Dos expertos en temas energéticos hablaron sobre la situación energética del país tras la salida del ingeniero Félix Sosa de la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

El debate se centró sobre las medidas para la generación de nuevas fuentes de energía y las tarifas.

“Nosotros consideramos que primero hay que buscar la institucionalidad, hay un cambio de paradigma que el Paraguay tiene que tener para que acontezca la gene­ración y un modelo diferente al que venimos teniendo de las tarifas”, reflexionó Mau­ricio Bejarano, viceministro de Minas y Energías, en su intervención como invitado en el programa “Fuego cru­zado”, de emisión semanal por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Consideró necesaria “la crea­ción de un Ministerio de Energía”, al adelantar que hay dos proyectos de ley ter­minados y que serán remi­tidos al Congreso Nacional para la implementación de un ente regulador energético, tanto eléctrico como gasí­fero “que es lo que requiere la inversión privada en par­ticular para poder llegar a introducir nuevas fuentes”.

“Entonces, cualquiera de las variables que uno pueda manejar si no existe esa estructura institucional, paradigmática con un cambio paradigmático, nosotros no lo vamos a lograr. Esto fue pro­bado ya en muchas oportuni­dades, se ha buscado inver­siones y licitaciones, incluso en el río Ypané en el año 2017 donde me tocó también ocu­par este cargo”, significó.

Recordó que en esa época ya se ha buscado una licitación pública internacional. “Pero sin aquellos cambios estruc­turales, institucionales y nor­mativos, esa inversión pri­vada no la vamos a lograr”, afirmó.

El viceministro explicó que con el ente regulador se podrán “tener tarifas aggior­nadas al día de hoy y con nue­vas fuentes de generación, entendiendo que esto va a traer un cambio e incremento en los costos”.

“Entonces, eso si no lo hace un ente regulador con reglas claras con una estructura de costo clara, estamos en gra­ves problemas. Es por eso que nosotros empezamos por un lado las modificaciones nor­mativas para el ingreso de nuevas fuentes. Pero luego están estos cambios institu­cionalistas que se tienen que dar”, sostuvo.

A su vez, el ingeniero Ángel Recalde, presidente del Instituto de Profesiona­les Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), afirmó que la “preocupación va a ir en aumento”, aunque cali­ficó de “excelentes” las nue­vas reglas por las que se va a regir el mercado.

“Me parece que por ahí tenía­mos que haber empezado, están ahora en proceso. Mien­tras que la Ande ya tiene lista toda la documentación como para salir a licitar 140 mega­vatios en Loma Plata. Con este panorama va a ser muy difícil que pueda concretarse, ojalá que esté equivocado”, expresó.

Abogó por un consenso amplio para buscar una salida que beneficie a todos. “Enton­ces, tenemos que realmente ser creativos, tenemos que ponernos de acuerdo todos: sector público, sector privado, la clase política, la dirigencia ya sea empresarial, sindical, ponernos de acuerdo para ayudar en este proceso y salir de esto”, subrayó.

Consideró un “estanca­miento” los cortes en el suministro de energía eléc­trica. “Eso es un retroceso y no tenemos que permi­tir. Entonces, colaboremos no solamente con comen­tarios, críticas, expresio­nes que también ayudan. Pero hagamos las cosas, o sea siempre y cuando conti­nuemos así como estamos, directo vamos al precipicio”, sentenció.

La campaña Ñande Ahorro de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) amplía su alcance hasta el lunes 31 de agosto, a partir de los resultados obtenidos durante la primera etapa, desarrollada entre el 10 de junio al 31 de julio, en que se ha registrado un incremento del 200 % en la cantidad de financiaciones, con la formalización de 97.000 casos y gestionando una deuda superior a USD 116 millones.

Buscando reducir la morosidad y promover la regularización de clientes mediante planes de financiación, exoneraciones y beneficios especiales, el ente estatal recibió numerosas solicitudes de distintos sectores de la sociedad y de clientes que manifestaron su interés en acceder a los beneficios del programa, pero que, por diversas circunstancias, aún no pudieron concretar sus gestiones.

Así también, 10.245 clientes realizaron trámites de regularización comercial, tales como actualización de nombre del titular, actualización de carga instalada y cambio de servicio de monofásico a trifásico. Igualmente, unos 258.000 clientes efectuaron el pago al contado de sus deudas, accediendo a la exoneración total del recargo por mora. Mediante la campaña, quienes soliciten la instalación de un medidor durante la promoción podrán diferir el pago del derecho de conexión, que será incluido recién en la siguiente factura.

Más del 70 % de los hoteles de Cuba están cerrados debido a las presiones de Estados Unidos, provocando la “paralización casi total” de ese sector clave para la economía del país, informó el miércoles el primer ministro Manuel Marrero. “Las afectaciones derivadas de la falta de combustible y las sanciones aplicadas, han generado una paralización casi total de los servicios turísticos”, dijo Marrero ante el Parlamento.

