Tras un proceso judicial de más de ocho años, el Tribunal de Sentencia absolvió -por unanimidad- de culpa y pena a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad.
Los magistrados determinaron que no se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados.
Boidanich había sido imputado por el Ministerio Público porque supuestamente había ocultado y retrasado de forma deliberada reportes de operaciones sospechosas vinculadas al ciudadano brasileño Darío Messer.
La Fiscalía solicitaba una pena de dos años y seis meses de cárcel para el exfuncionario por supuestamente retrasar reportes sospechosos.
Al respecto, Boidanich resaltó que el tribunal analizó una gran cantidad de pruebas y testigos presentados durante el juicio. Asimismo, enfatizó que ninguno de los elementos probatorios ni testimonios presentados demostró que él hubiera intentado frustrar, obstaculizar o cometer alguna irregularidad en la investigación contra Messer.
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Gobierno prepara kits de víveres para mantener Hambre Cero ante El Niño
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, señaló que el Gobierno está comenzando a dispersar la alerta y organizar la prevención ante una eventual llegada del fenómeno climático El Niño. Ante esta situación anunció que se prepara un mecanismo para garantizar la continuidad de programa Hambre Cero ante una eventual emergencia.
A fin de ir coordinando los trabajos, el ministro Rojas señaló que junto a sus colegas ministros de Defensa Nacional, Óscar González; el de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja y el viceministro de Niñez y Adolescencia, Eduardo Escobar, acudieron por invitación del Consejo de Gobernadores para una mesa de trabajo para coordinar todas las acciones que se podrían dar ante una eventual emergencia.
En conversación con La Nación/Nación, señaló que si las inundaciones obligan a suspender las clases, ya existe una resolución del Consejo Nacional de Alimentación Escolar para garantizar que, si se declara una emergencia y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispone la suspensión de clases, la alimentación escolar debe de continuar sin interrupción.
Para ello, señaló que se prevé entregar kits de víveres a los padres para evitar que los niños queden sin alimentación escolar. Destacó además el compromiso que asumieron los gobernadores de cooperar en el esfuerzo de prevenir, pero también de asistir rápidamente a las familias, en donde se den algunas situaciones de riesgo.
Resaltó el gran avance que están teniendo en materia de planificación de la provisión de kits de víveres, para ello, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición está previendo los requisitos técnicos.
“Si se da la emergencia nacional y suspensión oficial de clases por parte del Ministerio de Educación, que la alimentación escolar no sea interrumpida y que sean proveídos a los padres de los kits de víveres para los niños y puedan estos ser alimentados por sus padres”, explicó.
Agregó que en la medida en que el MEC determine que las clases se impartirán a distancia o en la modalidad que decidan; lo concreto es que no se permitirá la suspensión de la alimentación escolar a los niños en caso de que haya algún tipo de impedimento por el fenómeno natural.
Preparación conjunta
Asimismo, el ministro Rojas señaló que el objetivo de este tipo de reuniones que se están llevando adelante es para que estén todas las autoridades departamentales y locales, preparadas para cuando se venga este fenómeno climatológico, de tal modo se pueda prevenir los posibles escenarios teniendo todas las herramientas necesarias.
“Las gobernaciones siempre tienen recursos de gasto sociales cuando se declara emergencia, eso a ellos les facilita indudablemente ejecución de algunos recursos que se les asignan. Es un tema que se viene hablando permanentemente a nivel de Gabinete del presidente Peña y estamos empezando ahora a dispersar un poco más las alertas y la prevención que tenemos que organizar con tiempo”, comentó.
El ministro Rojas explicó que si bien no maneja con precisión el periodo en que se desarrollará este fenómeno climático, hoy escuchó decir al ministro de Defensa, quien sí está manejando estos datos, que en principio se prevén unas lluvias intensas para fin de septiembre, pero que como se viene hablando, la etapa más crítica podría ser en el mes de diciembre, más o menos.
