El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, comunicó que cursarán la invitación para el próximo lunes 24 de agosto a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, para evacuar consultas relacionadas con el siniestro vial registrado el pasado sábado en el cruce de la compañía Pedrozo de Ypacaraí, hecho que dejó 6 fallecidos.
A la vez, buscan interiorizarse sobre el estado de las obras en la zona, que ya es conocida por ser escenario de accidentes fatales. “Queremos conocer a profundidad lo que pasó, terminamos la reunión de la bancada de Honor Colorado y vamos a pedir a los colegas que nos acompañen para conversar el próximo lunes con la ministra de Obras Públicas y otros referentes”, dijo a los medios de comunicación.
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Las afirmaciones de Núñez surgen ante el pedido de interpelación e incluso el planteamiento de una denuncia. “La reunión será transmitida, la oposición puede presentar el pedido de interpelación, pero nosotros queremos soluciones, no show”, manifestó.
Núñez detalló que el encuentro está fijado para las 9:00 ante la mesa directiva de la Cámara Alta y se extenderá la invitación a otras autoridades locales. “Se conversará también con otros referentes porque desde mi punto de vista acá hay varias instituciones involucradas como la municipalidad, el Poder Judicial así como los representantes de la empresa adjudicada”, comentó.
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Inversión pública creció 19,6 % y alcanzó USD 923 millones a octubre
Entre enero y octubre del 2026, la inversión pública sumó G. 5,6 billones (USD 923,3 millones), monto que representa el 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB). El resultado supone un incremento del 19,6 % frente al mismo periodo del año anterior, con una mayor participación del sector de obras públicas en la ejecución de los recursos.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezó la ejecución de la inversión estatal, con G. 3,8 billones (aproximadamente USD 608 millones) desembolsados hasta octubre. La cifra representa un crecimiento del 47,4 %, explicado principalmente por la regularización de compromisos pendientes con empresas contratistas.
El gasto público dirigido a áreas estratégicas registró una expansión del 13 % en los primeros diez meses del año. Salud encabezó los incrementos, con un 17,4 %, seguida de seguridad (13,9 %), educación (12 %) y programas sociales (11,1 %).
En el área sanitaria, los desembolsos para medicamentos totalizaron G. 2,6 billones (aproximadamente USD 416 millones), un 24,1 % más que en el mismo periodo anterior. Por su parte, las prestaciones sociales crecieron 14,8 %, impulsadas principalmente por las transferencias para Alimentación Escolar, que aumentaron 82,1 %; la pensión para Adultos Mayores, con 14,5 % y las jubilaciones y pensiones, con 9,6 %.
Dentro del gasto en salud también se contabilizaron G. 144.700 millones (aproximadamente USD 23,15 millones) destinados a saldar compromisos con proveedores de medicamentos mediante el mecanismo de Cesión de Derechos de Cobro (CDC), que establece un cronograma de 36 cuotas mensuales.
En cuanto a las remuneraciones del funcionariado público, el 55 % fue cubierto con recursos provenientes de la recaudación tributaria. A su vez, el pago de intereses de la deuda pública disminuyó 7,5 % en los últimos doce meses, contribuyendo a moderar la presión sobre el gasto estatal.
Por el lado de los ingresos, los recursos totales del Estado aumentaron 1 %, mientras que la recaudación tributaria presentó una variación positiva cercana al 1,7 %. El desempeño estuvo sostenido por los impuestos internos, aunque parcialmente contrarrestado por la menor recaudación de tributos vinculados al comercio exterior y la caída del 1,3 % en los ingresos no tributarios.
Entre estos últimos, incidieron principalmente la disminución del 15 % en los recursos provenientes de las entidades binacionales y el retroceso del 26,9 % en las donaciones. En particular, los ingresos de Itaipú cayeron 24,2 %, mientras que los recursos de Yacyretá aumentaron 82,2 %, compensando parcialmente esa reducción.
Con este comportamiento, el déficit fiscal acumulado de la Administración Central llegó a G. 9,159 billones (USD 1.488,8 millones), equivalente al 2,3% del PIB. Al considerar los últimos doce meses, el resultado deficitario anualizado se situó en el 3,2% del producto.
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Deuda del Estado con vialeras supera los USD 200 millones, según Capaco
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) dio a conocer cifras sobre la deuda que mantiene el Estado con las empresas del sector vial y de infraestructura. De acuerdo a la medición efectuada, los atrasos suman USD 202,9 millones.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantiene una deuda de más de G. 1,2 billones con las empresas contratistas, lo que significa USD 202.937.903, de acuerdo a la publicación del organismo.
