La Cámara de Senadores convocó a una reunión de trabajo este viernes con representantes de varias instituciones vinculadas a la seguridad vial, para analizar el proyecto de ley que plantea elevar penas por homicidio culposo y exposición al peligro del tránsito terrestre. Se trata del proyecto de Ley “Que modifica los artículos 107 y 217 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal”.
La propuesta plantea elevar las penas para los casos especialmente graves de homicidio culposo y fortalecer las sanciones aplicables a quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, particularmente cuando conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
Te puede interesar: Camilo Pérez oficializa sus propuestas para transformar Asunción
Durante la reunión, el senador Eduardo Nakayama explicó que la iniciativa surge ante los graves hechos de tránsito registrados en el país y, particularmente, a raíz del accidente ocurrido en la ruta Luque-San Bernardino, que causó la muerte de cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos dos niños.
El parlamentario señaló que existe preocupación ciudadana respecto de la respuesta penal prevista actualmente para determinados hechos de tránsito con consecuencias fatales. En ese sentido, sostuvo que se busca establecer una política criminal acorde con la gravedad de estos hechos y que, al mismo tiempo, produzca un efecto disuasorio.
El proyecto plantea elevar hasta 10 años de privación de libertad la pena aplicable a los casos especialmente graves de homicidio culposo, considerando factores como las circunstancias del hecho, el número de víctimas y el grado de imprudencia del responsable.
Asimismo, propone establecer una pena privativa de libertad de hasta cinco años para quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, además de una inhabilitación para conducir por un periodo mínimo de 18 meses y la posibilidad de revocar definitivamente la licencia en casos de reincidencia.
Leé también: Presentan ajustes al proyecto original para reformar la gobernanza del IPS
Dejanos tu comentario
Bachi Núñez defiende plan para salvar empleos de empresas del Grupo Vázquez
El senador Basilio Núñez, titular de la Cámara Alta, defendió el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo vinculado al caso Ueno Bank, que propone establecer un régimen de administración temporal para determinadas empresas relacionadas con la entidad financiera. Destacó como una alternativa para evitar la quiebra de empresas vinculadas al grupo económico y proteger los puestos de trabajo.
Durante una rueda de prensa, señaló que la iniciativa busca salvaguardar a las empresas que no están en proceso de quiebra, bajo investigación penal o dentro del ámbito de la Senabico. Explicó que el Banco Central del Paraguay puede intervenir bancos, pero no tiene atribuciones para examinar directamente a las empresas vinculadas.
Le uede interesar: Emigdio Wendell asume como viceministro de Transporte
“Es una propuesta que busca de alguna forma encontrar una solución a lo que están pasando varios compatriotas que trabajan en esas empresas. Más fácil sería que vayan directo a la quiebra. Con esa iniciativa se quiere crear un consejo para que esas empresas que no están en proceso de quiebra, o no están en una situación de un proceso penal, o ya en Senabico tratar de salvaguardar eso. Entiendo que es una colaboración del Ejecutivo que viene al Legislativo”, explicó.
Consejo de administradores
El senador Núñez, señaló que se plantea crear un consejo y designar administradores para las empresas afectadas. Se mostró dispuesto a revisar el otorgamiento de inmunidad a los administradores, pero advirtió que, si la propuesta resulta riesgosa, puede ser rechazada por el Parlamento.
“Desde legislativo se puede pulir, mejorar la propuesta, pero también estoy de acuerdo en por qué darle inmunidad a una persona que va a estar dirigiendo estas empresas, porque lo que se está tratando de hacer es salvarlas. Acá vamos a estudiar, también se podría rechaza, y no pasa nada. Pero si mejoramos, podemos salvar el trabajo de muchos compatriotas”, indicó.
No obstante, señaló que estas 42 empresas vinculadas al grupo Vázquez, que estarían dejando sin trabajo a unas 6.000 personas, no son las únicas que están teniendo problemas ya que incluso antes de esta crisis con el Ueno Bank otras empresas habían pasado por problemas administrativos que dejó a muchas personas sin trabajo.
“Tenemos que que ver la forma de ayudar y vamos a hacer todo lo posible desde el Congreso así como lo hicimos con la iniciativa legislativa, porque según la ley del BCP se tenía que cobrar recién a los 15 días. Nosotros aprobamos en sesión extraordinaria ese martes negro por la tarde; y de la misma forma, entonces, ahora busquemos todos la solución; yo estoy dispuesto a colaborar con mi voto y con todos los asesores que tengamos para ver cómo solucionamos esta situación”, remarcó.
