“El caso de Tía Chela fue el primer golpe que hicieron y luego vinieron otros más”, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), al iniciarse este lunes el primer juicio oral y público contra el exintendente destituido por corrupción, Miguel Prieto, y otros acusados, por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.
“Con el inicio de este juicio oral y público hay una pequeña luz al final del túnel porque pasó mucho tiempo, ya son más de 5 años”, dijo al diario La Nación/Nación Media la representante de la organización no gubernamental, que reúne a varios excolaboradores de Prieto, quienes impulsaron decenas de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal, y que hoy alcanzan cerca de 50 causas en investigación.
En el caso “Tía Chela”, el proceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.
Campaña prietista contra la Fiscalía
“Es muy lenta la justicia, pero seguimos denunciando las irregularidades que detectamos y que están siendo comprobadas a través del Ministerio Público. A pesar de que todo el proceso es muy lento, sí nos parece que la Fiscalía está haciendo su trabajo”, refirió Montiel.
La causa conocida como Tía Chela está catalogada por los denunciantes como una de las grandes estafas cometidas bajo la entonces administración del dirigente opositor, quien actualmente impulsa la candidatura a la intendencia de Ciudad del Este, de su asesor político y exdirector administrativo, Daniel Pereira Mujica.
“Desde Ciudad del Este estamos viendo una fuerte campaña por parte de Prieto para desprestigiar el trabajo del Ministerio Público, queriendo hacer entender que esto es una persecución política, pero no admite sus hechos. En realidad, Prieto siempre se burló de las denuncias, pero el trabajo de la Fiscalía es bastante serio”, mencionó.
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La acusación fiscal es irrebatible
Prieto y sus aliados concretaron presuntamente adjudicaciones irregulares a las firmas Tía Chela SRL y Vanemi SA, con la finalidad de embolsillarse la millonaria suma dejando prácticamente vacías las arcas de la municipalidad esteña, de acuerdo con los denunciantes.
“Ahora Prieto hace una caravana para que la ciudadanía le acompañe en el juicio, esto es una locura, pero, por lo menos, la gente de Ciudad del Este ya abrió los ojos, ellos se manejan con clientelismo, dando muchos beneficios a algunos de sus seguidores, pero la gente sabe que Prieto es un corrupto, que está rodeado por corrupto y que la acusación de la Fiscalía es prácticamente irrebatible, él ya está bastante desprestigiado”, sentenció Montiel.
Antecedentes
Según la investigación fiscal, la estructura delictiva habría estado integrada por funcionarios y directores municipales, así como por proveedores externos. Entre los acusados figuran Maggi Fariña, coordinadora de la UOC; Sebastián Martínez, entonces director de Desarrollo Social y hoy concejal; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas.
La lista sigue con Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi SA.