excepto la carrera sani­taria, no hay esperanza de que se destrabe el con­flicto. “No hubo ningún planteamiento de parte del Ministerio excepto la carrera sanitaria que se puede estudiar más ade­lante”, manifestó el vocero sindical.

El ministro de Economía, Óscar Lovera, anunció que se está incluyendo en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2027, la mayor disponibilidad de recursos para la compra de insumos y medicamentos, por un valor de USD 760 millones, lo que significa un aumento de USD 260 millones del presupuesto vigente 2026.

Al respecto, el jefe de Gabinete, ministro Javier Giménez, destacó que el presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una larga reunión con el ministro de Economías y Finanzas Óscar Lovera y la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán.

“Mañana estaremos presentando al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto para el año 2027 y quiero destacar aquí, lo que estamos incorporando para el Ministerio de Salud aparte de cancelar las deudas o los remanentes de deuda que tenemos con los proveedores; también estamos apostando a un fortalecimiento de lo que hace a la adquisición de medicamentos e insumos por parte de la cartera sanitaria”, mencionó.

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En ese sentido, confirmó que Salud Pública tendrá para el año 2027 un presupuesto de USD 760 millones para la adquisición de medicamentos que representa un incremento de USD 260 millones con respecto al presupuesto aprobado para el año 2026. Dijo además, que en el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), pasa de un presupuesto de USD 110 millones aprobado para este año, a un presupuesto de USD 195 millones para el año 2027.

Lovera explicó que, mirando al interior del Poder Ejecutivo, el 62 % de los incrementos va destinado al Ministerio de Salud y presenta una variación positiva del 77 % con respecto al presupuesto aprobado en el 2026.

“Es un fortalecimiento del proceso de gestión del Ministerio de Salud. Un detalle no menor, USD estos 760 millones que estamos hablando son nuevos medicamentos, nuevos insumos para el 2027. No, un presupuesto que también va a tener que ser vinculado a las deudas; a las deudas les vamos a dar un tratamiento diferenciado para la cancelación”, explicó.

Las autoridades informaron también que 2.390 médicos pasarán de contratos a nombramientos, como parte del proceso de desprecarización impulsado por el Ministerio de Salud. Estos forman parte de 11.100 nuevos nombramientos autorizados para la cartera sanitaria.

La ministra María Teresa Barán recordó además la implementación de las 12 horas universales, que permitió reducir de 24 a 12 horas la carga correspondiente a cada contrato médico, manteniendo la remuneración de G. 5 millones. Para acompañar esta medida y cubrir las necesidades del sistema fueron habilitados además 1.000 nuevos contratos.

Otro de los puntos abordados corresponde al pago por servicios prestados durante días feriados, uno de los planteamientos realizados por el sector médico. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud trabajan en la definición del mecanismo que permita avanzar en una respuesta a este reclamo.

Igualmente, el ministro Javier Giménez remarcó que el mandatario lidera este proceso dando énfasis al sistema de salud, pero también cuidando aquello que preocupa que son las finanzas públicas, buscando lograr un equilibrio entre todos. Señaló que para el Gobierno el sistema de salud es una prioridad absoluta, pero no están de acuerdo con aceptar un sistema que se aleje de la carrera médica.

“Si se van a aceptar los aumentos salariales se den mediante un sistema de meritocracia, llevando en consideración años de antigüedad, especializaciones de los médicos; antigüedad y trayectoria profesional, estableciendo incentivos y remuneraciones sobre criterios objetivos y financieramente sostenibles”, enfatizó.

La ministra Barán señaló que el objetivo es avanzar hacia un esquema que permita remunerar al médico especialista de acuerdo con su grado académico y formación, tomando como referencia el trabajo que ya se desarrolla con la carrera de enfermería.

A estas medidas se suma el avance de una inversión de más de USD 500 millones en infraestructura sanitaria que se viene ejecutando durante esta administración, con la construcción de siete nuevos grandes hospitales, dotados de equipamiento, tecnología y recursos humanos.

Señaló que estas obras forman parte del proceso de fortalecimiento del sistema de salud impulsado por el Gobierno, que ahora incorpora mayores recursos para medicamentos e insumos y nuevas medidas para los profesionales médicos.

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El diputado colorado Arturo Urbieta destacó la importancia del proyecto de ley “Que crea el Programa Nacional de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad en el Sistema de Salud Pública”, en un contexto de reclamos planteados por médicos del sistema público.

La iniciativa adquiere especial relevancia tras la huelga nacional de médicos y la presentación de renuncias de profesionales de distintas especialidades. Los reclamos del sector incluyen mejores condiciones laborales, reajustes salariales, desprecarización y nombramientos.

En este escenario, el diputado Urbieta manifestó su preocupación por la situación y urgió el tratamiento del proyecto en las distintas comisiones asesoras de la Cámara Baja, con miras a la emisión de los respectivos dictámenes y su posterior consideración en sesión plenaria.

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La iniciativa impulsada por el legislador Urbieta se halla en etapa de análisis en las comisiones Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Salud Pública; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; y Reestructuración y Modernización del Estado. Una vez dictaminado será puesto a consideración del plenario de la Cámara de Diputados.

La propuesta tiene por objeto establecer un régimen laboral y financiero especial mediante la creación del “Programa de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad”. La finalidad es atraer y retener a estos profesionales, promover su formación continua y garantizar su permanencia en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.

Según la exposición de motivos, la formación de un médico subespecialista puede demandar entre 12 y 15 años, considerando la carrera de Medicina, una especialidad básica y la posterior capacitación en áreas de alta complejidad.

El documento señala que, al incorporarse al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o al Instituto de Previsión Social, estos profesionales encuentran las mismas condiciones laborales y salariales que un médico general o un especialista de primer nivel.

Las disposiciones alcanzarían a médicos con subespecialidad debidamente acreditada que presten servicios en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.

El proyecto define como médico con subespecialidad al profesional que cuente con el título de médico cirujano y una especialidad médica básica, haya completado un programa formal de formación en una subespecialidad, posea la certificación correspondiente del Círculo Paraguayo de Médicos y mantenga actualizado su registro profesional expedido por el Ministerio de Salud Pública.

El programa se sustentaría en un régimen especial de becas y remuneración complementaria. Para ello, plantea la creación del “Fondo de Actualización Científica para Subespecialidades”, que sería administrado por el Ministerio de Salud Pública y permitiría otorgar permisos especiales con goce de sueldo de hasta 30 días anuales para participar en congresos, seminarios, pasantías o rotaciones internacionales relacionadas con la subespecialidad.

El fondo también podría financiar total o parcialmente pasajes y viáticos para la presentación de trabajos científicos en congresos internacionales en representación del Estado, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.

La iniciativa contempla una bonificación permanente por subespecialidad equivalente a un salario mínimo mensual, que sería aplicable a un solo cargo cuando el profesional mantenga más de un vínculo laboral y se percibiría independientemente de otros incentivos otorgados al personal de salud del sector público.

Para acceder, los médicos deberán contar con la certificación o recertificación de su subespecialidad y poseer un registro profesional vigente como subespecialistas, otorgado por el Ministerio de Salud Pública. La cartera sanitaria deberá mantener actualizada la nómina de profesionales que reúnan estas condiciones.

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