El primer ministro precisó que actualmente están cerradas el 73 % de las instalaciones hoteleras. “A partir de las presiones realizadas, se han retirado 7 cadenas hoteleras que gestionaban el 46 % de las habitaciones del país”, señaló. La salida de esos grupos hoteleros internacionales dejó a “unos 25.000 trabajadores en situación de vulnerabilidad”, agregó Marrero, en el primer resumen que hace el gobierno cubano sobre el impacto de las sanciones de Washington en ese sector.

El turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas y, hasta enero, empleaba a más de 300.000 personas en la isla de 9,4 millones de habitantes. Además del bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero, que causó la peor crisis económica y energética de Cuba en décadas, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó en los últimos meses una ofensiva de sanciones contra dirigentes, empresas e instituciones de la isla.

Tras las sanciones de mayo contra el conglomerado militar cubano GAESA, varias cadenas internacionales dejaron de administrar hoteles operados junto a ese grupo para evitar restricciones estadounidenses. Sin embargo, algunas como las españolas Meliá e Iberostar, mantuvieron establecimientos gestionados junto al Ministerio de Turismo.

Washington comunicó en julio nuevas sanciones contra ese ministerio, extendiendo la presión a operaciones que hasta el momento habían quedado al margen.

Tras el anuncio oficial en febrero sobre la escasez de combustible para la aviación, generada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, aerolíneas canadienses, rusas y europeas también anunciaron la suspensión de sus vuelos a la isla. Entre enero y junio, el turismo se desplomó un 58 % en comparación con igual periodo de 2025, según datos oficiales.

Cuba, bajo fuerte presión de Washington, anunció el miércoles la apertura a los privados de amplios sectores como gasolineras, farmacias y las energías renovables, después de que el Parlamento aprobara un paquete de medidas a favor de la economía de mercado. El gobierno comunista redujo drásticamente el número de actividades que por décadas estuvieron prohibidas a los capitales privados de origen cubano. El 18 de junio, el Legislativo había dado luz verde a la reforma.

Estos anuncios marcan un punto de inflexión histórico para Cuba y su economía socialista de planificación centralizada, que lleva años sumida en una profunda crisis, agravada por las sanciones de Washington. El presidente Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre la isla vecina de 9,4 millones de habitantes y ha amenazado con tomar su control, al considerar que representa una “amenaza extraordinaria” a la seguridad estadounidense.

Al embargo económico vigente desde 1962, Trump sumó en enero un bloqueo petrolero de facto y otras sanciones que han llevado a la economía cubana al borde del colapso, con cinco apagones generalizados en lo que va de año, así como escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel permitirá el ingreso de capital privado en ramas enteras de la economía.

Además del sector energético y el de fármacos, la reforma abrirá el mercado de residencias de ancianos, terminales de pasajeros y de carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables, y operaciones petroleras y mineras (bajo ciertas condiciones).

Ana Diego, una cubana de 66 años que tuvo que volver a emplearse en la empresa estatal de la que se había jubilado para poder sobrevivir, saludó el anuncio oficial.

“Todo el mundo sabe que en este momento nosotros estamos subsistiendo por las mipymes (pequeñas y medianas empresas privadas)”, explicó. “Hay que buscar alguna solución, porque la realidad es que la gente está sin medicamentos, sin alimentos”, dice a la AFP.

Ante el Parlamento, el primer ministro Manuel Marrero precisó este miércoles que, de las 176 medidas promercado aprobadas en junio, 110 ya están en implementación y que el resto comenzará a aplicarse en septiembre.

Como ejemplo, señaló que “se han otorgado autorizaciones a más de 100 actores no estatales” para “comercializar de manera mayorista combustible”, y que “se aprobó el primer negocio de inversión extranjera para la importación, distribución y comercialización de combustible”, sin dar detalles. “Los resultados se alcanzarán gradualmente” y “a partir de ahora comienza la etapa más difícil, donde debemos garantizar la aplicación efectiva” de las medidas, añadió Marrero.

Otras áreas cobijadas por la reforma son la banca y la producción de azúcar, destacó a la AFP el economista cubano radicado en Londres Daniel Torralbas. Para este experto, algunas de las actividades autorizadas seguirán estando fuera del alcance financiero del sector privado cubano. “Para invertir en la minería, en la extracción de petróleo o en la producción de azúcar, hace falta un capital que la mayoría de las mipymes cubanas no tienen”, explicó.

“Inevitablemente, muchas de las inversiones que se pueden hacer en estos sectores que se despenalizan ahora van a necesitar la inversión de capital extranjero”, precisó.

Según los medios estatales, el Estado seguirá ocupándose de la salud y la educación, pilares de la revolución cubana, así como de los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad y la defensa, y la industria del tabaco.

Según las autoridades, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas funcionan en la isla, que emplean a más de un tercio de la población activa.

Reunido en sesión ordinaria este miércoles, el parlamento tiene previsto examinar varios proyectos de ley relacionados con la agricultura, la vivienda, la reorganización administrativa y la legislación laboral.

En el sector agrícola, se mantendrá la propiedad estatal de la tierra, pero se prevé una ampliación significativa de las condiciones de usufructo para agricultores, cooperativas y empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Respecto a la vivienda, los cubanos podrán poseer dos casas en la ciudad (hasta ahora solo podían tener una) y también se permitirán las hipotecas.

Fuente: AFP.