El diputado Miguel Del Puerto destacó que la decisión de reelegir a Camilo Benítez Aldana al frente de la Contraloría General de la República (CGR) se basó en la confianza que genera una gestión orientada a resultados, el control riguroso y la modernización institucional.
Afirmó que la postura asumida por la amplia mayoría del pleno de la Cámara de Baja -que respaldó la moción con 64 votos- responde a una profunda evaluación política e institucional del desempeño de Benítez.
Así también, resaltó los logros alcanzados en materia de fiscalización, auditorías, control patrimonial y actualización tecnológica del ente rector.
“Cuando una gestión demuestra resultados, corresponde tener la responsabilidad de reconocerlos y dar continuidad a aquello que funciona”, afirmó.
Sostuvo que la CGR cumple un papel fundamental para el fortalecimiento de las instituciones, por lo que el país requiere de organismos de control con alta capacidad técnica y herramientas modernas.
“Nuestra decisión no se basa solo en una persona, sino en una gestión que ha demostrado capacidad y resultados. La continuidad institucional también es una forma de construir un Estado más fuerte, siempre con la obligación de seguir mejorando y rindiendo cuentas a la ciudadanía”, aseveró.
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Camilo Benítez fue reelecto como contralor general de la República
El actual titular de la entidad contralora, Camilo Benítez, fue reelecto para ocupar el cargo de contralor general de la República, para el siguiente periodo. El Senado remitió las ternas a la Cámara de Diputados, donde en una sesión extraordinaria, el pleno con 64 votos definió la continuidad de Benítez en el cargo para el periodo 2026-2031.
El mandato de este periodo fenece el próximo 1 de noviembre, y con su reelección su mandato se extenderá hasta el 2031. La Constitución Nacional establece que pueden ser confirmados solo por un periodo más.
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El presidente de la Cámara de Diputados dio lectura al resultado de la votación nominal resaltando que Camilo Benítez Aldana obtuvo 64 votos. Dijo que solo dos votos fueron para la otra integrante de la terna: Mabel Bogado Oviedo.
“De esta manera queda designado como contralor general de la República por el período comprendido desde el 2 de noviembre del 2026 al 1 de noviembre del 2031 el ciudadano Camilo Daniel Benítez Aldana”, expresó Latorre.
La Cámara de Diputados también eligió con 49 votos a Armindo Torres como nuevo subcontralor general de la República, en la sesión realizada este martes.
Latorre defendió en entrevista con los medios previamente a la sesión, que están cumplidos los requisitos necesarios para que el pleno pueda proceder a la elección del contralor y subcontralor de la República, tras la conformación de la terna por parte del Senado y el tratamiento correspondiente en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Así también expuso el perfil del actual contralor general de la Republica. “A mi entender, hizo un gran trabajo en su rol de contralor, muchas veces asumiendo posiciones difíciles y viendo con una mirada que trascendía una mirada partidaria. Es una persona que tiene un reconocimiento internacional, llegó a ser presidente de la OLACEF, que es la entidad internacional que rige a las entidades fiscalizadoras”, afirmó el titular de la Cámara Baja.
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Presentan informe de CGR sobre estado de previsional
“Quiero hacer un reconocimiento al expresidente del IPS Jorge Brítez, quien fue él quien solicitó esta auditoría”, expresó Camilo Benítez.
“Debo decir con mucho pesar que el Instituto de Previsión Social es por lejos la institución más desordenada administrativamente del Estado paraguayo”, dijo el contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, tras presentar al Congreso Nacional el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025.
“Se afectó a la sensibilidad máxima de los ciudadanos paraguayos. Debo decir esto por justicia, quiero hacer un reconocimiento al expresidente del IPS, Jorge Brítez, quien fue él quien solicitó esta auditoría. Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo, Vicente Bataglia, en cuya gestión incluso tuvimos que recurrir a órdenes judiciales y allanamiento para poder acceder a las diversas informaciones”, indicó a los medios de comunicación.
Benítez mencionó que “hicimos varias actividades de control en las distintas dependencias de la institución y este informe es el más emblemático de la historia de la Contraloría, en cuanto al IPS. Abarca el aspecto financiero, ambiental, tecnológico y esto puede servir para que de una vez por todas se tomen verdaderamente las medidas de corrección”.