Finalmente resaltó que existe un buen ambiente en el diálogo con los gobernadores de los 17 departamentos del país, resaltando que hoy ratificaron el compromiso para colaborar muy de cerca con las acciones del Gobierno central, obviamente como parte del Poder Ejecutivo en cuanto se dé la necesidad, por lo que pueda ser este fenómeno climático.
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Tribunal absolvió por duda razonable a exjueza acusada por prevaricato
Un tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rossana Maldonado, Juan Ortiz y Lourdes Garcete, decidió absolver de culpa y pena por duda razonable a la exjueza en lo civil, Tania Irún. La exmagistrada fue juzgada por el presunto delito de prevaricato tras entregar más de 310.000 hectáreas de tierra a empresas de maletín en Alto Paraguay.
De acuerdo con el colegiado, el Ministerio Público no logró probar qué motivación o interés habría llevado a la procesada a dictar la resolución cuestionada.
Tanto la querella como la Fiscalía adelantaron que analizarán los argumentos del tribunal de Sentencia para apelar el fallo judicial. En caso de ser así, un tribunal de Apelación definirá si corresponde que otro tribunal de Sentencia vuelva a juzgar a Irún.
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Jueces contra el voto de ministros
Los jueces de Sentencia Rossana Maldonado, Juan Ortiz y Lourdes Garcete desmeritaron los votos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, integrantes de la Sala Penal. Ambos ministros, en su calidad de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), habían señalado que la entonces jueza Tania Irún violó la ley de seguridad fronteriza, motivo por el cual se había resuelto su destitución.
Con esta sentencia de absolución, los magistrados contradijeron el criterio de los dos ministros de la máxima instancia judicial.
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Tras mortal ataque en Canindeyú, Diputados pide radiografía de la infraestructura policial
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución por el que solicita a la Comandancia de la Policía Nacional un informe detallado sobre el estado edilicio de todas las sedes policiales del país.
La iniciativa surge a raíz del trágico ataque al Puesto Policial N.º 4 de la colonia Naranjito, en el departamento de Canindeyú, que, según el diputado colorado Hugo Meza, dejó en evidencia la extrema precariedad de la infraestructura de seguridad.
El pedido establece un plazo constitucional de 15 días para detallar la cantidad exacta de comisarías, subcomisarías y puestos que continúan siendo de madera o que a pesar de estar construidos con material cocido (ladrillo), requieren una urgente reparación estructural.
El proyecto legislativo obtuvo el acompañamiento de la mayoría del plenario de la Cámara Baja, al momento que fue presentado como conmoción, en el espacio de tratamientos sobre tablas, de la sesión extraordinaria llevada a cabo el martes último.
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El diputado Meza explicó que es indiscutible la gravedad del violento asalto perpetrado por un grupo de aproximadamente 30 personas armadas y vestidas con prendas camufladas contra el referido puesto policial de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. El trágico suceso dejó como saldo tres fallecidos, vehículos quemados y la destrucción total de la sede policial.
Al respecto, sostuvo que este hecho volvió a desnudar las precarias condiciones en las que operan los agentes de seguridad, ya que se constató que la base incinerada era una estructura antigua de madera, incapaz de ofrecer las garantías mínimas de protección. Agregó que esta lamentable situación se extiende a numerosas dependencias construidas con material cocido (ladrillo) que se encuentran en total deterioro.
La resolución aprobada consta de puntos específicos que la Comandancia deberá responder. Pide censar comisarías, subcomisarías o puestos policiales construidos con madera en el territorio nacional, especificando la cantidad exacta y su distribución por municipio, distrito y departamento.
Además, solicita remitir el listado pormenorizado de los locales hechos de ladrillo que presentan muy malas condiciones edilicias y demandan mantenimiento urgente, detallando ubicación exacta.
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Allanan Junta Municipal de Ypané tras nuevo juramento anulado por el TSJE
Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.
Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.
Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.
Ediles colorados coaccionados
Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.
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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.
“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.
Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.
“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.
De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.
Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.