El embajador Raúl Florentín, representante permanente del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, manifestó ayer ante el pleno que la OEA no puede permanecer en silencio ante la intención del presidente nicaragüense Daniel Ortega de suprimir las elecciones libres en el país centroamericano, eliminando la participación de opositores, lo que compromete la seguridad hemisférica.
“Deseamos agradecer en primer lugar a la delegación de los Estados Unidos de América por su iniciativa para la convocatoria de esta sesión extraordinaria, que contó con el copatrocinio de Paraguay, así como con el de las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay, a quienes también agradecemos, declaró Florentín durante el debate en que se planteó una reunión extraordinaria de cancilleres sobre este tema.
“Hemos escuchado con suma atención y preocupación a la relatora de Nicaragua o para Nicaragua, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Rosa María Payá, a quien agradecemos por su presentación”, agregó el diplomático paraguayo. “Observamos como extremamente graves las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega del 19 de julio pasado, en que mencionó que en Nicaragua nunca más se celebrarían elecciones, así como el posterior anuncio del 24 julio de llevar a cabo una modificación constitucional a inicios de septiembre próximo”.
“Parece hasta irónico que este tipo de declaraciones tengan lugar justamente en el año en que conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Solemos escuchar con frecuencia en este ámbito el rol fundamental que desempeña la OEA en materia democrática en la región y el orgullo que representa el despliegue de las misiones de observación electoral, cuya intervención, en no pocas ocasiones, salvó la democracia de los Estados miembros”, puntualizó Florentín.
Responsabilidad del organismo
El representante de Paraguay mencionó otras situaciones histórica vinculantes: “En ese sentido, me permito traer a colación un ejemplo que antecede incluso a la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la misión de observación electoral encabezada por el entonces secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, durante las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 1990. Hoy sabemos que la presencia de nuestra organización fue determinante para garantizar una transición pacífica y hacer posible la toma posesión de Violeta Chamorro, la primera mujer elegida democráticamente para ejercer la presidencia de la República en el continente americano”.
“Los ejemplos del pasado también nos recuerdan la responsabilidad que como organización tenemos frente al presente y al futuro de nuestro hemisferio. No podemos permitir que la OEA permanezca en silencio ante una situación de esta gravedad, que ha dejado de ser únicamente una cuestión de violaciones de los derechos humanos y de erosión de la democracia para convertirse en un desafío que compromete la seguridad hemisférica”, refirió.
Antecedente de resoluciones
“Esta afirmación no la hacemos solo nosotros. La propia Asamblea General de la OEA, en su resolución 3022, aprobada en junio de 2024 en Asunción, ya advirtió, y cito: ‘La crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de otros países en la región’. Fin de la cita”, recordó el vocero del gobierno paraguayo.
“La misma preocupación fue reiterada este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado de prensa número 15.226. Al respecto, la Comisión señaló, y cito: ‘La intensificación de la represión transnacional del régimen, sumada a la migración forzada de personas nicaragüenses, ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros Estados de la región. A esta situación se suma el impacto del accionar del crimen organizado en Nicaragua y otros países de la región’. Fin de la cita”, acotó Florentín
Continuó: “Por último, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido advirtiendo sobre el desacato sistemático de sus decisiones por parte del Estado de Nicaragua, habiendo urgido al Consejo Permanente para la aplicación de garantías colectivas en respuesta al incumplimiento de sus fallos por parte del régimen. Esto es particularmente grave porque atenta contra la efectividad misma del sistema interamericano”.
Caso Chamorro
“Como bien lo señaló el tribunal en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua, la garantía colectiva se traduce en una obligación que tienen tanto los Estados partes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los Estados miembros de la OEA entre sí, de proteger el efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria”, dijo el embajador en la parte final.
“Me permito aquí agradecer la presencia en sala de la víctima de este emblemático asunto ante la CIDH o la Corte IDH, el señor Juan Sebastián Chamorro. Muchas gracias por estar acá”, indicó al mencionar al precandidato presidencial nicaragüense que pidió una reforma electoral y fue encarcelado por el gobierno de Daniel Ortega, cinco meses antes de los comicios de noviembre de 2021. Chamorro fue liberado en febrero de 2023, y expulsado a Estados Unidos tras serle revocada la nacionalidad.
“Señor presidente, por la gravedad de la situación que representa un abierto desafío a las democracias del hemisferio, me complace anunciar ante este Consejo el copatrocinio de la República del Paraguay al proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos, a los efectos de activar la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores prevista en la carta de la OEA para considerar la situación grave que estamos viviendo en Nicaragua”, concluyó el embajador de Paraguay.