El fiscal Julio Ortiz se constituyó este viernes hasta el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la indagación sobre las obras fallidas de quirófanos modulares que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Durante el procedimiento se verificó los insumos entregados por la empresa Neighpart S.A. “Vemos que hasta la fecha no hay una construcción, entonces la imputación tiene sustento, ya que se basa en este punto, no hay quirófanos modulares, lo que sí se encontró fueron algunos productos o objetos. Es muy factible que haya más imputaciones, personas comprometidas en esto”, indicó en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ortiz agregó que “si es necesario imputar a alguien más, que no haya dudas que lo haré”. El procedimiento fiscal fue acompañado por el presidente de la previsional, Isaías Fretes, y el arquitecto Gustavo Masi, quien se desempeñó en el cargo de director de Infraestructura de la institución.
En la ocasión, Masi detalló que hasta el momento solo fueron entregados equipos de climatización, mientras que las estructuras de los quirófanos no llegaron a ejecutarse. La obra quedó paralizada luego de detectarse que la estructura del edificio no soportaría el peso de los equipos.
Leé también: ANR activa capacitaciones a sus apoderados y miembros de mesa rumbo a las municipales
Masi incluso dijo que no se realizaron previamente los estudios estructurales necesarios. En la causa ya se encuentran imputados por lesión de confianza los expresidentes de la previsional Vicente Battaglia y Jorge Brítez.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística, y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
Dejanos tu comentario
IPS: trazabilidad de medicamentos vendidos en albergues develará a funcionarios implicados
La doctora Cintia Cardoso, directora de Apoyos y Servicios del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), dijo que se aguarda que concluya la revisión de los lotes de medicamentos que eran vendidos en albergues de la previsional para obtener la trazabilidad de las farmacias y de los funcionarios implicados en esta irregularidad. Alertó que gran parte de las medicinas estaban vencidas y que se reforzarán los controles de estos espacios.
“La denuncia fue de un familiar de paciente y las intervenciones fueron en los albergues de las terapias intensivas de adultos y pediátricos. En ambos albergues había medicamentos”, relató la funcionaria médica, este jueves, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “La denuncia empezó con un paciente al se le dio una receta manual. Entonces, al familiar le comentan que en uno de los albergues podía comprar ese medicamento”.
“Nos envían la foto de la receta y de la puerta del albergue, de manera que nosotros podamos ubicar. Y nos vamos inmediatamente ahí a intervenir y encontramos la misma receta que habíamos recibido por WhatsApp ya en la mesa de la señora, que fue demorada. Cuando le preguntamos qué función estaba cumpliendo, nos dijo que ella era la encargada de los medicamentos de ese lugar. No es funcionaria de la institución. Ella es una persona que trabaja como una cuidadora particular, que normalmente le contratan los familiares de los pacientes”, describió sobre el descubrimiento de esta situación.
Antecedente en albergues
“Esos lugares se les asigna una vez que quedan internados y Servicio Social es el que les asigna los lugares, controlan que sea cierto que el familiar sigue internado. Se hacen visitas para controlar la limpieza del lugar, de que sigue internado el paciente”, explicó Cardoso sobre el trámite formal para la habilitación y control de los albergues de IPS.
También mencionó que en otra oportunidad ya se descubrió la venta de medicamentos a cargo de otra persona. “Se había encontrado también, pero no en esta cantidad ni esta organización, porque la señora tenía todo tipo de medicamentos. Tenía medicamentos vía oral, vía endovenosa. Lo, lo más peligroso es que ya había productos vencidos, había productos controlados, productos anestésicos, había insumos también de terapia intensiva y aparte de eso tenía venta de ropa, de alimentos enlatados, envasados”, refirió.
“Y ella, digamos que se aprovechaba de que tenía el contacto con los familiares, en el sentido de que por más que a lo mejor su paciente se iba de alta o fallecía, ella ya era contratada otra vez por otro familiar y continuaba ella ahí, prácticamente todos los días, encadenaba un cuidado a otro”, especificó.
Tenía un somier
Consultada si la mujer demorada habría estado hace tiempo con este “negocio” en el albergue, la funcionaria respondió: “Obviamente que no es muy corto el tiempo, porque estaba ella con un somier ahí en el box que tenía asignado y en otro box, fue que nos llamó la atención una persona, nos hizo unos gestos para que revisemos el lugar. Y entonces ya se hizo una revisión completa por eso y se encontró que había otro lugar donde ella escondía cosas”.
Agregó que “si uno levantaba la cortina, aparecía una persona descansando, pero en realidad eran medicamentos escondidos bajo la cama, tapado con frazada, tenía un roperito, todo. Así que tiene que haber sido ya un tiempo importante y que probablemente los controles hayan sido muy superficiales, porque esos son lugares donde ellos descansan y muchas veces uno no puede entrar a revisar todo porque supuestamente son insumos, o sea, elementos personales”.