Siga informado con: Gamarra plantea fortalecer la unidad colorada bajo el liderazgo de Cartes
Dejanos tu comentario
Senado conformará mesa de trabajo para analizar seguro obligatorio para accidentes de tránsito
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, anunció la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para avanzar en el estudio del proyecto de ley que propone establecer el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). La iniciativa busca generar un mecanismo de cobertura para las víctimas de siniestros viales y reducir el impacto económico que estos representan para las familias y el sistema de salud pública.
El anuncio se realizó durante una reunión entre el titular de la Cámara Alta y el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, doctor Isaías Fretes, en la que abordaron la necesidad de avanzar en una legislación que permita brindar mayor protección a las personas afectadas por accidentes de tránsito.
El senador Núñez explicó que la mesa de trabajo estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Superintendencia de Seguros y gremios del sector asegurador, con el objetivo de analizar los alcances de la propuesta y avanzar en su estudio.
Le puede interesar: Finaliza el diplomado organizado por la Academia Republicana
En ese contexto, señaló que países de la región, como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Brasil, cuentan con mecanismos de cobertura de esta naturaleza, por lo que consideró oportuno evaluar la implementación de un sistema similar en Paraguay.
Impacto de los accidentes de tránsito
Durante el encuentro, el presidente del Senado expuso cifras que reflejan la magnitud de esta problemática. Según los datos mencionados, un promedio de cuatro personas fallece diariamente en Paraguay como consecuencia de accidentes de tránsito, a lo que se suma una importante cantidad de lesionados que requieren atención médica y, en numerosos casos, cuidados prolongados.
El legislador advirtió que las consecuencias de estos siniestros trascienden el ámbito sanitario, ya que también afectan la economía de las familias, especialmente cuando las víctimas quedan imposibilitadas de trabajar o necesitan asistencia permanente.
Asimismo, indicó que los accidentes de tránsito representan un costo aproximado de USD 100 millones anuales para el Estado. Añadió que, de acuerdo con las cifras expuestas, el 70 % de las camas de terapia intensiva están ocupadas por pacientes con traumatismos derivados de estos hechos.
Ante este escenario, explicó que la propuesta legislativa contempla la creación de un fondo de garantías destinado a contribuir con la cobertura de los gastos ocasionados por los accidentes de tránsito.
El titular de la Cámara Alta también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y los controles para la expedición de licencias de conducir. En particular, consideró fundamental que las municipalidades refuercen los mecanismos de evaluación y capacitación de los conductores, especialmente de motocicletas, a fin de contribuir a la reducción de los siniestros viales.
Destacan importancia de la iniciativa
Por su parte, el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Isaías Fretes, señaló que Paraguay aún no dispone de una legislación que establezca un seguro obligatorio de estas características.
En ese sentido, sostuvo que la eventual implementación del SOAT permitiría contar con un mecanismo de protección económica para las personas afectadas por accidentes de tránsito, facilitando la cobertura de gastos médicos y aliviando la carga financiera que actualmente recae sobre las familias y el sistema público de salud.
El secretario de Estado también destacó que la iniciativa podría generar oportunidades para el sector asegurador, mediante un esquema de cobertura orientado a brindar mayor protección a la ciudadanía.
“La conformación de la mesa de trabajo constituirá un paso inicial para profundizar el análisis técnico de la propuesta y evaluar los mecanismos necesarios para su eventual implementación en el país”, remarcó Fretes.
Siga informado con: Consejo de la Magistratura aclara alcance de acuerdo con Ueno Bank
Dejanos tu comentario
Senador Nakayama afirma que definición de Cantero para la FGE es legítima
Ante cuestionamientos de algunos sectores, políticos principalmente, sobre la confirmación de Alba Cantero como fiscala general del Estado (FGE), el senador Eduardo Nakayama defendió la decisión tomada por la Cámara de Senadores. Explicó que el sector de la oposición trató el tema y decidió acompañar la confirmación de Cantero.
“Hablamos nosotros entre los opositores, teníamos que tomar una decisión a la luz de los hechos, y sobre todo, en la laguna jurídica que tiene la carta orgánica del Ministerio Público. Ahí no se contempla el caso de renuncia, el artículo 51 habla de inhabilidad”, señaló a los medios de prensa.
En este sentido, indicó que se tomó como referencia dicho artículo, la inhabilidad para definir quién tenía que interinar el cargo de fiscal general tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández. “En ese sentido yo entiendo que hayan constitucionalistas, abogados que tengan una posición, eso es absolutamente legítimo, pero el Senado consideró que teníamos que interpretar, de manera positiva o negativa”, aseveró.
