La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
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LN PM: edición del 31 de agosto
Tribunal inició el juicio de Prieto y sancionó a un abogado por chicanear
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, declaró abierto este lunes el juicio oral y público en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el caso conocido como “Tía Chela”.
En la apertura de la audiencia se presentaron incidentes con uno de los abogados defensores, en este caso el abogado Martín Prieto, defensor del acusado Julián Benítez Gamarra, quien solicitó la suspensión de esta audiencia, argumentando que supuestamente no tuvo acceso a la investigación, para tener tiempo para ejercer la defensa. El tribunal rechazó el pedido y convocó a una sanción disciplinaria al citado representante legal.
Nueva Alianza 57 asesta golpe de más USD 100 millones al narcotráfico
Las intervenciones realizadas en los departamentos de Canindeyú y Caaguazú en el marco de la operación Nueva Alianza 57 permitieron desmantelar 44 campamentos y anular más de 671 toneladas de marihuana, con un perjuicio estimado de USD 100.687.500 para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó este lunes que la operación finalizó después de 12 días de incursiones en zonas boscosas de ambos departamentos. En las intervenciones fueron eliminadas 222 hectáreas de cultivos de marihuana, con un potencial estimado de 666.000 kilogramos de la droga, además de 5.250 kilogramos de marihuana ya lista, totalizando 671.250 kilogramos anulados.
Nuevos ataques en Oriente Medio disparan precios del petróleo
Los precios del petróleo se dispararon el lunes tras un nuevo recrudecimiento de la guerra entre Irán y Estados Unidos, mientras las bolsas asiáticas cayeron ante la apuesta de los inversores por una subida de los tipos de interés estadounidenses. Tras una tendencia a la baja durante la mayor parte de la semana pasada, los precios del petróleo se dispararon de nuevo el lunes, después de que Washington anunció que atacó lanzacohetes iraníes en una pequeña isla en el estrecho de Ormuz, su primera ofensiva contra Teherán en un mes.
Irán respondió golpeando objetivos militares estadounidenses en Jordania. El intercambio se produjo poco después de que la guerra cumpliera seis meses, y en un momento en que las hostilidades se habían ido reduciendo. El barril de crudo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subió 2,6 % a 90,39 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, también aumentó 2,3 % a 85,33 dólares.
Experto resalta una “visión integrada” del Gobierno en la planificación energética
“El gobierno tiene la idea de fortalecer institucionalmente al sector eléctrico, hay una preocupación que se manifiesta en reuniones constantes”, resaltó el experto en energía, Victorio Oxilia, sobre la decisión del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, de impulsar la planificación energética integral del Paraguay.
“Básicamente, en menos de un mes tuvimos tres reuniones con altas autoridades para debatir sobre temas energético y eléctrico en particular. Se habla sobre una planificación energética con una visión integrada, es decir, no solo el sector eléctrico, sino que se incorpora al análisis de planificación al sector hidrocarburo, biomasa, la radiación solar, haciendo entonces la integración de diferentes recursos apuntando a un desarrollo energético”, indicó este lunes en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Allanamiento en PJC: incautaron gran cantidad de armas y droga
Agentes de la Senad de la oficina regional de Pedro Juan Caballero allanaron este domingo una vivienda, donde incautaron 30 fusiles calibre 7,62 y droga, que estaban a punto de ser enviados a Brasil para abastecer a un grupo criminal, según los investigadores. Durante la intervención, fueron detenidos dos hermanos.
El fiscal Antidrogas Celso Morales brindó detalles sobre el procedimiento y confirmó la importancia del hallazgo del arsenal de armas durante el allanamiento realizado en el barrio Virgen de Caacupé de la ciudad fronteriza.
Oficializan renuncia masiva de médicos especialistas y subespecialistas
Cerca de 200 médicos oficializaron sus renuncias, este lunes, ante el Ministerio de Salud tras la falta de diálogo con el Gobierno. Son especialistas de distintas áreas del ámbito pediátrico (terapeutas, cardiólogos, endocrinólogos) y de diversos hospitales a nivel nacional.
Entre los renunciantes, un 86 % corresponde al plantel de especialistas del Hospital Acosta Ñu, donde son 40 terapistas y 21 anestesiólogos. Se suman los cuatro únicos cirujanos de ortopedia y traumatología infantil del Hospital de Trauma además de 20 neurocirujanos del mismo centro asistencial, más anestesiólogos y terapistas del Hospital Nacional de Itauguá.
