Celeste Amarilla rechaza a Miguel Prieto: “No creo que vaya a ser un buen presidente”
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La senadora liberal Celeste Amarilla fue tajante en rechazar al destituido intendente de Ciudad del Este por corrupción, Miguel Prieto, como candidato presidencial de la oposición con miras a las elecciones generales del 2028. La dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) calificó al líder del Partido Yo Creo como un “outsider” en la política.
“Yo no quiero que Prieto sea candidato y ya lo digo abiertamente. No me gusta él, no creo que vaya a ser un buen presidente de la República, es muy joven, muy atropellado. Está con la autoestima muy alta, pero qué ganó él, todavía no ganó nada”, cuestionó la legisladora en una entrevista con la 780 AM.
Amarilla acotó que “Prieto solo ganó una municipalidad y nosotros ya hemos ganado municipalidades montones de veces. Los outsider no me gustan, yo soy demasiado partidista. A los jóvenes del entorno que frecuento tampoco le gusta Prieto”.
La legisladora, quien también había anunciado sus aspiraciones de competir por el sillón de López, incluso terminó respaldando la figura de su excolega destituida Kattya González para representar a la oposición en las presidenciales. “Yo no puedo ir detrás de un tipo que no sé nada de él, ni se midió todavía, ni pensarlo”, sentenció.
En los últimos meses, Prieto quien alega ser un perseguido político frente a las más de 50 denuncias por hechos de corrupción durante administración como intendente apuntó a erigirse como el único candidato presidencial de la oposición despotricando contra otros dirigentes del sector como González y pretendiendo que el PLRA actue como un furgón de cola para cumplir sus aspiraciones presidenciales al proponer el nombre del senador Enrique Salyn Buzarquis para su dupla en la vicepresidencia.
Sin embargo, su jugada política se vio estancada en los últimos días con la aparición de nuevos aspirantes presidenciales que militan en el PLRA como Amarilla, el gobernador de Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, Ricardo Estigarribia, el senador Eduardo Nakayama y el exdirector paraguayo de la entidad binacional Itaipú, Carlos Mateo Balmelli.
Euclides Acevedo fue tajante en sostener que la definición de una candidatura mediante encuestas será nuevamente la muerte de la oposición. Foto: Archivo
Acevedo rechaza encuestas y afirma que el PLRA debe liderar la chapa presidencial
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El exministro de Relaciones Exteriores y analista político, Euclides Acevedo, manifestó que la chapa presidencial de la oposición rumbo a los comicios generales del 2028 debe ser liderada por un dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). También expresó su rechazo a la aplicación de encuestas para definir una candidatura única.
“En mi condición de veterano militante y observador juicioso de lo que sucede acá, ya no se trata de un problema de gustos, sino sobre quién es el candidato que tiene más perspectiva, sobre quién tiene más posibilidades de éxito y sobre ese hay que apostar, independientemente a la simpatía”, comentó a la 1020 AM.
Acevedo mencionó que “cada uno de los candidatos tiene sus cualidades, pero el que tiene más perspectivas (para ser el candidato) tiene que ser alguien quien tenga estructura, por lo tanto tiene que ser un liberal. Más allá de que me guste o no me guste, aquí al que tenga más posibilidades debemos seguirle y será muy difícil decirle a aquel que se considera una especie de nominado celestial que le de al otro candidato porque es más guapo”.
Ante esta situación, urgió que la oposición consensúe un mecanismo para la definición de la candidatura única. “Acá debemos encontrar un método de selección el cual no está claro, si se recurre de vuelta a encuestas estamos muertos”, sentenció.
Inician capacitación para apoderados y junta cívica
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Los miembros de las juntas cívicas son designados por los Tribunales Electorales.
El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) inició el proceso de capacitación electoral dirigido a sus apoderados y miembros de las juntas cívicas con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre de este año.
La dirigencia partidaria inició en Caaguazú y posteriormente se realizará en las demás localidades. “De cara a las elecciones del 4 de octubre, nos preparamos para custodiar la voluntad popular y hacer respetar cada voto, con el objetivo de que el PLRA conquiste más de 100 municipios en todo el país”, refieren desde la institución partidaria.
