Este lunes prosiguió el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio con una sesión corta en que se alistaron pruebas documentales y concluyó, a los diez minutos, debido a una indisposición de salud de la abogada Gilvi Quiñonez, representante legal del exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El proceso continuará el próximo lunes 14 de setiembre.

Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, por haber recibido presuntamente favores del empresario brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marquéz de Padua, detenido en Brasil por narcotráfico; mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, hasta su destitución en febrero de 2022, a causa del escándalo vinculado por dicho relacionamiento.

El proceso judicial en contra del exministro se encuentra en su etapa final, de acuerdo a la presentación de la acusación por parte de la fiscalía, Giuzzio tuvo pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.

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En el marco del juicio oral, la fiscalía expuso la hipótesis que trabajaron en el caso conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius.

Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022. La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrada por los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, realizó la acusación por cohecho pasivo agravado el 16 de agosto del 2023.

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Tras la amenaza de Giuzzio a fiscales, la audiencia oral se desarrollará bajo extrema seguridad.

El juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto narco­traficante Marcus Vinicius Espíndola, continuará este lunes desde las 7:00 con la presentación de pruebas documentales y testigos.

Tras la amenaza comuni­cada por la fiscala Verónica Valdez al tribunal de senten­cia que preside la magistrada Adriana Planás, la audien­cia oral se desarrollará bajo extrema seguridad. Se dis­pondrá de varios agentes policiales en la sala de juicios y en el pasillo a los efectos de evitar cualquier agresión física por parte del acusado hacia los representantes del Ministerio Público.

El fuerte dispositivo de seguridad dentro y fuera de la sala de juicios orales ya se pudo observar en la sesión anterior. Esta situación solo se dispone cuando los acusa­dos son considerados peli­grosos y tienen vínculos con el crimen organizado, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Ver­melho.

Días atrás, la fiscala Val­dez fue custodiada por varios uniformados desde su ingreso a la sede judicial. Esto se realizó para evi­tar que Giuzzio cumpla su supuesta promesa de ame­naza o, en su defecto, preve­nir cualquier tipo de roces o agresión que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado, quien es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, actualmente dete­nido en Brasil.

En la ocasión anterior, la agente puso en conocimiento del Tribunal de Sentencia –integrado por los magistra­dos Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete– la situación de amedrenta­miento protagonizada por Giuzzio al término de la audiencia previa. Según alegó, el acusado “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desa­fiante y desmedida, como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registra­ron la situación”. Además, agregó: “Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares, solicitamos al tri­bunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.

Las cámaras del canal GEN/Nación Media captaron el momento en el que el exmi­nistro del Interior y de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) increpó a ambos agentes del Ministe­rio Público apuntando con el dedo. “Vamos a hablar des­pués”, mencionó de manera prepotente tras ser vincu­lado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, y otros testigos clave que se desem­peñaron como funcionarios de la empresa Ombú SA, pro­piedad del capo narco.

El presunto amedrenta­miento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le solicitara concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abran, cha­mígo, una causa, tengan hue­vos. Yo estoy superconcen­trado en mi defensa, ustedes son los que tienen que con­centrarse después”, replicó el acusado al reclamar imputa­ciones contra otras personas ajenas a su causa.

“Este tribunal ha tomado conocimiento y se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido, hemos tomado como medida mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala, y ya están previstas todas las acciones para que en adelante contemos con la debida protec­ción. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto mutuo y no se permitirá ninguna falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Adriana Planás.

Este lunes 7 de setiembre, a las 7:00, continúa el juicio oral contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en una etapa clave del proceso por cohecho pasivo agravado. La audiencia se reanudará bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego del incidente protagonizado por el exfuncionario en que habría amenazado a los fiscales que sostienen la acusación en su contra.

Esta medida de seguridad se viene aplicando desde la última sesión del juicio oral, luego de que el Tribunal de Sentencia tomara conocimiento de las presuntas amenazas efectuadas por Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, en los pasillos del Poder Judicial. Por disposición de los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete se estableció que los agentes fiscales estén acompañados de fuerte custodia policial.

El exministro Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, luego de la presentación que hicieron los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia y Jorge Arce, el 16 de agosto del 2023.

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Los fiscales sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo pleno conocimiento de las intenciones del presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua (actualmente detenido en Brasil) de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.

Durante el juicio oral, la Fiscalía tuvo oportunidad de exponer su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.

La reacción y amenaza de Giuzzio a los fiscales sucedió al concluir una audiencia del juicio público y oral en que el exviceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, prestara nuevamente declaración y complicara aún más al acusado sobre su presunto vínculo narco.

De acuerdo a las declaraciones de la fiscal Valdez, el testigo declaró durante 4 horas aproximadamente. Entre lo que resaltó como relevante es que se exhibieron comunicaciones (mensajes de textos) en que el exviceministro Ríos tuvo con el señor Marcus Vinicius.

“Él reconoció estas comunicaciones y entre la información que se exhibió estuvieron fotografías de vehículos, que él reconoció que eran de la Policía Nacional y que esos vehículos fueron reparados efectivamente por el señor Marcus Vinicius a través de su empresa y que él dijo que uno de los vehículos iba a ser apadrinado (o patrocinado). Aparte de eso, también reconoció otras comunicaciones que tuvo con él, que estos vehículos estuvieron en su empresa. Reconoció una filmación donde estaba uno de estos vehículos”, relató la fiscal.

Remarcó que estos datos son brindados por el testigo, son relevantes porque se sostiene efectivamente que se recibieron beneficios de Marcus Vinicius a cambio de futuras licitaciones. En diciembre de 2021, el exministro abdista organizó en sede de la Fope una muestra de equipos del empresario brasileño para la Policía Nacional.

Giuzzio fue destituido el 22 de febrero de 2022 como ministro del Interior por el escándalo de usufructuar un vehículo particular de la esposa del capo brasileño, luego de que el suyo tuviera fallos durante un viaje de vacaciones a Brasil. La investigación encontró una serie de chats entre ambos, desde julio de 2021 a febrero de 2022, que acabó cuando Marcus Vinicius fue detenido en un operativo antidrogas desplegado por Brasil y Paraguay.

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Acusan por tercera vez y piden juicio oral contra Miguel Prieto por lesión de confianza, que se investiga un perjuicio de G. 757 millones por el pago del Consejo de salud de la Intendencia de Ciudad del Este por obras inexistentes. La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno.

Los fiscales del caso acusaron a Miguel Prieto “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza´, tipificado en el Art. 192 inc. 1º del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inc. 1º del mismo cuerpo legal antes citado, en calidad de autor”.

También fueron acusados, Sebastián Martínez Insfrán “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal, en calidad de cómplice”; y Valeria Romero “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal en calidad de cómplice”.

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La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico. Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.

Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos. En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.

Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.

En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Por otra parte, el lunes pasado inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como “Tía Chela”, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones.

Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado “Caso Tajy”, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez Penal de Garantías Humberto Otazú.

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