En el pasado, el presupuesto anual del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) superaba los G 500 mil millones, mientras que actualmente es de apenas un poco más de G 130 mil millones. Sin embargo, hoy día se están entregando un promedio de 4.000 títulos por año, cuando en el pasado solo lograban entregar un poco más de 900 documentos de propiedad.
Frente a un histórico déficit en materia de regularización de tierras y a un presupuesto que limita considerablemente su capacidad operativa, el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, viene implementando una nueva estrategia, la Nueva Ruralidad, orientada a obtener mayores resultados con los recursos disponibles. Las acciones se enmarcan en las políticas establecidas por el gobierno del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Ruiz Díaz explicó que la institución enfrenta actualmente una demanda social que supera ampliamente sus posibilidades presupuestarias. Sin embargo, sostuvo que esta situación no ha impedido avanzar en soluciones concretas, particularmente mediante la titulación masiva de tierras, la modernización de los procedimientos y la optimización de los recursos humanos y técnicos.
“Uno de los principales cambios impulsados es el reemplazo progresivo de un modelo basado en trámites individuales por una metodología de intervención integral de cada asentamiento y colonia: el Barrido Predial Masivo (BPM). A través de este método, el Indert puede relevar y procesar simultáneamente la situación de numerosos lotes, lo que permite acelerar los procesos de mensura, regularización y titulación. Esta modalidad permite aprovechar mejor los recursos disponibles y multiplicar el impacto de cada intervención institucional”, explicó.
Más títulos con mismos recursos
El titular del ente agrario señaló que el trabajo adquiere particular relevancia considerando las limitaciones presupuestarias al disponer actualmente recursos significativamente menores a los que administraba años atrás, mientras que la demanda de tierras y regularización continúa siendo elevada.
Ruiz Díaz indicó que, ante esta realidad, la institución apunta a una política de eficiencia y priorización, concentrando esfuerzos en procedimientos que permitan avanzar simultáneamente sobre grandes cantidades de expedientes y beneficiarios.
“La titulación masiva se convierte así en una herramienta para hacer más con menos, reduciendo tiempos y costos y evitando que cada familia tenga que afrontar por separado procesos técnicos y administrativos que pueden ser abordados de manera conjunta por el Estado”, acotó.