“Encontramos también del Ministerio de Salud, del Hospital de Clínicas. Y ayer, con el inventario que se estaba haciendo en la Fiscalía, como ya fue una revisión más tranquila y uno a uno, se encontró también medicamentos con leyenda del Hospital Policial Rigoberto Caballero”, comentó Cardoso.
Nuevas medidas
“Vamos a tener que ver un poco una reorganización de funcionarios también, porque obviamente va a tener que ser mucho más estricto el control”, manifestó la responsable de Apoyo y Servicios ante esta grave irregularidad en los albergues del IPS. “Vamos a tener que ver si ponemos controles ya también nocturnos. Vamos a tener que ver cámaras que antes no habíamos puesto en esos lugares porque uno respetaba más o menos la intimidad de ellos, pero vamos a tener que poner ciertas cosas porque yo creo que abusaron de la confianza y del respeto que se les tenía como familiares y también pusieron en riesgo la vida de los propios pacientes, porque esos medicamentos, casi la mayor parte estaban vencidos y también la forma en que estaban ahí guardados y mantenidos, no respetaban las condiciones mínimas de cuidado que se deben tener con un medicamento. Algunos requieren refrigeración y nada de eso se cumplía”.
Respecto a lo que sigue con esta investigación, aseguró que “gracias a la incautación de los medicamentos, ahora cuando tengamos todos los lotes, vamos a poder individualizar en qué farmacia fue el movimiento y también con la trazabilidad se puede ver dónde entró, dónde salió, inclusive identificar los funcionarios implicados, porque obviamente tendría que haber complicidad o contacto con funcionarios de las diferentes instituciones”.
“Ayer ya se empezó. Yo creo que esta semana vamos a poder ir viendo todo, porque con la informática es mucho más fácil ya después el trabajo. Ahora se están sacando todos los datos. Hoy continúa el equipo de farmacia, auditoría interna. También van a seguir trabajando en Fiscalía, porque los medicamentos incautados están todos en Fiscalía. Ayer prácticamente la mitad de las cajas, porque más o menos como 23, 24 cajas se cargaron de medicamentos encontrados. Ayer habían revisado ya 11 cajas y era menos del 20 % era de IPS de lo encontrado. Pero sí es preocupante de que en todos los hospitales existe la sustracción de estos medicamentos”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Madre e hijo murieron antes del incendio, revela autopsia
La autopsia practicada a la mujer y su hijo de 12 años, hallados muertos el domingo tras un incendio en la vivienda en la que residían en la colonia Tupa Rendá del distrito de Abaí, departamento de Caazapá, confirmaron que ya habían fallecido antes del siniestro. El fuego habría sido originado presuntamente por la expareja de la víctima, Ángel Roberto Lugo Sánchez (32).
Así lo informó el titular de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir. El profesional mencionó que los cuerpos se encontraban calcinados.
Explicó que la autopsia descubrió que la mujer falleció debido a un “degüello homicida efectuado con un cuchillo liso” que afectó ambos paquetes vásculonerviosos, en tanto que, la muerte del niño se produjo como “consecuencia de un estrangulamiento producido con un cable eléctrico”.
En cuanto al último, el médico forense señaló que una vez muerto, y debido al fuego, la parte plástica que envuelve el cable se derritió, quedando expuesto solo el material metálico que se encuentra en el interior del componente eléctrico.
El principal detenido fue imputado por la fiscal Lisa Baeza por feminicidio y homicidio doloso debido a su presunta implicancia en el fallecimiento de su expareja, Vilma Rosana Cabello (38) y del hijo de esta, Leandro Alves Martínez.
La agente fiscal pidió la prisión preventiva del imputado, ya que los resultados de la autopsia fortalecen la “hipótesis de que el imputado ocasionó el siniestro para eliminar las evidencias que pudieran existir luego de que perpetró el feminicidio de su expareja de 38 años y el homicidio del niño de 12 años”, indica la publicación de la Fiscalía
El juez Carlos Flores admitió la imputación e hizo lugar al pedido realizado por el Ministerio Público.
Leé más: Desarticulan red de estafa piramidal: “Víctimas eran atraídas por un jugoso retorno”
Dejanos tu comentario
Fiscalía acusó y pidió juicio oral para presunto líder de invasión a Agroganadera Pindó
El Ministerio Público formuló acusación contra Jorge Mercado Méndez y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, en el marco de la investigación por la ocupación ilegal de los inmuebles pertenecientes a Agroganadera Pindó S.A., ubicados en el departamento de Canindeyú. La acusación fue presentada por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray.
La acusación relata que Jorge Mercado Méndez fue individualizado durante la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, por la presunta comisión, en carácter de autor, de los hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal, en relación con el arma de fuego incautada durante su detención.
