Diputados de diferentes bancadas se unieron para presentar un proyecto de ley que “crea el registro de nacimientos y defunciones en hospitales públicos y privados, en coordinación con la Dirección General del Registro del Estado Civil”.

Los proyectistas fundamentaron que la iniciativa busca modernizar el sistema de estadísticas vitales del país mediante la obligatoriedad de reportes electrónicos inmediatos, con el fin de erradicar el histórico desfasaje de datos entre las instituciones públicas.

Explicaron que la urgencia de esta propuesta se sustenta en un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), el cual reveló que el Instituto de Previsión Social (IPS) desembolsó G. 58.715 millones entre los años 2020 y 2024 en concepto de asignaciones a casi 11.000 personas que ya habían fallecido, promediando unos G. 12.000 millones anuales en pagos indebidos.

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Los parlamentarios argumentaron que si bien los controles internos aplicados por el IPS lograron mitigar este impacto, reduciendo las erogaciones irregulares en un 54 % durante 2025, y en un 75 % en lo que va de 2026 (bajando el promedio mensual de G. 979 millones a unos G. 246 millones), las auditorías posteriores no solucionan el problema de raíz.

Son proyectistas los legisladores: Alexandra Zena, Dalia Estigarribia, Rocío Abed, Luis Federico Franco, Roya Torres, Jazmín Narváez y Pastor Vera.

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El agua potable es uno de los pilares de la salud y el bienestar de la población mundial. Su disponibilidad, tratamiento y conservación requieren controles permanentes para reducir riesgos sanitarios y asegurar que este recurso indispensable pueda mantenerse en condiciones adecuadas para las generaciones actuales y futuras.

En este contexto, 34 estudiantes de la Maestría en Salud Pública, Cohorte 2025–2027, del Instituto Nacional de Salud (INS) participaron de una visita técnica a una planta embotelladora paraguaya, en la que pudieron conocer de cerca los procedimientos aplicados para garantizar la calidad del agua, informaron este domingo desde el Ministerio de Salud.

La actividad fue organizada por la cartera sanitaria, a través del INS, como parte del Proyecto de Extensión y Vinculación Social. Durante el recorrido, los estudiantes observaron las diferentes etapas que atraviesa el agua, desde su tratamiento y purificación hasta la producción, los controles de calidad y el posterior embotellado.

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La experiencia permitió a los estudiantes trasladar los conocimientos adquiridos durante su formación académica a un escenario concreto. El recorrido sirvió, además, para comprender cómo los controles sobre la calidad del agua están directamente relacionados con la prevención de riesgos y la protección de la salud de la población.

Este tipo de actividades complementa la enseñanza en las aulas al permitir que los futuros profesionales conozcan procesos técnicos, identifiquen posibles desafíos y comprendan su impacto desde una perspectiva de salud colectiva.

La visita contó con el acompañamiento de la Dra. Nilda Recalde y de la Lic. María Elena Ayala, responsable de la Secretaría de Extensión de Postgrado del INS.

Por parte de la embotelladora participaron los responsables técnicos Lic. Rafael Chamorro, Lic. Belén Mareco, José Pereira, José Caballero e Irma Osorio, quienes estuvieron a cargo de guiar a los estudiantes y explicar las distintas fases del proceso.

Desde el Ministerio aclararon que las acciones de Extensión y Vinculación Social buscan acercar la formación académica a experiencias concretas y a las necesidades de la sociedad. En este caso, el contacto directo con los procesos de tratamiento y control del agua permitió profundizar conocimientos fundamentales para quienes se preparan para trabajar en el ámbito de la salud pública.

Finalmente, reiteraron que la actividad reforzó así la conexión entre conocimiento, experiencia práctica y prevención sanitaria, aportando nuevas herramientas a los profesionales que actualmente se forman en el INS.

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• Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

El Instituto de Previsión Social (IPS) sigue afrontando una complicada situación, derivada de debilidades estructurales que ya datan de varios años atrás.

Si bien es cierto se han venido “heredando” administraciones financieras desprolijas, es necesario “dar vuelta la hoja” y abocarse de lleno a una reingeniería global que permitan encaminar su gestión económica-financiera-patrimonial por un sendero mucho mejor, viable y transparente, acorde a lo que la Administración de Empresas moderna exige de nuestras instituciones.

No es fácil derribar esquemas de trabajos desprolijos sin un norte definido, pero no cabe otra alternativa más que trabajar profesionalmente y con pragmatismo, diferenciando muy bien lo urgente de lo importante.

El Consejo de Administración, como máxima autoridad institucional, tiene la potestad que le otorga su carta orgánica de actuar en forma proactiva y sin vueltas ante situaciones anómalas que ameriten realizar los cambios necesarios, pues no resulta razonable mantener dentro de su estructura organizacional a capital humano que no muestre el profesionalismo, capacidad y visión de futuro.

Uno de los aspectos que amerit la atención y preocupación de sus directivos se refiere a la superpoblación de funcionarios, que erogan mes a mes millonarios montos en sueldos y otros beneficios, imponiéndose la racionalización de recursos que debe abarcar a todo el espectro de la estructura organizacional de la entidad.

