El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se sienta este lunes en el asiento de los acusados para su primer juicio oral y público por el caso “Tía Chela”, que se realiza a partir de las 8:00, tras numerosas chicanas que trabaron el proceso, de entre cerca de 50 denuncias que acumula por presuntos desvíos de fondos públicos durante su gestión municipal, del 9 de noviembre de 2021 al 19 de agosto de 2025, cuando fue destituido por corrupción.
El exjefe comunal y otros seis presuntos participantes en los hechos fueron acusados por los agentes fiscales anticorrupción, Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdéz, en junio de 2024, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal en el supuesto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas de la comuna.
Los procesados en esta causa son Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores, en tanto que, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez, fueron imputados como cómplices. El juicio será transmitido en este enlace de YouTube: https://www.youtube.com/live/FkAU8-JEIGw?si=51T8hip2GacycC20.
Compra amañada
La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada a la firma Tía Chela, propiedad de Ávalos Britos, de 25.000 cestas de alimentos que generó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036 160 milllones a la municipalidad. La administración de Prieto habría, bajo la vía de la excepción, llamado a una licitación el 27 de marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos, durante la pandemia del covid-19.
En una parte de la acusación los fiscales sostienen que los investigados armaron la licitación y dejaron constancia de la recepción de las mercaderías que nunca fueron entregadas a la comuna. Para encubrir el suceso, la acusada Florentín Páez, actual asesora jurídica de la comuna, activó en la construcción de cadenas de compra-venta ficticias por al menos G. 692.155.023 del total del monto desviado. La firma Vanemi S. A. fue creada para tratar de cubrir la falta de contraprestación real de productos a la comuna conforme a lo que se pagó.
Para el Ministerio Público está claro que el jefe comunal esteño sabía de antemano que los kits de alimentos no serían entregados en contraprestación a lo que se pagó, o sea, conocía que el pago a Tía Chela era por mercaderías inexistentes, y así se configuraron los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.
Puntos clave
Pese a que la defensa del exintendente alega que se habrían entregado las cestas de alimentos, el Ministerio Público sostiene su acusación en estos puntos:
- Inexistencia de stock: la firma proveedora no contaba con la mercadería requerida al momento de la adjudicación.
- Falta de respaldo: no existen pruebas documentales ni logísticas creíbles que certifiquen la entrega real de la totalidad de las cestas.
- Proveedores ficticios: gran parte del presunto abastecimiento de insumos carece de trazabilidad comercial válida.