El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en la jornada de este miércoles 29 de julio llevará adelante la tercera emisión de Bonos del Tesoro correspondiente al ejercicio fiscal 2026, a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

En esta oportunidad, se hará la reapertura de dos series de Bonos del Tesoro con vencimientos en los años 2030 y 2035, ofreciendo a los inversionistas títulos de deuda pública con pagos de cupones de manera semestral (ver detalles en la imagen de abajo).

La colocación está tercera en el presente ejercicio y forma parte del calendario de emisiones previsto para 2026 y busca ampliar las alternativas de inversión en el mercado local, promoviendo el desarrollo del mercado bursátil paraguayo, de acuerdo a lo informado por la cartera de Estado.

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Los interesados podrán consultar el Pliego de Bases y Condiciones, disponible en la sección Bonos Internos del sitio web del MEF. Además, podrán obtener información a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), las Casas de Bolsa habilitadas o el Banco Central del Paraguay (BCP). Más información está disponible en este enlace.

Para recordar las colocaciones anteriores, en el mes de abril el MEF captó la suma de G. 695.000 millones, mientras que en junio pasado llegó G. 974.350 millones. De acuerdo a la calendarización, están fijadas otras emisiones de deuda el 23 de setiembre y el 28 de octubre.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, participó la mañana de este lunes en el lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizado por la Contraloría General de la República en sede de la Cancillería Nacional.

Durante el acto, el canciller destacó que esta iniciativa representa mucho más que un ejercicio técnico, ya que constituye una oportunidad para que el Paraguay evalúe su sistema de integridad pública conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. Señaló que este proceso contribuirá a fortalecer las instituciones, perfeccionar las políticas públicas y consolidar una cultura de integridad en toda la administración pública.

Asimismo, subrayó que la realización del estudio coincide con el proceso de modernización institucional que impulsa el país, acompañado de reformas orientadas a fortalecer el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. “Las recomendaciones que surjan de este proceso constituirán una valiosa hoja de ruta para seguir consolidando un Estado más íntegro, eficaz y cercano a la ciudadanía”, refirió.

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El ministro recordó además que esta iniciativa se enmarca en la política de Estado que busca profundizar la relación del Paraguay con la OCDE e incorporar las mejores prácticas internacionales para fortalecer la calidad de las instituciones y generar mayores oportunidades para el desarrollo del país.

Indicó que, desde su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2017, Paraguay ha fortalecido progresivamente este vínculo mediante la adopción de instrumentos internacionales, la participación activa en diversos órganos de trabajo y, más recientemente, la implementación del Programa País.

El canciller expresó su reconocimiento a la OCDE por el acompañamiento permanente brindado al Paraguay y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su apoyo para la realización del estudio.

Asimismo, destacó el liderazgo de la Contraloría General de la República como punto focal de esta iniciativa, que marca un hito en el fortalecimiento de la integridad pública al someter el sistema nacional a una evaluación conforme a altos estándares internacionales y basada en evidencia.

Durante esta semana, especialistas de la OCDE desarrollarán una intensa agenda de trabajo con instituciones públicas, organismos de control y representantes de distintos sectores de la sociedad paraguaya. Este proceso permitirá elaborar un diagnóstico basado en evidencia sobre el sistema nacional de integridad y formular recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y desafíos del país.

Del acto participaron el contralor general de la República, Camilo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez; así como otras autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.

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El asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, reveló la estrategia de “alivio financiero” que impulsa la previsional para que el 75 % del presupuesto para medicamentos se pueda pagar en cuotas bancarias de corto plazo. La propuesta de Pereira no es solo desplazar vencimientos en lo inmediato, sino buscar un marco legal que permita reestructurar la deuda a 10 años (con 2 años de gracia) y emitir bonos.