La última promulgación de reformas dentro de su carta orgánica le ha permitido a la entidad un mayor margen de maniobrabilidad para diversificar su “abanico” de oferta de productos y servicios, perentorio y muy necesario.

Deben llevar adelante una reingeniería que les permita mantener niveles de liquidez estables para hacer frente en tiempo y forma a los gastos operativos e inversiones de capital, orientados a satisfacer las necesidades de sus beneficiarios, principalmente en lo que atañe a la cobertura de salud, constituida en una de sus principales áreas críticas de riesgos a la fecha.

Enfocarse a arbitrar todos los medios y recursos disponibles para ir “saliendo” de la cantidad de inmuebles improductivos, con cuyo producido podrán realizar nuevas inversiones que les vayan generando ingresos pasivos adicionales que los precisan para fortalecer a su flujo de fondos.

Técnica y profesionalmente sería bueno que al frente del IPS esté un economista o un administrador, dado que el mayor porcentaje de sus problemas giran en torno a lo económico-financiero-patrimonial y logístico.

Dentro del área de salud deben seguir contando con un profesional médico con experiencia y trayectoria comprobada, calificado para poder gerenciar, planificar, coordinar y controlar la buena marcha del manejo sanitario a nivel país.

Debemos profesionalizar de una vez por todas a nuestra administración pública si pretendemos salir adelante, pues de lo contrario seguiremos eternamente rezagados.

La atención de la cobertura de salud de todos sus hospitales deberá seguir estando a cargo de profesionales médicos calificados, pues forma parte de la división del trabajo y de la consecución de resultados en función al know how y expertise de cada uno, con lo cual trabajando en equipo las chances de lograr mejores resultados se acrecentarían.

Su objetivo primario deberá concentrarse en darle la mayor solidez, confiabilidad y seriedad al manejo de los recursos financieros, que les reditúen buenos rendimientos orientados al fortalecimiento de los fondos de jubilación y salud, generando un flujo de fondos capaz de hacer frente en tiempo y forma a las necesidades operativas y no operativas que se van presentando.

Siguen buscando alternativas de solución en varios frentes, lo cual es bueno. pero lo objetable es que hasta ahora no hayan podido encontrar una solución tangible y sostenible en el tiempo, estructurando fuentes de repago a su endeudamiento con las industrias farmacéuticas, proveedores de medicamentos e insumos, constituidas en un eje estratégico primario para que el IPS pueda seguir funcionando y dando respuestas integrales a sus asegurados las que hasta hoy día siguen ausentes lamentablemente.

Con la firma de la “Resolución de Asunción”, parlamentarios y autoridades de 35 países concluyeron ayer la cumbre regional sobre inteligencia artificial desarrollada en la sede de la Cámara de Diputados de Paraguay. El encuentro —organizado de forma conjunta por el Consejo Global para la Tolerancia y la Paz (GCTP) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)— se consolidó como una plataforma para establecer una hoja de ruta orientada al desarrollo ético de las nuevas tecnologías en la región.

El documento final promueve una visión estratégica que concibe a la inteligencia artificial como un motor para el desarrollo humano, la educación inclusiva y la construcción de la paz. Entre sus ejes fundamentales, la resolución insta a los Estados miembros a incorporar estas herramientas digitales en los sistemas educativos públicos de manera responsable, asegurando que estudiantes y docentes desarrollen capacidades críticas para su uso, al tiempo que fomenta programas en ciudadanía digital y prevención de la desinformación.

Durante las jornadas deliberativas, el diputado Carlos Núñez enfatizó la importancia de evitar que el vertiginoso avance tecnológico profundice las disparidades sociales existentes. Al respecto, el legislador advirtió sobre los riesgos latentes en materia de ciberseguridad y la manipulación de contenidos mediante audios y videos ultrafalsos (deepfakes), insistiendo en que los parlamentos deben coordinar regulaciones modernas que protejan el acceso de los sectores más vulnerables y las zonas rurales.

En el plano de la cooperación técnica y multilateral, la reunión incluyó ponencias sobre innovación educativa a cargo de firmas tecnológicas internacionales y la suscripción de memorandos de entendimiento entre el Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz (IPTP) con Bolivia y Honduras. Por su parte, el presidente del GCTP, Ahmed Bin Mohammed Al Jarwan, valoró el rol de los poderes legislativos para canalizar el consenso e impulsar marcos regulatorios centrados en la dignidad humana.

La declaración compromete a las naciones firmantes a impulsar leyes fundadas en la transparencia, la seguridad digital y el respeto estricto a los derechos fundamentales. Con ello, se busca erradicar la discriminación algorítmica y prevenir cualquier uso del software de procesamiento de datos que atente contra la cohesión social o perpetúe la violencia en las comunidades latinoamericanas.

Como cierre de la cumbre parlamentaria, los congresistas y delegaciones diplomáticas asistieron al acto oficial de presentación del “Observatorio para la Paz” en los jardines del Congreso Nacional. El nuevo organismo funcionará como un centro de monitoreo regional para dar seguimiento a los compromisos asumidos en Asunción y fomentar el intercambio continuo de conocimientos entre las diferentes comisiones legislativas del continente.