Detalló que entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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Latorre insta a soluciones rápidas para exigencia de médicos
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, abogó por una solución rápida a las exigencias del gremio médico del sistema de Salud Pública. Mientras tanto, también se mostró a favor de la carrera sanitaria o carrera médica, para establecer mecanismos claros de remuneración en base a la formación.
“Tiene que haber un planteamiento en la brevedad que tiene que tener las siguientes características, porque hay cuatro puntos, la doble remuneración por feriado, la contratación de más médicos, la desprecarización y los insumos siempre se pueden mejorar”, dijo en rueda de prensa antes del inicio de la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, este lunes.
Agregó que: “Hay un planteamiento de desprecarización, sé que están planteando con buenos ojos la doble remuneración, el desafío es hacer un acuerdo con la cuestión salarial”, para establecer como propuesta al sector médico movilizado.
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Mientas tanto, también expresó su postura a favor de reorganizar el sistema de salud público, haciendo referencia a la carrera médica o sanitaria que plantea el Ministerio de Salud Pública.
“Creo que debe haber un planteamiento, que por un lado contemple el salario médico básico, que es lo que ellos están exigiendo y que a su vez se plantee mecanismos claros de mejoramiento de la remuneración en base a la formación del médico, creo que tiene que haber las dos cosas”, apuntó.
Sobre la postura del presidente de la República, Santiago Peña, ante esta situación, sostuvo que durante la reunión entre ambos que se desarrolló la semana pasada luego de la reunión entre diputados y médicos, lo encontró predispuesto a buscar una solución.
“Al presidente de la República yo lo encuentro predispuesto a encontrar una solución. A mi parecer, el siguiente paso es que la cartera sanitaria, el Ministerio de Salud haga un nuevo planteamiento, un planteamiento que trascienda hablar de la carrera sanitaria, a la carrera médica, que son absolutamente necesarias, ellos están requiriendo una solución más inmediata”, refirió.
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Contralor califica al IPS como la institución más “desordenada del Estado”
“Debo decir con mucho pesar que el Instituto de Previsión Social es por lejos la institución más desordenada administrativamente del Estado paraguayo”, dijo el Contralor General de la República (CGR), Camilo Benítez, tras presentar este lunes al Congreso Nacional el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025.
“Se afectó a la sensibilidad máxima de los ciudadanos paraguayos. Debo decir esto por justicia, quiero hacer un reconocimiento al expresidente del IPS, Jorge Brítez, quien fue él quien solicitó esta auditoría. Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo, Vicente Bataglia, en cuya gestión incluso tuvimos que recurrir a órdenes judiciales y allanamiento para poder acceder a las diversas informaciones”, indicó a los medios de comunicación.
Benítez mencionó que “hicimos varias actividades de control en las distintas dependencias de la institución y este informe es el más emblemático de la historia de la Contraloría, en cuanto al IPS. Abarca el aspecto financiero, ambiental, tecnológico y esto puede servir para que de una vez por todas se tomen verdaderamente las medidas de corrección”.
Detalló que entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“Existe una deuda flotante de más de G. 1 billón que se arrastra año a año, es decir cada vez que el IPS se propone comprar insumos o medicamentos no tiene el dinero para pagar. La imagen financiera del IPS ya da pena”, mencionó como otra de las grandes falencias dentro de la institución.
Durante la conferencia de prensa, Benítez puntualizó que se realizaron más de 2.000 actividades de control y más de 40 auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño que evalúan no solamente el aspecto contable o la legalidad del gasto público, sino también el impacto de la política pública.
Agregó que el 40 % de dicho trabajo de auditoría se concentró en la previsional. A la vez comentó que existe un desfasaje entre lo que cobra el IPS en concepto de aporte patronal y lo que se paga a los jubilados.
Con relación al tema refirió que los funcionarios de la previsional no se esforzaron en cobrar estas deudas y muchas de las demandas prescribieron. “Entonces, aquí tenemos un problema de un caos financiero. El Estado paraguayo y las empresas privadas le adeudan más de G. 10.000 billones al IPS y muchas veces vemos que el IPS no hace una gestión eficiente en cuanto al cobro a empresas que le deben al IPS”, dijo.
A todas las irregularidades se suman los gastos por USD 25 millones por “el abuso del sistema de gastos judiciales para pagar acuerdos privados que fueron homologados” y los inmuebles arrendados que no generan ni el 1 % de rentabilidad.