El concejal de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ernesto Guerín, anunció que solicitará información sobre la carga de combustible en vehículos utilizados para realizar la caravana encabezada por el extintendente esteño, Miguel Prieto.
“Ante informaciones sobre cargas de combustibles realizadas ayer en la Petropar del Km 7, como concejal y contralor voy a investigar si recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este fueron utilizados para vehículos vinculados a las movilizaciones de apoyo al exintendente sacado del cargo por corrupción, Miguel Prieto”, apuntó Guerín a través de sus redes sociales.
El edil explicó que surge la duda, ya que se observó varios vehículos realizando carga en una estación de servicios con emblema de la petrolera estatal, lo que se podría presumir que se estarían utilizando fondos de la comuna.
“Solicitaremos los registros, vales y autorizaciones correspondientes. Si se comprueba alguna irregularidad, llegaremos hasta las últimas consecuencias y recurriremos a las instancias correspondientes”, detalló el concejal.
En este contexto, recordó que el uso de los fondos públicos en un contexto político puede ser investigado y penado. “Los recursos municipales son de todos los ciudadanos y no pueden ser utilizados para intereses políticos o particulares”, sentenció.
La caravana de Prieto, acompañada de sus leales y adherentes, partió desde Ciudad del Este a lo largo de la ruta PY02 y llegó hasta la ciudad de Caacupé, donde la concentración se da en la plaza Teniente Fariña, ubicada en las inmediaciones de la Basílica.
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Miguel Prieto aparece con llamativo chaleco
El exintendente de Ciudad del Este y procesado por supuestos hechos de corrupción, Miguel Prieto, encabezó su caravana desde la capital de Alto Paraná hasta Caacupé, donde llegó portando un llamativo chaleco de protección. El acto central se desarrolló en la plaza Teniente Fariña de Caacupé, ubicada en las inmediaciones de la Basílica, en un encuentro que reunió a sus adherentes y leales.
Lo que llamó la atención es que el exintendente durante su recorrido por la ciudad de Caacupé y en el acto central llevaba puesto dicho chaleco, teniendo en cuenta que el evento estaba dirigido a sus seguidores.
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Prieto lideró la caravana desde Ciudad del Este por la ruta PY02 hasta llegar a Caacupé, departamento de Cordillera. Esta actividad tiene el objetivo de recibir apoyo en su campaña electoral con miras a la presidencia de la República para los comicios nacionales del 2028.
Igualmente, la idea de esta caravana sería la de mostrar presión ante los procesos en su contra por denuncias de irregularidades en su gestión ante la Municipalidad de Ciudad del Este, principalmente en época de la pandemia del covid-19, dos de las causas ya se encuentran en estrados judiciales.
En este sentido, este lunes el exintendente de Ciudad del Este debe responder ante la justicia por el supuesto meganegociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como Tía Chela. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público asciende a G. 2.130.036.016. El inicio del juicio oral y público está previsto para las 8:00.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Juicio contra Prieto se iniciará el lunes por el caso Tía Chela
El exintendente del Este Miguel Prieto y sus coacusados se sentarán en el banquillo este lunes 31 de agosto a las 8:00, cuando arranque el juicio oral por el presunto negociado en la compra de víveres durante la pandemia del covid-19.
La fecha quedó firme después de que el Tribunal de Apelación de Delitos Económicos rechazara el recurso presentado por la coacusada Emili Vanessa Florentín Páez, quien buscaba revertir la decisión del Tribunal de Sentencia de recalendarizar y adelantar el inicio del juzgamiento para este primer día hábil de la semana.
Así, quedó despejado cualquier obstáculo para que Prieto y el resto de los procesados afronten el juicio en la causa conocida como Tía Chela, que investiga presuntas irregularidades y hechos de corrupción en la compra de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria.
Dichas compras, gestionadas durante la administración de Prieto, estaban destinadas a asistir a familias en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia.
En su fallo, la instancia de apelación argumentó que la resolución del Tribunal de primera instancia fue dictada en el estricto y legítimo uso de las facultades ordenatorias que poseen los jueces para organizar sus audiencias.