Los apoderados representan a los partidos y movimientos políticos, y alianzas electorales que pugnan en las elecciones. Están habilitados a acceder a los locales de votación, observar el desarrollo de votación y del escrutinio, formular reclamaciones y protestas, recibir las certificaciones previstas en el Código Electoral y acompañar el traslado de los resultados electorales al juzgado electoral de cada circunscripción.
Los miembros de las juntas cívicas son designados por los Tribunales Electorales, en este caso del PLRA. Los mismos colaboran con la distribución y recepción de los materiales, útiles, equipos y documentos utilizados durante la jornada electoral.
Acorralado con pruebas, Prieto queda sin argumentos ante Justicia
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Agotadas las chicanas que alargó 6 años el proceso por el caso Tía Chela y carente de documentaciones para refutar las evidencias colectadas por el Ministerio Público, Miguel Prieto está en la antesala de un juicio oral y público. La corrupción en plena pandemia con la simulación de compras de alimentos a una despensita sin stock, mediante procesos licitatorios fraguados y confirmados incluso por los excolaboradores tienen acorralado al exintendente de Ciudad del Este.
Si bien especula con presión popular, como lo hizo el año pasado para evitar la intervención de su administración, el exintendente Miguel Prieto de Ciudad del Este deberá tarde o temprano afrontar el juicio oral y público por uno de los casos más escandalosos de corrupción que lo sacuden desde la pandemia.
Pese a la serie de maniobras, tras 6 largos años de chicanas ya agotadas en el proceso por el sonado caso Tía Chela, la Justicia va cerrando el circulo y prevé poner ante el arbitrio público todos los detalles del maquiavélico desfalco a las arcas de la municipalidad con el juicio oral cuyo inicio está fijado para el 31 de agosto próximo.
El proceso que lleva al banquillo de los acusados a Prieto y un grupo de excolaboradores, exproveedores, es por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio. La Fiscalía presentó sobradas evidencias de simulación de compra-venta, proceso de licitación fraguado adjudicado por emergencia no justificada y un perjuicio de G. 2.130 millones ocasionado con los kits de víveres no entregados a los beneficiarios, que era la población más vulnerable del municipio.
Un último intento de chicanear el proceso presentó la semana pasada la exnovia del intendente Vanessa Florentín, conocida como Vanemi, y una de las involucradas en la simulación de compra-venta de mercaderías como subproveedora ficticia, ya que el Ministerio Público comprobó que la misma nunca contó con el stock de víveres que “vendió” a Tía Chela en el intento de sustentar la operación de la pequeña despensita. El Tribunal de Sentencia se expidió en contra y ordenó que se mantenga el inicio del juicio oral previsto para el próximo lunes.
Tras este revés, Prieto comenzó a movilizar a sus hurreros, en su mayoría funcionarios colgados del sueldo de la municipalidad.
TÍA CHELA
El caso Tía Chela, denunciado por exconcejal Celso Miranda en marzo de 2020, es uno de los primeros vergonzosos casos de corrupción de una serie de 50, presentados ante la Fiscalía.
En una rápida maniobra, dicho por la misma madre de Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, el exintendente ofreció el negocio sin que el potencial proveedor contara con los 25 mil kits de víveres en ese entonces. Armaron el proceso de manera veloz imponiendo como oferentes a padre e hijo y una amiga de Prieto que en ese momento ya contaba con un jugoso contrato de provisión de almuerzo y así liquidaron la adjudicación a favor de Ávalos.
Lo más grave es que para las fotos solo adquirieron 10.000 de los 25.000 kits de alimentos por los que pagaron G. 2.949 millones y debían distribuir entre la gente más escasos recursos. En el intento de validar la entrega fraguaron firmas de presuntos beneficiarios, una misma persona se encargó de firmar por los 25.000 beneficiarios y las facturas de compra-ventas presentadas no son auténticas, son de proveedores ficticios.
Excolaboradores de Prieto en la Municipalidad que eran clave en el esquema de simulación de compra confirmaron los hechos en 3 procesos penales: Tía Chela, Tajy y los Pabellones de Contingencia.
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
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Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
La abogada Gilda María Portillo acompañando al destituido intendente por corrupción Miguel Prieto en la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Mensajes de apoyo de la abogada Gilda María Portillo Vera a favor del exintendente Miguel Prieto. Foto: Gentileza
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Documento que será presentado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este a la Contraloría General de la República. Foto: Gentileza