La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores analizó este martes la situación laboral de funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S. A. (Essap) y de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S. A. (Copaco). Se busca apelar a mecanismos de mediación institucional que permitan avanzar en la atención de los reclamos planteados por los afectados.
Participaron de la reunión las autoridades de la Essap, Copaco y de la Dirección General de Empresas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a quienes los legisladores consultaron sobre el estado de las demandas judiciales y las obligaciones pendientes con trabajadores y jubilados de ambas instituciones.
El senador Mario Varela, titular de la citada comisión asesora, destacó que el rol de la instancia legislativa es intermediar entre las partes y articular acciones concretas que permitan alcanzar respuestas claras y soluciones para los afectados.
Recordó que ambas entidades, debido a su naturaleza jurídica y a la composición de su capital público, enfrentan situaciones particulares, por lo que, los trabajadores y jubilados solicitaron la intervención de la comisión para avanzar en el cumplimiento de sus derechos.
En su intervención, el presidente de Essap, Luis Fernando Bernal, explicó que la empresa se encuentra sujeta a las disposiciones del derecho público y que, al tratarse de una sociedad anónima de capital público, sus bienes tienen carácter inembargable.
Aseguró que existe predisposición para cumplir las sentencias judiciales y honrar las obligaciones pendientes en el menor tiempo posible.
Según informó, el monto total de las obligaciones asciende aproximadamente a G. 2.900.000.000, entre capital e intereses, por lo que planteó la necesidad de contar con la correspondiente cobertura presupuestaria.
En cuanto a la situación de Copaco, la doctora Johana Mongelós informó que actualmente existen alrededor de 680 demandas promovidas por jubilados en reclamo de sus haberes.
Dijo además que la deuda asciende aproximadamente G. 114.000.000.000, incluidos los intereses moratorios. Señaló que las obligaciones reclamadas corresponden a administraciones anteriores; no obstante, aseguró que la empresa presupuestará los recursos necesarios para dar cumplimiento a las sentencias judiciales.
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