Invitado en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, señaló que el actual presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, inició una serie de visitas a los distintos centros de atención, acompañado de la gerencia de abastecimiento y logística. Justamente, para empezar a inventariar no solamente las necesidades insatisfechas y la falta de medicamentos, sino también para medir la fuerza laboral médica.

Señaló que, a partir de ahí, están inventariando, incorporando una auditoría médica, acompañando a la auditoría a la administrativa normal como para medir las distintas órdenes de servicio que se solicitan. “El reto va a estar en, primero, saber cuánto tenemos y en base a eso dosificar lo que se necesita y en vez de tener para dos años para ir acortando en base al universo de los más de 500 medicamentos que componen el vademécum”, precisó.

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Mencionó que está acompañando esta etapa difícil para poder concretar financieramente todos los pasos que se puedan dar, no solamente para corregir esta situación desplazando vencimientos a fin de ganar tiempo. Pero, aclaró que de ninguna manera tiene que ser un sustituto a una reprogramación integral de la deuda.

Reconoció que la deuda total del IPS asciende a unos USD 1.265 millones (USD 800 millones con bancos y USD 400 millones con proveedoras) y que actualmente solo se cubre el 25 % de las necesidades operativas/medicamentos debido a la asfixia de las cuotas bancarias.

“Ese 25 % que resulta insuficiente, eso se deriva de la concentración en su mayor porcentaje, que es el 75 % restante, en atender las cuotas que el Fondo de Salud tiene con el sector bancario. Como esas deudas provienen de arreglos de deudas anteriores, créditos sindicados, cesiones de crédito de años anteriores, pero que todos son de corto plazo, ese cortoplacismo hace de que las cuotas sean demasiado grandes”, comentó.

El asesor del IPS aclaró que no se trata de una refinanciación, que se realiza cuando la deuda ya está vencida, y que la institución no se encuentra en incumplimiento de ningún tipo de obligación. La reestructuración parcial “es apenas una medida paliativa para tener un semestre más tranquilo y asegurarle a la gente que no le falte medicamento”, remarcó.

Pereira explicó que ahí recién empieza el verdadero desafío de aprovechar esta situación crítica y establecer un mecanismo legal que le permita al IPS poder tomar una deuda o emitir bonos local, de manera de que se pueda tener una reprogramación de deuda a 10 años, con mínimo 2 años de gracia y con un mecanismo de blindaje.

El asesor señaló que estará trabajando para que el IPS cuente un instrumento legal que contemple sus características de entidad autónoma, autárquica y descentralizada, con el objetivo de que pueda depender de sí misma porque tiene flujos importantes. “También trabajamos en forma simultánea y multifrontal, porque no solamente acá es arreglar la deuda, también tenemos que tomar medidas para aquellos que le deben al IPS, empezando por el Estado”, señaló.

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El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente segundo, Gustavo Santander, presentó su informe de gestión jurisdiccional correspondiente al primer semestre del año 2026. Este documento reúne los indicadores sobre la tramitación de expedientes y las providencias emitidas durante el período comprendido entre el 2 de febrero y el 29 de junio del presente año.

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la transparencia institucional y facilitar el acceso a la información pública, el Gabinete del ministro Gustavo Santander Dans dio a conocer las cifras que respaldan su labor en la máxima instancia judicial.

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El informe detalla la gestión de expedientes en estado de admisibilidad y del estudio sobre el fondo de las acciones presentadas en dicha sala, así como las providencias dictadas en el ejercicio de sus funciones.

En materia de expedientes en estado de admisibilidad, se asignaron 3.036 casos, de los cuales 2.907 fueron devueltos con la firma del ministro, quedando 129 pendientes al cierre del período. Respecto a los expedientes en estado de fondo, se registraron 1.177 casos asignados: 1.115 fueron devueltos firmados y 62 quedaron pendientes. Asimismo, entre el 2 de febrero y el 29 de junio de 2026, se firmaron 777 providencias (560 de trámite y 217 de autos), sin registrarse actuaciones pendientes en este apartado.

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