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Desde el Centro de Estudios Económicos de Capapo (DEEC), “exponemos el estado actual de las obligaciones pendientes con el sector, con corte al 16 de noviembre de 2026”, indica la publicación.
Entre los principales datos de la deuda se agrega que el 58,8 % corresponde a financiamiento local y el 41,2 % a financiamiento externo. Es decir, son casi G. 6 de cada G. 10 adeudados que provienen de recursos locales. En montos de dinero, la obligación de fuente local es de USD 119,3 millones, mientras que de fuente externa llega a los USD 83,5 millones.
Preocupación
El Ing. Francisco Griñó, referente del sector de la construcción y propietario de la empresa Topografía y Caminos (TyC), afirmó que hay preocupación por el impago de las deudas por parte del Estado. En su caso particular, afirmó que tiene cinco certificados sin cobrar en la obra de Avelino Martínez y aseguró que le será complicado continuar en el caso de que no se den los desembolsos en las próximas semanas.
En conversación con la 1020 AM, explicó que, si bien se honró una parte importante de los compromisos reclamados a principios de año, trabajos avanzaron sin las retribuciones correspondientes, por lo que el monto se elevó nuevamente.
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Comisión aconseja modificar el procedimiento para integrar el JEM
La Comisión de Legislación del Senado recomendó aprobar con modificaciones el proyecto que modifica el mecanismo de elección de los representantes del Congreso Nacional ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata de la ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, y deroga la Ley Nº 3759/2009 y sus modificatorias”.
La iniciativa propone que cada Cámara del Congreso Nacional elija a dos representantes ante el JEM mediante mayoría simple de votos.
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En su formulación inicial, el proyecto contempla requisitos como la nacionalidad paraguaya, una edad mínima de 30 años, el título universitario de abogado y el ejercicio de la profesión o el desempeño de funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público.
Sobre el punto, el presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana, explicó que, tras un amplio debate, la comisión acordó no incorporar exigencias adicionales a las previstas expresamente en la Constitución Nacional y mantener como requisito que los representantes sean abogados.
En cuanto a la verificación de los títulos profesionales, señaló que la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá a su cargo corroborar su legalidad, como paso previo a la propuesta de designación que será puesta a consideración del pleno.
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Senado estudiará 18 puntos en su sesión de este miércoles
La mesa directiva de la Cámara de Senadores resolvió incluir 18 puntos en el orden del día a ser analizado en sesión ordinaria del miércoles 18 de noviembre. Entre los temas figuran la creación de comisiones de investigación sobre el caso Ueno Bank, propuestas para suspender la creación de universidades y otras iniciativas sobre justicia, educación superior y protección de fondos públicos.
Es así que los senadores estudiarán dos proyectos de resolución para crear comisiones de investigación sobre el caso Ueno Bank. El primero propone conformar una comisión conjunta, de carácter transitorio, para investigar presuntos hechos punibles vinculados al caso Ueno Bank y la deuda flotante con proveedores del Ministerio de Salud. La iniciativa es impulsada por el legislador Gustavo Leite junto a sus colegas de otras bancadas.
Paquete de pedidos de informes
El segundo plantea crear una comisión bicameral de investigación sobre el caso Ueno Bank, el presunto desvío de fondos estatales y la actuación de los órganos de supervisión. Por otro lado, nuevamente se incorporó el estudio de un paquete de pedidos de informes a varias instituciones públicas.
Se plantea solicitar datos a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), al Ministerio Público, al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y a la Municipalidad de Asunción.
Los pedidos se refieren a la situación ambiental, las descargas de efluentes, el alcantarillado sanitario y las habilitaciones de establecimientos industriales en los barrios Tablada Nueva y Virgen de Fátima de Asunción. También se requieren informes al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), sobre su gestión, y a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), acerca de los recursos destinados al programa Tekorenda.
En materia financiera, el senador Juan Afara solicita información al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el encaje legal de Ueno Bank S.A. y su tratamiento en el procedimiento de resolución. Asimismo, figura un pedido dirigido a la Fiscalía General del Estado.
Igualmente se requieren informes a la Presidencia de la República sobre depósitos, colocaciones e inversiones de fondos públicos en Ueno Bank S.A. y entidades vinculadas, así como sobre los mecanismos de autorización y control.
Otros pedidos están dirigidos a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), sobre procedimientos migratorios, operaciones de aviación general y no regular y uso de sectores destinados a operaciones oficiales en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El pedido es impulsado por un grupo de senadores, entre ellos Eduardo Nakayama y Gustavo Leite.
Finalmente, se solicita a diversas entidades públicas y cajas de jubilaciones información sobre movimientos financieros y bancarios, saldos y extractos de cuentas. Específicamente se pide datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de 2026.
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