Podés leer: Nicanor afirma que se debe fortalecer nuevamente la institucionalidad de Itaipú
Respecto a la antigüedad, requisito fundamental para la designación, el legislador contó que fueron convocados representantes del Consejo de la Magistratura (CM) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes confirmaron que Cantero “definitivamente ella era la fiscal adjunta en lo penal más antigua en el Ministerio Público con 25 años de antigüedad”.
Otro de los puntos señalados por el senador, es la laguna respecto a la línea de sucesión en el caso de renuncia de un fiscal general, explicó que este caso es diferente a la Presidencia de la República, para el cual la línea de sucesión es clara. Por lo tanto, no se podría interrumpir un periodo establecido, que es de 5 años.
“También hablamos del riesgo que eso podría significar una convocatoria exprés, que no corresponde hacer una convocatoria exprés, y que no está tampoco prevista en la Constitución Nacional llamar a completar un periodo de un fiscal general. Será electo por el periodo de 5 años dice la Constitución, no dice que puede llamarse a concurso para completar el periodo”, refirió.
Agregó que “si se convocaba para un nuevo periodo sería interrumpir el periodo de 5 años que tienen los distintos fiscales desde que inició la Fiscalía general del Estado. Eso también era un riesgo que no se puede alterar”.
Leé también: Senado insta a investigar el manejo de datos biométricos de 3 millones de usuarios
Dejanos tu comentario
Senado insta a investigar el manejo de datos biométricos de 3 millones de usuarios
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles un proyecto de declaración que insta al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y al Banco Central del Paraguay (BCP) a colaborar con el Ministerio Público en la investigación sobre el manejo de datos personales, crediticios y biométricos vinculados al Grupo Vázquez. La iniciativa busca resguardar la información de más de tres millones de usuarios, cuyos datos, según las advertencias recientes, podrían quedar expuestos a la suplantación de identidad.
La iniciativa fue impulsada por los senadores colorados Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro de la Cámara de Senadores, y su colega Lizarella Valiente, quienes expresaron la preocupación ante el plenario, teniendo en cuenta que todos los datos personales, crediticios y biométricos, que, según la exposición de motivos, permanecen alojados en servidores vinculados a empresas del grupo investigado.
Ante el plenario, Kemper advirtió que la información alojada en los sistemas informáticos del grupo empresarial no se limita a datos bancarios, sino que incluye registros personales sensibles, domicilios, hábitos de consumo y características biométricas de los ciudadanos.
Riesgo sobre información sensible
El senador Kemper explicó que uno de los aspectos señalados en el proyecto es la posibilidad de que los datos personales y biométricos hayan sido extraídos, transferidos o utilizados de forma ilegal, por lo que su eventual exposición representa un riesgo que puede afectar la seguridad y privacidad de los ciudadanos a largo plazo.
Ante esta vulnerabilidad, planteó a sus colegas la necesidad de determinar cuánto antes qué ocurrió con esos registros, dónde se encuentran alojados, quién tiene actualmente acceso a ellos y qué medidas se están adoptando para garantizar su protección.
“El objetivo es contribuir a la salvaguarda de los datos personales, crediticios y biométricos de la ciudadanía en general, y de los clientes y ahorristas en particular. En caso de comprobarse que se haya realizado una extracción o uso ilegal de la base de datos, dicha información pudiera incorporarse como evidencia en la investigación fiscal”, remarcó el legislador.
Cabe recordar que días atrás el nuevo presidente del BCP, Jorge Schreiner, mencionó ante el Senado que el verdadero negocio de los dueños de Ueno Bank era capturar los datos biométricos de todo el país. Indicó que durante el tiempo de operatividad fueron más de tres millones de clientes cuyos datos biométricos eran manejados por el Grupo Vázquez a través de sus empresas, según las investigaciones y datos del propio banco.
Peligro de suplantación
Al respecto, el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional, advirtió en comunicación con radio 1080 AM que los datos biométricos de tres millones de usuarios quedaron expuestos. Ante esta situación, señaló que el riesgo principal al que se exponen los ciudadanos de quienes el Grupo Vázquez manejaba sus datos biométricos es a la suplantación de identidad.
“Supongamos que esa información alguien la haya llevado en un disco duro y esté negociando; el problema que puede haber es la suplantación de identidad en primera línea. Los datos que manejaba dicha firma le daban un espacio tremendo al ámbito de negocio del servicio digital, tanto en pagos, habilitación de cuentas, billetera, entradas a la cancha”, comentó.
No obstante, mencionó que, como medida preventiva, ya se solicitó a Google y Amazon el resguardo y bloqueo de toda la información que almacenó Itti tanto de clientes de servicios financieros como asistentes de eventos masivos, como la Expo en Mariano Roque Alonso y el ingreso a las canchas.
Siga informado con: Luis Yd irá a juicio oral por presuntos delitos ambientales