“Los presidentes de la República del Paraguay y de la República Federativa de Brasil han conversado telefónicamente sobre este delicado asunto”, aseguró el canciller nacional.

El ministro de Rela­ciones Exteriores, Rubén Ramírez Lez­cano, realizó una conferen­cia de prensa para anun­ciar las acciones que toma el Gobierno de Paraguay sobre las expresiones del presidente de la República de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en rela­ción a la Guerra de la Triple Alianza.

Durante un evento público el mandatario brasileño dijo que “un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil”, lo que generó una ola de críticas y repudio de las autoridades y la población paraguaya sobre el mayor genocidio del con­tinente.

“Los presidentes de la Repú­blica del Paraguay y de la República Federativa de Bra­sil han conversado telefóni­camente sobre este delicado asunto. Igualmente, hemos dispuesto convocar al emba­jador de Brasil para mañana, a las 12 horas, cuando junto con el vicepresidente de la Repú­blica, Pedro Alliana, haremos la entrega de una nota oficial de nuestro Gobierno”, expuso el canciller.

“Tengan por seguro que el gobierno del presidente San­tiago Peña y de esta Cancille­ría nacional siempre defende­remos los más altos intereses del Paraguay en todos los ámbitos”, aseguró el jefe diplomático.

Detalló que tanto la conver­sación entre ambos presi­dentes como la decisión de convocar al representante diplomático de Brasil se dio tras una conversación que mantuvo con el canciller del vecino país, Mauro Vieira, que se desarrolló en la ciu­dad de Lima, Perú.

Explicó además que el Gobierno abordó este tema desde un principio, desde las declaraciones públicas de Lula, que ya se dieron la semana pasada. “Bajo el liderazgo del presidente San­tiago Peña, desde un primer momento hemos abordado el tema al más alto nivel, la diplomacia tiene sus tiempos y sus formas, y la templanza del presidente de la República Santiago Peña ha sido funda­mental en la administración de tiempos y formas”, indicó el canciller en esta conferencia.

Por otra parte, también des­tacó la reacción de la ciuda­danía paraguaya en defensa de la memoria histórica del Paraguay.

“Destaco, en primer lugar, que como Gobierno valo­ramos y compartimos los sentimientos de nuestra ciudadanía con relación a las declaraciones del presi­dente de la República Fede­rativa de Brasil acerca de la Guerra de la Triple Alianza. Nos enorgullece la coinci­dencia de toda la ciudada­nía sobre el episodio tan sensible de nuestra histo­ria. La dignidad de Para­guay no se negocia”, afirmó el ministro.

El Gobierno paraguayo formalizará hoy al mediodía una protesta oficial ante el embajador de Brasil, José Antonio Marcondes, en un acto que se desarrollará en la sede de la Cancillería Nacio­nal. Serán el vicepresidente Pedro Alliana y el canciller Rubén Ramírez Lezcano quienes hagan entrega de la nota diplomática, en respuesta a las declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien atribuyó a Paraguay el inicio de la Guerra de la Triple Alianza al señalar que el país “decidió invadir” a Brasil. Además del reclamo formal por los dichos, el Ejecutivo exige gestos concretos de reparación histórica, entre ellos la res­titución del Cañón Cristiano y otros trofeos de guerra retenidos por Brasil desde el conflicto de 1864-1870, un pedido que también fue incorporado por Diputados en su pronunciamiento institucio­nal de esta semana.

Ecuador y Paraguay acuerdan incorporar la extradición para combatir la impunidad.

• AFP

Ecuador y Paraguay suscri­bieron acuerdo de extradi­ción para combatir el cri­men organizado, durante una visita del mandatario paraguayo, Santiago Peña, a Quito. Peña y el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, ambos de derecha y alia­dos del presidente Donald Trump, se reunieron en la sede presidencial para afinar estrategias contra el narco­tráfico y otros delitos.

En ese sentido, acorda­ron incorporar la figura de la extradición. El tratado “fortalecerá la cooperación judicial y permitirá agilizar los procesos de extradición para combatir la impuni­dad”, señaló la Presidencia de Ecuador en un comuni­cado. “Al crimen organi­zado lo vamos a combatir con instituciones organiza­das, con países organizados”, dijo Peña en una declaración conjunta.

Paraguay y Ecuador “tie­nen muy claro que nunca va a haber desarrollo y prospe­ridad en nuestras naciones si primero no somos capaces de ofrecer seguridad, seguridad jurídica, seguridad física”, agregó. Ecuador encara una violencia sin precedentes debido a la guerra entre orga­nizaciones criminales que se disputan el control de rutas para el narcotráfico.

El presidente adelantó también que en los próximos meses se concluirá en este distrito el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia.

El presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, desa­rrolló su jornada de gobierno en el departamento de Ita­púa, donde realizó la entrega de aportes y viviendas en el distrito de Alto Verá. En el marco de esta visita, se llevó a cabo una jornada de atención integral y la inauguración de viviendas para la comunidad indígena perteneciente a la parcialidad Mbya Guaraní.

“Quiero reafirmar mi compro­miso con todo el pueblo de Alto Verá, esta visita que estamos haciendo con 35 institucio­nes del Estado es una oportu­nidad para que el Estado venga a Alto Verá a atender al pueblo”, expresó Peña en su alocución. El presidente adelantó tam­bién que en los próximos meses se concluirá en este distrito el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), donde se asistirá a los niños y sus familias.

“Vamos a seguir viniendo a Alto Verá, nosotros vamos a ir donde la gente más nos nece­sita, ese es nuestro compro­miso. En 7 meses se va a ter­minar el Centro de Atención Integral a la Primera Infan­cia, ese es un programa que va cambiar la vida de nuestros niños”, refirió el mandatario. Peña detalló sobre los benefi­cios y servicios que tendrán en el centro. “A partir de los cuatro meses hasta los cuatro años las madres van a poder llevar a sus hijos ahí, esos niños van a reci­bir la alimentación, va a recibir el cuidado, va haber una oficina del Registro Civil para hacer documentos, va haber atención médica, va tener atención inte­gral para que nuestros hijos en el momento más impor­tante hasta que ingresen a la escuela estén mejor prepara­dos”, señaló.

El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.

La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.

El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.

“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.

“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.

Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.

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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.

La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.

El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.

Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.

“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.

El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.

Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.

“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.

“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.

El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.

Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.

Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.

“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.

• Fuente: AFP

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