Durante la sesión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, los legisladores abordaron sobre el trágico accidente de tránsito en la zona de Pedrozo, este último fin de semana pasado, en el cual fallecieron miembros de toda una familia, dos de ellos funcionarios del Senado. El sector de la oposición impulsa un pedido de interpelación contra la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión.
Ante esta propuesta, el presidente del Senado, Basilio Núñez, cuestionó a sus colegas por plantear la interpelación de la ministra, sin embargo, no existe una propuesta de abordaje general sobre la situación de emergencia vial en todo el país.
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“Acá en esta Cámara se aprobó la Ley de Emergencia en Seguridad Vial y fui uno de los que alertó que en Paraguay tenemos 4 fallecidos por día, duele sobremanera porque en este caso son funcionarios del Congreso, pero yo no voy a ser un cuervo que va a cabalgar sobre la muerte de compatriotas y más de compañeros de trabajo y ser oportunista de pedir ahora una interpelación. Adelanto mi postura en contra”, apuntó.
El titular legislativo refirió que se requiere de un abordaje más complejo y extenso, a nivel nacional, como el mayor control de las condiciones de vehículos, el control de conductores en estado de ebriedad, e incluso, analizar la aplicación del seguro para terceros ante el aumento considerable de accidentes de tránsito y víctimas de las mismas que afectan a miles de familias paraguayas.
“Estamos en una emergencia de seguridad vial, y en la Cámara de Diputados fue una propuesta del sector del Partido Colorado, que buscar una solución definitiva. Quiero decirle a los colegas, que ahora se enteraron, que probablemente fue un correligionario de ellos quien instaló un semáforo en esa zona, quienes se movilizaron para tener un semáforo en esa zona, no van a pedir la destitución del intendente de ahí porque es correligionario”, señaló.
Obras en zona fatal
El avance de las obras en la zona fatal escapa a la responsabilidad del MOPC, pues los trabajos están en un 47%, pero las pretensiones de dos propietarios en la zona de desafectación no permiten avanzar, ya que se oponen a ceder. Es por eso que se tuvo que judicializar, vía Procuraduría.
Una de las tierras era de Mocipar, que perdió la propiedad y hoy el que aparece como dueño, vía usucapión es Maxi Campana.
La otra propiedad en litigio pertenece a Carlos Ayala, incluso aparecen en el medio algunos concejales locales que operan en favor de los propietarios, lo que dificulta acordar para avanzar con los trabajos.
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