El senador Derlis Maidana defendió las postulaciones para la Contraloría y Subcontraloría General de la República al asegurar que los integrantes de ambas ternas cumplen con los requisitos constitucionales. Con sus declaraciones, Maidana buscó desestimar el discurso de la oposición, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.
“Tengo entendido que había una especie de costumbre de designar a un opositor, pero esa mala costumbre le trajo mucho daño a la República, ya que los contralores que entraron por cuoteo político, perteneciente a la oposición fueron procesados, imputados, se fueron a la cárcel, no hicieron bien su trabajo”, refirió.
El pleno del Senado conformó ayer miércoles en su sesión ordinaria la terna para ambos cargos que serán remitidas a Diputados para su definición. La lista para el cargo de contralor se encuentra integrada por Camilo Benítez Aldana quien busca su reelección, Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz.
Mientras que la nómina para subcontralor está conformada por Armindo Torres, Augusto José Félix Paiva y Cosme Alfredo Torres. “El principal cuestionamiento a Camilo, Armindo, entre otros, no es que son ineficientes, que hicieron mal su trabajo, sino que son colorados y que el partido de gobierno no puede poner al contralor”, manifestó Maidana.
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Antecedentes
Entre los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia se encuentra el liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000. El mismo enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.
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También figura Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos.
Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.
A la vez, se encuentra José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme.