La Justicia Electoral informó que desde la fecha, la dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con el acompañamiento de la dirección de Partidos y Movimientos Políticos, comenzó el proceso de verificación de los datos de candidatos que serán desplegados en la pantalla de la máquina de votación para las Elecciones Municipales de 2026, en presencia de representantes de las organizaciones políticas.
Las jornadas se desarrollarán hasta el 19 de agosto, de 08:00 a 13:00, dando cumplimiento al Cronograma Electoral para los comicios municipales del domingo 4 de octubre próximo. La actividad constituye una etapa técnica fundamental para garantizar la correcta visualización de la información de las candidaturas que estarán disponibles para el electorado al momento de votar.
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“Esto es prácticamente la culminación de un proceso largo de recolección de datos de los candidatos oficializados, incluidos los procesos de renuncias e impugnaciones, donde todos los Juzgados Electorales son los que intervienen y son los que finalmente oficializan las candidaturas”, explicó la vicedirectora de TIC, Dominick Ramírez.
El proceso permite a los representantes de las organizaciones políticas participantes revisar y validar los datos correspondientes a sus candidaturas, en coordinación con las áreas técnicas de la Justicia Electoral.
Esta instancia forma parte de los trabajos de preparación tecnológica y electoral que lleva adelante la Justicia Electoral, con miras a asegurar que la información de las candidaturas sea presentada de manera correcta en las máquinas de votación durante la jornada electoral.
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Personal suma tecnología para prevenir fraudes en operaciones digitales
Ante el crecimiento de los riesgos de fraude digital, Personal Empresas presenta una solución que permite a bancos, fintechs y comercios detectar cambios recientes de tarjetas SIM y sumar una instancia de verificación antes de autorizar operaciones sensibles.
Una barrera frente al fraude. La protección de las transacciones digitales requiere cada vez más mecanismos de prevención. En este contexto, Personal Empresas incorpora SIM SWAP, una herramienta diseñada para ayudar a las organizaciones a identificar posibles situaciones de fraude vinculadas al uso indebido de números telefónicos.
La solución opera mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API), que permite consultar en tiempo real la fecha del último cambio de tarjeta SIM de una línea o comprobar si esta modificación ocurrió dentro de un período determinado.
Esta verificación cobra importancia frente al denominado SIM swapping, una modalidad de fraude en la que los delincuentes duplican o transfieren fraudulentamente el número telefónico de una persona a una tarjeta SIM bajo su control. El objetivo es interceptar llamadas y mensajes, incluidos los códigos de autenticación enviados por SMS.
Más controles en operaciones sensibles. Cuando se identifica un cambio reciente que podría representar un riesgo, las empresas pueden incorporar medidas adicionales, como solicitar una nueva verificación de identidad o postergar temporalmente una operación.
SIM SWAP puede aplicarse en la evaluación de transacciones sospechosas, transferencias bancarias y procesos de restablecimiento de contraseñas, entre otros procedimientos que requieren controles de seguridad.
De acuerdo con Personal, esta tecnología contribuye a disminuir la exposición al fraude, evitar posibles pérdidas económicas y resguardar la reputación de las organizaciones, además de fortalecer la confianza de los usuarios. Asimismo, la solución contribuye al cumplimiento de la Comunicación “A” 7783 del Banco Central, según informó la compañía.
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Patrimonio digital
Por: Adelaida Alcaraz
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.
El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.
Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.
Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.
Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.
Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.
“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.
El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.
La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.
Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.
Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.
Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.
La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.
El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.
Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.
La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.
La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.
El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.
La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.
Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.
Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.
En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.
El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.
La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.
La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.
El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.
Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.
Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.
Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.
“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.
Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.
De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.
En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.
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Más de 41.000 abogados elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura
Más de 41.000 abogados se encuentran habilitados para elegir el próximo sábado 28 de noviembre a sus nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), quienes asumirán sus funciones durante el periodo 2026-2029. A la vez, desde mañana lunes 2 de noviembre, serán instaladas en los Palacios de Justicia y otros lugares estratégicos del país las máquinas de votación con la finalidad de que los abogados puedan familiarizarse con el sistema
La iniciativa forma parte de un programa de orientación impulsado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) rumbo a los comicios. Los profesionales tendrán la posibilidad de realizar ensayos presenciales con las máquinas y recibir instrucciones de técnicos electorales sobre el procedimiento, el manejo de los equipos y la correcta utilización de las papeletas. Los dispositivos estarán disponibles tanto en la sede judicial de Asunción como en las distintas circunscripciones del territorio nacional.
