El diputado Daniel Centurión presentó un proyecto de ley que busca la reforma en la gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS). La iniciativa legislativa tuvo entrada oficial este viernes en la Cámara Baja.
“Es el proyecto de la reforma en la gobernanza del IPS, en lo que se refiere específicamente al consejo de administración”, comentó el proyectista a los medios de prensa.
Cuestionó que de la forma en que está constituido actualmente el consejo “solamente sirve en el proceso de decisión de aceptar o rechazar una licitación”.
“Es secreto a voces de que este consejo es que en todo este tiempo no ha cumplido el rol de representar sectorialmente a los jubilados y pensionados, a los empleadores y a los trabajadores”, afirmó.
El parlamentario colorado aseveró que “el consejo se ha convertido en un organismo prebendario, en un organismo corrupto y en un organismo de extorsión a la máxima autoridad administrativa”.
“Entonces, nosotros hoy estamos divorciando esas funciones, el que administra que es el presidente de ente responde de manera civil, penal y administrativamente. Y el que representa va a tener la función de supervisar, de controlar y fiscalizar”, subrayó.
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Diputados buscan impedir la discriminación política en el pago de dietas a concejales
Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de combatir una práctica que, según los impulsores de la iniciativa, se repite en distintos municipios del país: el uso del pago de dietas a concejales como herramienta de presión política.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, en varios gobiernos locales se ha detectado que algunos intendentes pagan puntualmente a los concejales afines a su gestión, mientras retrasan o, directamente, suspenden el pago a ediles de la oposición o críticos del Ejecutivo municipal.
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Los legisladores calificaron esta discriminación como una práctica “sistemática y perniciosa” que atenta contra la democracia participativa y vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley.
El texto presentado sostiene que la dieta de un concejal no constituye una dádiva, sino la contraprestación legítima por el ejercicio de un cargo de representación popular, y que privar a un edil de esos ingresos de forma arbitraria limita su capacidad de fiscalizar la gestión municipal y compromete su sustento personal.
Crea procedimiento sumarial
La principal novedad del proyecto presentado por los diputados liberales Carlos María López y Jorge Ávalos Mariño, además de su colega de Patria Querida Rocío Vallejo; es la creación de un procedimiento sumario para sancionar a los municipios que incurran en esta discriminación. Según la reforma planteada, si un concejal no recibe su dieta de manera puntual e igualitaria, podrá denunciar la situación ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Señala que verificada la irregularidad, esa cartera de Estado procederá a retener las transferencias en concepto de Royalties provenientes de las entidades binacionales que le corresponden al municipio, hasta que la situación se regularice.
Además, el proyecto establece que los concejales afectados deberán informar sobre el trámite realizado a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, que quedará a cargo del seguimiento correspondiente.
Los proponentes remarcaron que, si bien el artículo 28 ya contemplaba parcialmente esta problemática, la reforma apunta a precisar el circuito institucional —a qué organismo debe reportarse la irregularidad y quién realiza el seguimiento— para dotar de mayor eficacia a la norma.
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Diputados pide informes al IPS y al Ministerio de Trabajo sobre formalización del empleo
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre las acciones implementadas para ampliar la cobertura de la seguridad social y reducir la informalidad”.
Específicamente se solicitan datos exactos sobre la cantidad de nuevos trabajadores cotizantes incorporados al sistema de seguridad social en los últimos dos años, con desagregación por tipo de vínculo (dependiente, independiente, voluntario).
La institución también deberá detallar las estrategias implementadas para facilitar la afiliación de trabajadores independientes y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en el marco de las leyes y disposiciones vigentes, con indicación de los resultados obtenidos.
Los legisladores piden que el IPS remita un informe identificando las dificultades concretas que enfrentan los trabajadores y empleadores para acceder a la cobertura asistencial, y descripción de las medidas que se están adoptando para superarlas.
Se precisa también las estadísticas actualizadas sobre la tasa de cobertura del IPS a nivel nacional, desagregadas por departamento, sexo y grupo etario, y su evolución en los últimos cinco años.
Por otro lado, también los diputados aprobaron el proyecto de resolución “Que pide informes al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS), sobre las acciones implementadas para combatir la informalidad laboral”.
Según la exposición de motivos, el documento solicita un informe sobre la estrategia integrada de formalización de empleo 2025-2028, ejes de acción, metas cuantitativas, cronograma de implementación.
Igualmente el estado de avance de la comisión interinstitucional de formación de empleo, detallando la cantidad de reuniones realizadas, acuerdos y resultados.
Para ambos expedientes, se solicita un plazo de 15 días para la remisión del informe solicitado a la Cámara de Diputados.
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Quirófanos fantasmas en IPS: “Es muy factible que haya más imputaciones”, advierte fiscal
El fiscal Julio Ortiz se constituyó este viernes hasta el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la indagación sobre las obras fallidas de quirófanos modulares que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Durante el procedimiento se verificó los insumos entregados por la empresa Neighpart S.A. “Vemos que hasta la fecha no hay una construcción, entonces la imputación tiene sustento, ya que se basa en este punto, no hay quirófanos modulares, lo que sí se encontró fueron algunos productos o objetos. Es muy factible que haya más imputaciones, personas comprometidas en esto”, indicó en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ortiz agregó que “si es necesario imputar a alguien más, que no haya dudas que lo haré”. El procedimiento fiscal fue acompañado por el presidente de la previsional, Isaías Fretes, y el arquitecto Gustavo Masi, quien se desempeñó en el cargo de director de Infraestructura de la institución.
En la ocasión, Masi detalló que hasta el momento solo fueron entregados equipos de climatización, mientras que las estructuras de los quirófanos no llegaron a ejecutarse. La obra quedó paralizada luego de detectarse que la estructura del edificio no soportaría el peso de los equipos.
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Masi incluso dijo que no se realizaron previamente los estudios estructurales necesarios. En la causa ya se encuentran imputados por lesión de confianza los expresidentes de la previsional Vicente Battaglia y Jorge Brítez.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística, y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Comisión de Familia evaluó en mesa técnica proyecto contra acoso escolar
La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud de la Cámara de Senadores organizó este jueves una mesa técnica interinstitucional para analizar el proyecto de Ley “Que previene y sanciona el acoso escolar y el ciberacoso en instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas en los niveles inicial, básico y medio, y deroga la Ley Nº 4633/2012”.
Se evaluó el contenido de la propuesta además de recoger las observaciones de los sectores involucrados en la prevención y atención de situaciones de acoso escolar.
Durante el encuentro, los representantes de las distintas instituciones participantes formularon recomendaciones y plantearon modificaciones a varios artículos del proyecto.
Uno de los principales puntos de análisis estuvo relacionado con el tratamiento que debe darse a los niños, niñas y adolescentes involucrados en este tipo de situaciones, especialmente en lo referente a eventuales sanciones de carácter penal.
Se habló de la necesidad de establecer mecanismos adecuados que permitan prevenir y sancionar el acoso escolar, pero que, al mismo tiempo, respeten el marco de protección integral de la niñez y adolescencia.
La Comisión resolvió reagendar una nueva reunión técnica, en la que serán presentadas las modificaciones propuestas a los diferentes artículos.