Uno de los aspectos centrales de la acusación es que la intervención atribuida a Jorge Mercado Méndez no se limita a su presencia dentro del inmueble ocupado. Los informes policiales incorporados a la investigación lo individualizan como uno de los dirigentes de la organización instalada en el lugar y le atribuyen funciones de dirección y liderazgo dentro del asentamiento Joaju – Primero de Marzo.
La investigación describe la existencia de una estructura organizada dentro de los asentamientos, con dirigentes identificados, grupos de vigilancia, sistemas de comunicación y mecanismos de control de los accesos. El relevamiento policial remitido al Ministerio Público el 29 de septiembre de 2025 registró aproximadamente 450 viviendas dentro de los asentamientos y documentó la existencia de mecanismos organizados de vigilancia y control territorial.
Los antecedentes de la causa se remontan a las denuncias formuladas por Agroganadera Pindó S.A. a raíz de la ocupación ilegal de sus propiedades. Luego de los procedimientos de expulsión realizados en 2013, se produjo el reingreso de ocupantes y la posterior consolidación de asentamientos permanentes dentro de las fincas.
Del mismo modo, Méndez ya había sido imputado en el año 2021 y posteriormente declarado rebelde, disponiéndose su captura. Finalmente, el 11 de febrero de 2026, fue detenido por personal de Inteligencia de la Policía Nacional en el distrito de Laurel, departamento de Canindeyú. Durante ese procedimiento se incautó una pistola marca Canik, calibre 9 x 19 mm, con cargador y dieciséis cartuchos, evidencia posteriormente sometida a estudios técnicos de Criminalística.
Querella adhesiva
Paralelamente al requerimiento conclusivo del Ministerio Público, Agroganadera Pindó S.A., en su condición de víctima, presentó formalmente su acusación a través de su querella adhesiva, adhiriéndose a la pretensión de llevar a Jorge Mercado Méndez ante un Tribunal de Sentencia.
La acusación de la víctima sostiene que los elementos reunidos durante la investigación permiten someter a debate oral la participación atribuida al acusado en la ocupación organizada de los inmuebles, su presunto rol dirigencial dentro de la estructura asentada en el lugar y el hecho relacionado con el arma de fuego incautada. La empresa continuará ejerciendo sus derechos como víctima dentro del marco de la Constitución y las leyes de la República, confiando en que las instituciones competentes permitan el esclarecimiento integral de los hechos y la determinación de las responsabilidades que correspondan.
Dejanos tu comentario
Investigan presunto robo y venta ilegal de medicamentos del IPS en albergues
La Fiscalía y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) iniciaron con la investigación de lo que sería el presunto robo y luego venta ilegal de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de los albergues de la previsional. Esto, a raíz de las denuncias recibidas por algunos pacientes, que derivó en la intervención de los sitios en cuestión.
Según el reporte de la fiscal Hermenegilda Cubilla, se realizó el allanamiento de dos albergues de IPS, donde se incautaron de varias cajas llenas de medicamentos que serían ofrecidos a la venta y que son entregados de forma gratuita en la previsional, Ministerio de Salud y el Hospital de Clínicas.
El primer sitio intervenido fue el albergue 1 de UTI, donde familiares encontraron más de 20 cajas de medicamentos. En el lugar fue detenida una mujer identificada como Dolores Angélica Burgos de García, de 42 años, quien se hace decir cuidadora y que indicó que todos los fármacos fueron donados. En su poder se hallaron dinero, y en un dormitorio encontraron más cajas de medicamentos.
Lea también: Solo el 18% de las carreras de Nutrición habilitadas en Paraguay está acreditado
“En el albergue de UTI 2 encontramos más medicamentos, de ahí se extrajeron dos cajas, pero familiares no permitieron que se pudieran sacar más cajas que tenían las inscripciones del Ministerio de Salud, IPS y Hospital de Clínicas. Había algunos productos vencidos y otros de administración controlada, todos almacenados sin refrigeración” dijo la fiscal en contacto con la 730 AM.
Afirmó que hasta ahora, solo se tiene a una persona detenida, pero que esperan que caigan más dentro del esquema. Agregó que el hecho punible es de comercialización no autorizada de medicamentos y los involucrados se exponen a una expectativa de pena de hasta tres años o multa.
El gerente de Salud del IPS, doctor Derlis León, refirió que existe complicidad desde adentro. En este caso, indicó que colaboraron para que estos caigan, por lo que instó a los pacientes a denunciar este tipo de casos. “No es una generación espontánea, hay cómplices desde adentro, lastimosamente son compañeros nuestros y tomaron la decisión equivocada”, puntualizó.
Te puede interesar: Salud despliega un operativo de gran escala en Itapúa ante el Rally Mundial