El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas.
Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.
Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.
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El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.
Vicente Bataglia fue expresidente del IPS, cuya gestión entre 2022 y 2023 afronta procesos judiciales por supuestos daños patrimoniales e irregularidades administrativas, con un daño patrimonial cercano a los 1,5 billones de guaraníes, según informe de la Contraloría.
Brítez estuvo al frente del IPS entre agosto de 2023 y abril de 2026.
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Procesan por violencia familiar a un hombre tras presunta agresión y amenazas a su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Liliana Denice Duarte, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar de Ciudad del Este, imputó a un hombre por violencia familiar, tras ser denunciado por agresión física y verbal a su pareja, además de amenazarla de muerte en reiteradas ocasiones, según la denuncia de la víctima. La representante del Ministerio Público también solicitó su prisión preventiva.
En el escrito fiscal se indica que el primer episodio ocurrió el 30 de octubre, alrededor de las 18:00, en una vivienda del km 7, barrio Ciudad Nueva. En esa ocasión, el hombre, en aparente estado de ebriedad comenzó a insultar a su pareja por celos supuestamente y la amenazó con matarla si descubría que salía con otra persona, advirtiéndole que después se quitaría la vida.
Acto seguido, la tomó de la cabeza y la empujó contra la pared para luego arrojarla sobre una cama y al pedir auxilio la mujer, el hombre le tapó la boca. En medio del forcejeo, el hombre tomó un cuchillo de cocina que estaba sobre la pileta y la amenazó diciéndole que todo terminaría allí, de acuerdo al escrito de imputación.
La mujer sufrió un rasguño en el brazo al intentar defenderse, pero logró escapar para refugiarse en la casa de un familiar. Al día siguiente, el hombre le envió un mensaje para que retirara sus pertenencias y, cuando ella regresó a la casa, su victimario cerró la puerta y le impidió salir, exigiéndole que retirara la denuncia con otra amenaza de muerte.
La víctima consiguió calmarlo y salir del lugar, tras lo cual volvió a pedir ayuda policial. La denunciante manifestó que no era la primera vez que sufría agresiones, pues anteriormente había sido golpeada y amenazada para evitar que lo denunciara.
Entre los elementos colectados por la Fiscalía figuran el acta de denuncia, informes policiales, la declaración testifical, fotografías de las lesiones y los informes médico forense y psicológico, que constataron equimosis y escoriaciones en ambos brazos, además de la contención brindada a la víctima. El imputado permanece recluido en la Dirección de Policía de Alto Paraná.
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Fiscales allanan la residencia del CEO de ueno bank en Asunción
Este martes, fuerzas policiales y el Ministerio Público intervinieron la casa de Miguel Vázquez, CEO de ueno bank en la ciudad de Asunción. El allanamiento a la propiedad del procesado busca asegurar pruebas informáticas y documentales determinantes para la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros.
Un grupo de fiscales encabezados por Silvio Corbeta, Jorge Arce y Yeimy Adle, se constituyó hasta el barrio La Piedad en la vivienda de Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y propietario de ueno bank, en busca de evidencias relacionadas con la investigación por presunta estafa e irregularidades financieras.
Se trata de primer allanamiento en torno al caso de ueno bank, las autoridades buscan documentos, así como también evidencias que permitan esclarecer el caso y determinar las responsabilidades. La medida se toma tras la entrega del alto ejecutivo, quien ya se encuentra recluido en la Agrupación Especializada junto a otros seis directivos.
Detenidos
Hasta el momento son seis altos ejecutivos detenidos por por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados. Entre ellos: Julio Daniel Rey Fernández, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Alejandro Gómez Abente y Juan Manuel Gustale, quienes fueron derivados directamente a la Agrupación Especializada.
Mientras que las dos mujeres pertenecientes al Directorio del banco: Mariana Isabel Torres Rubiani y Diana Leticia Mongelós González fueron trasladadas hasta la Comisaría de Mujeres. Hasta el momento, sigue prófugo Miguel Ángel Almada Frutos, directivo contra el que pesa una orden de captura también por lesión de confianza.
El Ministerio Público abrió una carpeta fiscal ante la denuncia presentada esta mañana por el BCP, por una presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. Se designó como fiscales investigadores a Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Yeimy Adle, y bajo la coordinación de Nancy Salomón.
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La última ejecutiva de ueno bank con orden de captura se presentó ante la Policía
Diana Leticia Mongelós González, la última directiva de ueno bank, investigada por la Fiscalía, se entregó a la Policía Nacional hoy martes alrededor de las 18:00 y se puso a disposición de la Justicia.
La misma está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción que ordenó la captura de Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Miguel Angel Almada Frutos, y de Diana Mongelós.
En el caso del investigado Almada, quien se encuentra en el interior del país, sus abogados se presentaron ante el Departamento de Investigaciones de la Policía para reportar que su cliente se pone a disposición judicial.
ueno bank entró en un proceso de disolución, luego de que se hallara inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad, por parte de la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
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Caso ueno bank: ya son siete los directivos entregados y reportan que una huyó del país
La Fiscalía confirmó que ya son siete directivos de ueno bank que se presentaron ante la Policía Nacional para ponerse a disposición de la Justicia.
Los abogados Raúl Caballero y Josefina Aghemo, defensores de uno de los investigados, Miguel Angel Almada Frutos (quien se encuentra en el interior), acudieron al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional para certificar que su cliente se pondrá a disposición del proceso judicial.
Los detenidos hasta el momento son: Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller.
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Según reportaron, una de las investigadas, Diana Leticia Mongelós González habría salido del país, aunque no se confirmó aún por la Dirección de Migraciones.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
La medida fiscal es una derivación de una nota de denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP) ante inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad.
Por de pronto, el BCP ya ordenó el pago -como primera parte- de G. 10 millones a los ahorristas en el marco del proceso de cobertura del Fondo de Garantía estatal de Depósitos, que establece la devolución de 75 salarios mínimos.
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