El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas.
Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.
Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.
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El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.
Vicente Bataglia fue expresidente del IPS, cuya gestión entre 2022 y 2023 afronta procesos judiciales por supuestos daños patrimoniales e irregularidades administrativas, con un daño patrimonial cercano a los 1,5 billones de guaraníes, según informe de la Contraloría.
Brítez estuvo al frente del IPS entre agosto de 2023 y abril de 2026.
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Desnudan contradicciones del fiscal en el caso Bataglia: investigación apunta al hermano
El Juzgado de Delitos Económicos, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia, desnudó la incoherencia del agente fiscal Julio Ortiz durante la audiencia de imposición de medidas cautelares para el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia.
El pasado 12 de agosto, el procesado por supuesta lesión de confianza se presentó ante el representante del Ministerio Público; sin embargo, este tomó la determinación de liberarlo en lugar de ponerlo a disposición del juzgado competente. Esta acción contradice el procedimiento habitual en otros casos, donde se comunica inmediatamente al juez y se realiza la audiencia de imposición de medidas.
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Esta situación se generó debido a que el fiscal sabía que Bataglia estaba en Europa y que no ingresó de forma regular al país, sino que lo hizo de forma clandestina. A pesar de esto, el representante fiscal ordenó su liberación. El hecho fue mencionado por el juez Rodrigo Estigarribia para fundamentar su resolución, en la cual decretó el arresto domiciliario del imputado con el uso de tobilleras electrónicas.
Hermano de Bataglia
Asimismo, la investigación se estaría ampliando hacia Carlos Bataglia, hermano del extitular del IPS. Esto se debe a que existen indicios bajo análisis que lo señalarían como el presunto nexo con las empresas proveedoras. Según los elementos recabados, su función había sido de nexo con el entonces titular de la previsional para direccionar ciertas adjudicaciones en las licitaciones que se realizaron en IPS.
Informe de Migraciones
La Dirección Nacional de Migraciones remitió un informe al juzgado de Rodrigo Estigarribia donde ratifica que el imputado ingresó de forma clandestina al país desde Europa. Este documento sirvió para que el magistrado decidiera decretar el arresto domiciliario, atendiendo a que existe un evidente peligro de fuga por parte del procesado.
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Fiscalía pidió a la Corte celeridad y evitar que caso de Rafael Filizzola quede impune
La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola. La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no.
Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.
“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.
Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.
“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.
El caso “Comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.
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Atraían a extranjeros con falsas citas y luego los asaltaban en Ciudad del Este
Dos extranjeros fueron víctimas de violentos asaltos y privación de libertad en Ciudad del Este, en hechos que tendrían un mismo patrón: contactos pactados mediante una aplicación de citas que terminaron con los hombres trasladados hasta el barrio San Rafael, donde fueron interceptados por grupos armados.
Desde el Ministerio Público informaron este jueves que los casos, ocurridos en julio, derivaron en la imputación de siete personas, seis hombres y una mujer, por los presuntos delitos de robo agravado, asociación criminal y privación de libertad.
“Tres de los sospechosos fueron detenidos durante allanamientos realizados el 19 de agosto, mientras que los otros cuatro permanecen prófugos y tienen órdenes de captura”, informó la Fiscalía.
Detalles
El primer episodio ocurrió el 6 de julio, cuando un ciudadano brasileño acordó encontrarse con una persona que utilizaba el perfil de “Wilson”. El supuesto contacto lo recogió en el microcentro y lo llevó hacia la zona baja del barrio San Rafael. Allí, un grupo de entre ocho y diez personas lo habría encañonado y retenido durante varias horas.
Los delincuentes le quitaron un iPhone 15 Pro Max y dinero en efectivo y, según la denuncia, lo obligaron a realizar transferencias por unos 8.000 reales, además de gestionar préstamos.
Diez días después se habría producido un segundo ataque. Esta vez, un ciudadano francés contactó mediante la misma aplicación a un usuario identificado como “Lucas”. Tras ser recogido en un hotel de Foz de Yguazú, fue llevado hasta San Rafael, donde un grupo de entre 10 y 12 personas lo habría golpeado y despojado de su teléfono, calzados y tarjetas bancarias.
La víctima fue trasladada posteriormente hasta una zona boscosa cercana al río Paraná, donde permaneció retenida durante más de ocho horas.
La investigación permitió reconstruir parte de los recorridos mediante cámaras de seguridad y vincular una de las motocicletas utilizadas con uno de los sospechosos. Con esos datos se realizaron allanamientos en San Rafael, donde fueron incautados una motocicleta, teléfonos celulares, cascos, prendas de vestir, calzados y otros objetos que podrían estar relacionados con los hechos.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para dos de los imputados, arresto domiciliario para la mujer y la declaración de rebeldía y captura de los cuatro sospechosos que siguen sin ser localizados.
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Migraciones no tiene registro de que Bataglia ingresara legalmente al país desde Europa
La defensa del imputado y extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, no supo explicar por qué puesto migratorio ingresó a nuestro país desde Europa. El procesado realizó la maniobra de salir de Paraguay vía Puerto Falcón una vez que se levantó la orden de detención en su contra, para luego reingresar por ese mismo puesto. Con esto, buscó justificar el ingreso clandestino previo que realizó para presentarse ante el fiscal Julio Ortiz, donde finalmente se abstuvo de declarar en el marco de la causa penal por lesión de confianza.
Bataglia se salvó de ir a la cárcel debido a que el juez Rodrigo Estigarribia decretó su arresto domiciliario con la obligación de utilizar tobillera electrónica. En caso de incumplir esta medida, la resolución judicial será revocada y el imputado será trasladado al Centro Nacional de Prevenidos (excárcel de Tacumbú).
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El procesado no brindó declaraciones a los medios sobre su imputación. Tampoco quiso aclarar si ingresó de forma clandestina al país ni si lo hizo a través del Puente de la Amistad en Ciudad del Este u otro punto fronterizo sin control.
De hecho, el juez Estigarribia mencionó, al momento de resolver el arresto domiciliario, que solicitó un informe a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar si Bataglia ingresó legalmente desde Europa; dicha institución confirmó que no existe registro de ese ingreso, pero sí constan una salida y una entrada posteriores por la frontera de Puerto Falcón, colindante con Argentina.