El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, no descarta la posibilidad de aumentar al 40 % la compra de productos de la agricultura familiar campesina para el programa Hambre Cero en las escuelas. La norma en la actualidad establece la obligación de destinar un 10 %.
“El impacto de Hambre Cero es demasiado fuerte, es más, puede ser mucho más. La ley exige que un 10 % de la compra de alimentos provenga de la agricultura familiar, pero nosotros somos ambiciosos de superarlo. Hay una propuesta donde se plantea que alcance el 40 % y yo creo que eso es algo natural, no se detendrá”, indicó el alto funcionario en el programa “Cara o cruz” de Unicanal, tras realizar una evaluación sobre los tres años de mandato de Santiago Peña.
Giménez comentó que “los proveedores del programa tienen que entender que comprando de la agricultura familiar nuestro país se desarrolla, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 6 % puede disparar al 10 %. El Paraguay no es un país industrializado, la agricultura y la ganadería son la aguja que mueve a nuestra nación”.
Añadió que mediante la vigencia del programa, el cual data desde agosto del 2024, un total de 43.000 familias campesinas ya se vieron favorecidas con la comercialización de sus productos. “Están cubrieron prácticamente 10 meses del año la demanda local, muchos de los agricultores son jóvenes, muchas familias están trabajando directamente en este rubro”, refirió Giménez.
En la Cámara de Senadores se encuentra pendiente de tratamiento un proyecto de ley impulsado por el parlamentario colorado Colym Soroka, el cual establece que el porcentaje mínimo de compras a productores nacionales pase al 20 % en 2027 y alcance el 40 % en 2028.
La propuesta también plantea modificar el mecanismo de comercialización para que las adquisiciones se realicen directamente a través de comités, asociaciones y cooperativas de productores registrados en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), con el objetivo de reducir la intermediación y asegurar que los beneficios lleguen directamente a los agricultores. A la vez estipula sanciones para las empresas adjudicadas que no cumplan con el porcentaje mínimo de compras de productos nacionales.