Vicepresidente desmiente publicación de Abc y pide mayor rigurosidad
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, respondió a la publicación realizada por el medio Abc Color sobre el supuesto vínculo con un médico que se encuentra en la lista de funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá, pero cumple funciones en la vicepresidencia. El medio de comunicación aludió que se trataría del médico de cabera del segundo del Ejecutivo.
Esta publicación, que incluyó la tapa del periódico, fue desmentida por el vicepresidente, quien también instó a una mayor rigurosidad con este tipo de publicaciones. Lamentó que sea blanco de constantes informaciones que lo involucran de manera tergiversada.
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Contraloría Ciudadana sobre juicio de Prieto: “Tía Chela fue el primer golpe que hicieron”
“El caso de Tía Chela fue el primer golpe que hicieron y luego vinieron otros más”, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), al iniciarse este lunes el primer juicio oral y público contra el exintendente destituido por corrupción, Miguel Prieto, y otros acusados, por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.
“Con el inicio de este juicio oral y público hay una pequeña luz al final del túnel porque pasó mucho tiempo, ya son más de 5 años”, dijo al diario La Nación/Nación Media la representante de la organización no gubernamental, que reúne a varios excolaboradores de Prieto, quienes impulsaron decenas de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal, y que hoy alcanzan cerca de 50 causas en investigación.
En el caso “Tía Chela”, el proceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.
Campaña prietista contra la Fiscalía
“Es muy lenta la justicia, pero seguimos denunciando las irregularidades que detectamos y que están siendo comprobadas a través del Ministerio Público. A pesar de que todo el proceso es muy lento, sí nos parece que la Fiscalía está haciendo su trabajo”, refirió Montiel.
La causa conocida como Tía Chela está catalogada por los denunciantes como una de las grandes estafas cometidas bajo la entonces administración del dirigente opositor, quien actualmente impulsa la candidatura a la intendencia de Ciudad del Este, de su asesor político y exdirector administrativo, Daniel Pereira Mujica.
“Desde Ciudad del Este estamos viendo una fuerte campaña por parte de Prieto para desprestigiar el trabajo del Ministerio Público, queriendo hacer entender que esto es una persecución política, pero no admite sus hechos. En realidad, Prieto siempre se burló de las denuncias, pero el trabajo de la Fiscalía es bastante serio”, mencionó.
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La acusación fiscal es irrebatible
Prieto y sus aliados concretaron presuntamente adjudicaciones irregulares a las firmas Tía Chela SRL y Vanemi SA, con la finalidad de embolsillarse la millonaria suma dejando prácticamente vacías las arcas de la municipalidad esteña, de acuerdo con los denunciantes.
“Ahora Prieto hace una caravana para que la ciudadanía le acompañe en el juicio, esto es una locura, pero, por lo menos, la gente de Ciudad del Este ya abrió los ojos, ellos se manejan con clientelismo, dando muchos beneficios a algunos de sus seguidores, pero la gente sabe que Prieto es un corrupto, que está rodeado por corrupto y que la acusación de la Fiscalía es prácticamente irrebatible, él ya está bastante desprestigiado”, sentenció Montiel.
Antecedentes
Según la investigación fiscal, la estructura delictiva habría estado integrada por funcionarios y directores municipales, así como por proveedores externos. Entre los acusados figuran Maggi Fariña, coordinadora de la UOC; Sebastián Martínez, entonces director de Desarrollo Social y hoy concejal; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas.
La lista sigue con Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi SA.
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Tribunal inició el juicio de Prieto y sancionó a un abogado por chicanear
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, declaró abierto este lunes el juicio oral y público en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el caso conocido como “Tía Chela”.
En la apertura de la audiencia se presentaron incidentes con uno de los abogados defensores, en este caso Martín Prieto, defensor del acusado Julián Benítez Gamarra, quien solicitó la suspensión de esta audiencia, argumentando que supuestamente no tuvo acceso a la investigación, para tener tiempo para ejercer la defensa. El tribunal rechazó el pedido y convocó a una sanción disciplinaria al citado representante legal.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez acusaron en junio de 2024 al exintendente y otras 10 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal en el supuesto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas de la comuna. Tras varias chicanas, finalmente este lunes se dio la apertura de este proceso judicial.
Los procesados en esta causa son Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores, en tanto que, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez, fueron imputados como cómplices.
Incidentes presentados por la Fiscalía
El fiscal acusador Silvio Corbeta inició con la presentación de incidentes, que son cuatro en particular. El primero, una situación que se había presentado durante la audiencia preliminar, por hechos nuevos que ha tomado conocimiento el Ministerio Público, al momento de ofrecimiento de pruebas de la defensa, que tiene que ver con el cambio de marcas de productos licitados.
El fiscal solicitó la consulta a la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) acerca de la nota que se presentó, por la propia defensa de los acusados, que tiene fecha de marzo del 2020 y fue firmada por Fermín Ávalos, representante de la empresa Tía Chela presentada a la Municipalidad de CDE, ya que la DNCP realizó un sumario de oficio y ese sumario concluyó en una resolución en la cual señala inconsistencias en la licitación en materia de contratación pública por vía de la excepción.
El segundo incidente presentado por el fiscal, es la solicitud de declaración testimonial del director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, considerado como un testigo calificado y experto que podrá responder a todas las consultas sobre la pertinencia sobre la nota presentada en el primer incidente, sobre su regularidad o irregularidad.
También solicitó un informe a la Contraloría General de la República (CGR), si la nota en cuestión, “recibida por el intendente municipal, Miguel Prieto, fue presentada y analizada cuando el órgano mismo de control realizó el dictamen técnico de contrataciones DGCPCPE n.° 44/2021 que hace referencia a esta licitación de kit de alimentos que es la contratación de la vía de la excepción n.° 3/2020 en la cual la Contraloría concluyó la Municipalidad de Ciudad del Este favoreció la adjudicación del contrato a la empresa Tía Chela”.
El cuarto incidente presentado es una solicitud de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), para tener conocimiento en el marco de la trazabilidad realizada de las facturas y en las mercaderías proveídas a la Municipalidad de Ciudad del Este, realizado por el departamento de análisis y gestión de riesgos tributarios, si la empresa Tía Chela comunicó el cambio de las marcas de las mercaderías consignadas y licitadas en el contrato con la comuna.
“Si esto fue producto de algún dictamen por parte de la DNIT, ya que la DNIT realizó también un trabajo sobre el cual versa principalmente la teoría del caso del Ministerio Público”, explicó el fiscal Corbeta.
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“Tía Chela”: Prieto a juicio por presunto desvío de G. 2.130 millones en kits de pandemia
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se sienta este lunes en el asiento de los acusados para su primer juicio oral y público por el caso “Tía Chela”, que se realiza a partir de las 8:00, tras numerosas chicanas que trabaron el proceso, de entre cerca de 50 denuncias que acumula por presuntos desvíos de fondos públicos durante su gestión municipal, del 9 de noviembre de 2021 al 19 de agosto de 2025, cuando fue destituido por corrupción.
El exjefe comunal y otros seis presuntos participantes en los hechos fueron acusados por los agentes fiscales anticorrupción, Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdéz, en junio de 2024, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal en el supuesto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas de la comuna.
Los procesados en esta causa son Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores, en tanto que, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez, fueron imputados como cómplices. El juicio será transmitido en este enlace de YouTube: https://www.youtube.com/live/FkAU8-JEIGw?si=51T8hip2GacycC20.
Compra amañada
La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada a la firma Tía Chela, propiedad de Ávalos Britos, de 25.000 cestas de alimentos que generó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036 160 milllones a la municipalidad. La administración de Prieto habría, bajo la vía de la excepción, llamado a una licitación el 27 de marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos, durante la pandemia del covid-19.
En una parte de la acusación los fiscales sostienen que los investigados armaron la licitación y dejaron constancia de la recepción de las mercaderías que nunca fueron entregadas a la comuna. Para encubrir el suceso, la acusada Florentín Páez, actual asesora jurídica de la comuna, activó en la construcción de cadenas de compra-venta ficticias por al menos G. 692.155.023 del total del monto desviado. La firma Vanemi S. A. fue creada para tratar de cubrir la falta de contraprestación real de productos a la comuna conforme a lo que se pagó.
Para el Ministerio Público está claro que el jefe comunal esteño sabía de antemano que los kits de alimentos no serían entregados en contraprestación a lo que se pagó, o sea, conocía que el pago a Tía Chela era por mercaderías inexistentes, y así se configuraron los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.
Puntos clave
Pese a que la defensa del exintendente alega que se habrían entregado las cestas de alimentos, el Ministerio Público sostiene su acusación en estos puntos:
- Inexistencia de stock: la firma proveedora no contaba con la mercadería requerida al momento de la adjudicación.
- Falta de respaldo: no existen pruebas documentales ni logísticas creíbles que certifiquen la entrega real de la totalidad de las cestas.
- Proveedores ficticios: gran parte del presunto abastecimiento de insumos carece de trazabilidad comercial válida.