De esta manera, el colegiado desestimó las quejas de la defensa por el cambio de fecha.
Para fundamentar su postura, el documento de la resolución judicial expresa textualmente: “Al rechazar la reposición, el Colegiado, luego de analizar la pretensión de la defensa técnica, ha decidido sustentando suficientemente su decisión en la ley y conforme a su disponibilidad. En estas condiciones, corresponde confirmar el auto apelado en subsidio”.
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Hasta los aliados de Prieto reconocieron negociados en la Municipalidad de CDE
Si hay casos de corrupción plenamente identificados son los atribuidos al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. Además del riguroso trabajo del Ministerio Público que llegó a las pruebas de los desfalcos en los varios casos denunciados, los mismos participantes, operarios del esquema, reconocieron que se prestaron al despojo de las arcas municipales.
Las evidencias son contundentes, los documentos hablan por sí solos y los mismos involucrados admitieron que los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, administración en provecho propio atribuidos por la Fiscalía a Prieto y sus amigos son ciertos.
No solamente los leales utilizados cumpliendo órdenes del exjefe comunal se arrepintieron. Hasta los proveedores a los que Prieto privilegió con mucho favoritismo confirmaron que el dinero de la municipalidad se repartió discrecionalmente entre amigos y generaron millonarios perjuicios.
Funcionarios al servicio de la administración Prieto de áreas clave del circuito de desembolsos, como exjefes de compras, extesorero, exdirectivos del Consejo de Salud y hasta proveedores beneficiados con multimillonarios contratos dijeron que las licitaciones y las contrataciones por emergencias ejecutadas fueron una farsa.
Por ello vale remarcar, ante la selectividad reinante y la protección descarada a Miguel prieto que los hechos de corrupción que se le atribuyen están plenamente comprobados y a quienes hacen la vista gorda solo les queda el gastado discurso de la persecución política.
Este lunes 31 de agosto se le espera en el banquillo de los acusados a Prieto y a quienes colaboraron con su perverso esquema de desvío de fondos aprovechando los duros momentos de la pandemia por el Covid-19, con el sonado caso de la Tía Chela.
El juicio oral y público es uno de los mejores escenarios para disipar cualquier duda y que este pueda demoler los argumentos de la Fiscalía que lo tienen al borde de una condena que, todos esperamos sea ejemplar.
Otros tres procesos más con indiscutibles elementos mantienen a Prieto bajo la lupa de la Justicia.
El enorme negociado con la Tía Chela, una compra simulada de 25.000 kits de alimentos que dejó un perjuicio de G. 2.130 millones por los víveres no entregados, la compra simulada de 50 kilos de harina al extinto don Buena Ventura Morínigo a quien le hicieron improvisar una firma de maletín al solo efecto de facturar, sin rastros de la provisión de los insumos, las ollas populares marketineras articuladas por dos familias de leales del exintendente que prestaron facturas para intentar justificar la distribución de comida, el pabellón de contingencia que, detrás de las superobras difundidas esconde un perjuicio de G. 750 millones por la no realización de los trabajos adjudicados son apenas 4 de las causas avanzadas de un rosario de irregularidades denunciadas.
Estas investigaciones con datos categóricos del gran negociado de la era Prieto lo dejan a cara descubierta en sus manejos como administrador municipal y dejan imposibilitados a sus aliados de presentarlo como un perseguido político.
En sus inicios intentaron instalar el discurso de la persecución, pero ante las evidencias que luego incluso fueron confirmadas por miembros del esquema de desfalco demolieron el relato.
La Justicia está haciendo un buen trabajo, riguroso y sin contaminación política ni de ningún tipo. Nadie debe estar exento de rendir cuentas, menos aquellos administradores del dinero público y Prieto es uno de ellos, pese a que ya estiró 6 años sus causas con la miserable herramienta de la chicana.
Llegó el momento de que Prieto y sus cómplices expliquen de sus actos ante la Justicia y la opinión pública. Así como los políticos que hoy cumplen una pena por actos de corrupción la misma vara, con la misma fuerza debe caer sobre las espaldas de Prieto y de todos aquellos que osan manotear el dinero público.