Quienes prefieran prepararse a distancia también podrán recurrir a una plataforma digital habilitada por la Justicia Electoral, a través de la dirección https://simuladoroficial.tsje.gov.py. Tanto las prácticas presenciales como las virtuales buscan evitar inconvenientes y garantizar que los electores conozcan el mecanismo antes de acudir a las urnas.
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Candidaturas
El TSJE oficializó cuatro listas: La Lista A, Renovación Gremial, propone a Enrique Javier Berni Brítez y Nilsa Cáceres de Hernández como titulares. La Lista B, Gremio Unido y Solidario, lleva a Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola y José Antonio Valenzuela Pavón. La Lista J, Es Nuestro Momento, presenta a Jorge Luis Bogarín Alfonso y Rolando Milciades Aquino Navarro; y la Lista S, Unidad Gremial, postula a Juan Migdonio Sosa Bareiro y Nidia Ignasia Silvero de Prieto. Cada agrupación cuenta también con dos candidatos suplentes.
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Ideología de género: “Todo lo que pueda confundir en su identidad tiene que ser considerado abuso infantil”, sostuvo senadora
La senadora Lizarella Valiente, miembro de la bancada de Honor Colorado, expresó su respaldo a la iniciativa popular vinculada a la protección de niños y niñas respecto a la ideología de género. Aclaró que la propuesta normativa aún debe completar el proceso de certificación de firmas, al tratarse de una iniciativa popular, para luego formalizar su presentación ante el Congreso. Sostuvo que, una vez ingresada deberá ser analizada en comisiones, audiencias públicas y mesas de trabajo con especialistas.
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No obstante, en entrevista con La Nación/Nación Media, la parlamentaria confirmó que acompaña el espíritu de la propuesta ciudadana y vinculó su postura con la protección de la identidad y el desarrollo de niños y niñas. Indicó que la educación sexual en las instituciones educativas es importante, pero la discusión debe centrarse en el enfoque de los contenidos.
En cuanto al proceso, señaló que por de pronto tiene conocimiento que la iniciativa popular cuenta con más de 50.000 firmas; pero todavía no se hizo una presentación oficial, porque al tratarse de una iniciativa popular tiene un trámite que cumplir en la Justicia Electoral para la certificación de las firmas.
“Como senadora, acompaño el espíritu de la iniciativa. Una vez que llegue al Congreso tendrá que seguir un trámite por las distintas comisiones, ya que deberá pasar por las comisión de Asuntos Constitucionales, que es la más importante, porque, si está en contramano con la Constitución Nacional, no se tiene que aprobar. También contar con dictamen de Legislación, Derechos Humanos, Equidad y Género y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, porque tiene que ver con los niños, que son las comisiones afines”, expresó.
Protección de la niñez
Valiente resaltó que su labor legislativa se centra en la protección de la niñez y en la preservación de la indemnidad de niños y niñas, en concordancia con el artículo 54 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en garantizar su desarrollo armónico.
Remarcó además que el desarrollo armónico es justamente su bien jurídico que es la indemnidad, que busca proteger su desarrollo libre y sano de la sexualidad de los menores de edad frente a injerencias o conductas abusivas.
“Todo lo que pueda llegar a confundir en su identidad, en el desarrollo de su personalidad, se refiere en ese proceso de cero año a más o menos, según la ciencia, hasta los siete u ocho años, tiene que ser realmente considerado abuso infantil”, remarcó.
Biología e identidad
La parlamentaria sostuvo que la perspectiva de género desconoce la realidad biológica al plantear cuestiones vinculadas con la identidad sexual y advirtió que los niños podrían asumir como cierta la idea de que pueden elegir ser lo que desean. Señaló que la identidad también tiene un componente biológico y manifestó su acompañamiento al espíritu del proyecto relacionado con la protección infantil.
“Esa confusión es lo que nosotros consideramos y por eso acompaño el espíritu de la iniciativa popular, al referir que es abuso infantil. Porque le confunde en su identidad al niño o niña. Esto no tiene nada que ver con la libertad genuina que tiene un adulto, de autopercibirse como quiera, de tener la orientación sexual que quiera; porque no estamos hablando de adultos, de sujetos de derecho y de hecho. Sin embargo, los niños son sujetos de derecho, pero no todavía de hecho y en tutela de un adulto”, remarcó.
Finalmente, la senadora colorada destacó la relevancia de las iniciativas populares como herramientas propias de una república democrática y celebró que los ciudadanos, especialmente los padres y tutores, se involucren en el debate sobre los contenidos que reciben sus hijos y las políticas públicas aplicadas en el sistema educativo. Si bien reconoció que la educación sexual es necesaria en las escuelas, la discusión central gira en torno al enfoque que se le dará.