“El caso de Tía Chela fue el primer golpe que hicieron y luego vinieron otros más”, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), al iniciarse este lunes el primer juicio oral y público contra el exintendente destituido por corrupción, Miguel Prieto, por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.

“Con el inicio de este juicio oral y público hay una pequeña luz al final del túnel porque pasó mucho tiempo, ya son más de 5 años”, dijo al diario La Nación/Nación Media la representante de la organización no gubernamental, que reúne a varios excolaboradores de Prieto, quienes impulsaron decenas de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal, que hoy alcanzan cerca de 50 causas en investigación.

En el caso “Tía Chela”, el proceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.

“Es muy lenta la justicia, pero seguimos denunciando las irregularidades que detectamos y que están siendo comprobadas a través del Ministerio Público. A pesar de que todo el proceso es muy lento, sí nos parece que la Fiscalía está haciendo su trabajo”, refirió Montiel.

La causa conocida como Tía Chela está catalogada por los denunciantes como una de las grandes estafas cometidas bajo la entonces administración del dirigente opositor, quien actualmente impulsa la candidatura a la intendencia de Ciudad del Este, de su asesor político y exdirector administrativo, Daniel Pereira Mujica.

“Desde Ciudad del Este estamos viendo una fuerte campaña por parte de Prieto para desprestigiar el trabajo del Ministerio Público, queriendo hacer entender que esto es una persecución política, pero no admite sus hechos. En realidad Prieto siempre se burló de las denuncias, pero el trabajo de la Fiscalía es bastante serio”, mencionó.

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Prieto y sus aliados concretaron presuntamente adjudicaciones irregulares a las firmas Tía Chela S.R.L. y Vanemi S.A., con la finalidad de embolsillarse la millonaria suma dejando prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

“Ahora Prieto hace una caravana para que la ciudadanía le acompañe en el juicio, esto es una locura, pero por lo menos la gente de Ciudad del Este ya abrió los ojos, ellos se manejan con clientelismo, dando muchos beneficios a algunos de sus seguidores, pero la gente sabe que Prieto es un corrupto, que está rodeado por corrupto y que la acusación de la Fiscalía es prácticamente irrebatible, él ya está bastante desprestigiado”, sentenció.

Según la investigación fiscal la estructura delictiva habría estado integrada por funcionarios y directores municipales, así como por proveedores externos. Entre los acusados figuran Maggi Fariña, coordinadora de la UOC; Sebastián Martínez, entonces director de Desarrollo Social y hoy concejal; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas.

La lista sigue con Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela S.R.L.; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.

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El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se sienta este lunes en el asiento de los acusados para su primer juicio oral y público por el caso “Tía Chela”, que se realiza a partir de las 8:00, tras numerosas chicanas que trabaron el proceso, de entre cerca de 50 denuncias que acumula por presuntos desvíos de fondos públicos durante su gestión municipal, del 9 de noviembre de 2021 al 19 de agosto de 2025, cuando fue destituido por corrupción.

El exjefe comunal y otros seis presuntos participantes en los hechos fueron acusados por los agentes fiscales anticorrupción, Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdéz, en junio de 2024, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal en el supuesto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas de la comuna.

Los procesados en esta causa son Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores, en tanto que, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez, fueron imputados como cómplices. El juicio será transmitido en este enlace de YouTube: https://www.youtube.com/live/FkAU8-JEIGw?si=51T8hip2GacycC20.

La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada a la firma Tía Chela, propiedad de Ávalos Britos, de 25.000 cestas de alimentos que generó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036 160 milllones a la municipalidad. La administración de Prieto habría, bajo la vía de la excepción, llamado a una licitación el 27 de marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos, durante la pandemia del covid-19.

En una parte de la acusación los fiscales sostienen que los investigados armaron la licitación y dejaron constancia de la recepción de las mercaderías que nunca fueron entregadas a la comuna. Para encubrir el suceso, la acusada Florentín Páez, actual asesora jurídica de la comuna, activó en la construcción de cadenas de compra-venta ficticias por al menos G. 692.155.023 del total del monto desviado. La firma Vanemi S. A. fue creada para tratar de cubrir la falta de contraprestación real de productos a la comuna conforme a lo que se pagó.

Para el Ministerio Público está claro que el jefe comunal esteño sabía de antemano que los kits de alimentos no serían entregados en contraprestación a lo que se pagó, o sea, conocía que el pago a Tía Chela era por mercaderías inexistentes, y así se configuraron los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.

Pese a que la defensa del exintendente alega que se habrían entregado las cestas de alimentos, el Ministerio Público sostiene su acusación en estos puntos:

• Inexistencia de stock: la firma proveedora no contaba con la mercadería requerida al momento de la adjudicación.
• Falta de respaldo: no existen pruebas documentales ni logísticas creíbles que certifiquen la entrega real de la totalidad de las cestas.
• Proveedores ficticios: gran parte del presunto abastecimiento de insumos carece de trazabilidad comercial válida.

Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto debe responder hoy ante la Justicia por el supuesto meganegociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como Tía Chela.

El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 8:00.

El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.

Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas.

Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL.

El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo de 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.

Miguel Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Es el caso conocido como “Tajy”.

El exjefe comunal soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

Siete de los once imputados admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones.

El concejal de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ernesto Guerín, anunció que solicitará información sobre la carga de combustible en vehículos utilizados para realizar la caravana encabezada por el extintendente esteño Miguel Prieto, quien hoy enfrenta a la Justicia por el caso Tía Chela.

“Ante informaciones sobre cargas de combustibles realizadas ayer en la Petropar del km 7, como concejal y contralor voy a investigar si los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este fueron utilizados para vehículos vinculados a las movilizaciones de apoyo al exintendente, sacado del cargo por corrupción, Miguel Prieto”, apuntó Guerín a través de sus redes sociales.

El edil explicó que surge la duda, ya que se observó varios vehículos realizando carga en una estación de servicios con emblema de la petrolera estatal, lo que se podría presumir que se estarían utilizando fondos de la comuna, manifestó.

“Solicitaremos los registros, vales y autorizaciones correspondientes. Si se comprueba alguna irregularidad, llegaremos hasta las últimas consecuencias y recurriremos a las instancias correspondientes”, detalló el concejal.

El exintendente de Ciudad del Este y procesado por supuestos hechos de corrupción, Miguel Prieto, encabezó su caravana desde la capital de Alto Paraná hasta Caacupé, donde llegó portando un llamativo chaleco de protección. El acto central se desarrolló en la plaza Teniente Fariña de Caacupé, ubicada en las inmediaciones de la Basílica, en un encuentro que reunió a sus adherentes y leales.

Lo que llamó la atención es que el exintendente durante su recorrido por la ciudad de Caacupé y en el acto central llevaba puesto dicho chaleco, teniendo en cuenta que el evento estaba dirigido a sus seguidores.

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Prieto lideró la caravana desde Ciudad del Este por la ruta PY02 hasta llegar a Caacupé, departamento de Cordillera. Esta actividad tiene el objetivo de recibir apoyo en su campaña electoral con miras a la presidencia de la República para los comicios nacionales del 2028.

Igualmente, la idea de esta caravana sería la de mostrar presión ante los procesos en su contra por denuncias de irregularidades en su gestión ante la Municipalidad de Ciudad del Este, principalmente en época de la pandemia del covid-19, dos de las causas ya se encuentran en estrados judiciales.

En este sentido, este lunes el exintendente de Ciudad del Este debe responder ante la justicia por el supuesto meganegociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como Tía Chela. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público asciende a G. 2.130.036.016. El inicio del juicio oral y público está previsto para las 8:00.

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