La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analizó este lunes el proyecto de ley que busca renovar la emergencia nacional por consumo de sustancias psicoactivas.

Con esta medida se busca fortalecer las políticas públicas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por las adicciones.

La iniciativa surge tras el vencimiento, el pasado 6 de junio, de la declaración de emergencia anterior.

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Su fundamentación sostiene que las circunstancias que motivaron aquella medida persisten y requieren una respuesta sostenida, coordinada e integral por parte del Estado.

Durante el tratamiento en la comisión asesora, se recordó que se realizó una audiencia con representantes de distintas instituciones, que coincidieron en la importancia de renovar la declaración de emergencia.

Además, se planteó la necesidad de introducir modificaciones al texto para precisar las competencias y responsabilidades de cada organismo.

Se apunta asimismo a fortalecer la coordinación interinstitucional, incluida la participación del Ministerio del Interior.

Considerando estas propuestas, el bloque asesor resolvió postergar el dictamen para realizar consultas con el proponente y avanzar en la elaboración de un texto consensuado.

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La iniciativa popular plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

La abogada, espe­cialista en derecho penal, gobernabili­dad, gerencia política y ges­tión pública Dannia Ríos Nacif defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elabora­ción, distribución, promo­ción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico pro­tegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.

Mencionó que a través de la propuesta se “busca prote­ger el derecho constitucio­nal del niño, contemplado en el artículo 54 de la Cons­titución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funciona­rios y autoridades, a garanti­zarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.

Detalló que la incorpora­ción del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipifica­das en los artículos 135a y 135b.

“Se mantienen según la ley vigente (Ley n.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.

Con relación al cuestiona­miento de la senadora opo­sitora Esperanza Martínez, quien sostiene que la inicia­tiva adolece de serios proble­mas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexua­les, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se man­tienen conforme a la ley vigente (Ley n.º 7394/24).

El texto se elaboró origi­nalmente en el año 2023 y, mediante el trámite corres­pondiente, será incorporado al marco legal vigente”. Agregó que “en cuanto a la constitu­cionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar dere­chos de adultos para intro­ducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el inte­rés superior del niño”.

Consultada sobre si el pro­yecto apunta a impedir toda forma de acceso a la infor­mación sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad.

Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aque­llos contenidos que inter­fieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.

La iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitu­ción Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizacio­nes como Fedapar, Fenapep, Frenvifa, Recnapy y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confe­sionales, sectores de la Iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó Ríos.

La abogada puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.

“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y apro­bado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumpli­miento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.

Un proyecto de ley “Que modifica el artículo 7° de la Ley Nº 5414/2015 ´De promoción de la disminución de uso de plástico polietileno´” fue presentado por los diputados Saúl González y Santiago Benítez.

Los proyectistas alegan que la iniciativa busca establecer criterios más equitativos para el cobro de las bolsas de un solo uso entregadas a los consumidores en los establecimientos comerciales.

Actualmente, la normativa prevé la posibilidad de cobrar por las bolsas de un solo uso, como mecanismo destinado a incentivar la reducción de su consumo y promover prácticas más responsables con el medio ambiente.

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En ese sentido, los proyectistas plantean que las bolsas que contienen logotipos, marcas comerciales, mensajes publicitarios o colores corporativos que identifican a los establecimientos comerciales sean entregadas sin costo.

“Resulta razonable establecer que aquellas bolsas que incorporen dichos elementos de identificación comercial sean entregadas sin costo para el consumidor, teniendo en cuenta que su utilización contribuye igualmente a la difusión de la imagen y los intereses comerciales de la empresa o marca correspondiente”, expresa parte del documento.

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El peritaje sobre los daños ocasionados y el comprometimiento de estructuras adyacentes, por el desprendimiento de azulejos en el quinto piso de la estructura exterior del edificio de la Cámara de Diputados, estaría listo en los próximos días.

El director del área de mantenimiento y recursos físicos del Congreso Nacional, Sebastián Romero, indicó que la acción primaria es la de aislar el área afectada, la acción preventiva y la seguridad de los funcionarios que utilizan ese sector.

“Vamos a realizar los peritajes correspondientes para ver las acciones que vamos a tomar y, de acuerdo a eso, saber cuáles son los pasos siguientes, ya sea qué intervenciones vamos a tomar, cuánto es el costo que va a llevar, porque ahora mismo no podemos decir, no tendría los números. Eso normalmente lleva unos 10 días aproximadamente; ahora, prioritariamente, es la parte de seguridad”, indicó el director a los medios de prensa.

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El área afectada fue clausurada y aislada para la realización de los trabajos de prevención y luego el peritaje, que también contará con el apoyo de profesionales externos al Congreso para determinar no solo los daños, sino también la reparación del área afectada por la caída de los materiales y la estructura que se desprendió desde el quinto piso.

“Ahora estamos haciendo la parte preventiva, priorizando la seguridad del entorno y lo que es la parte de seguridad de los ocupantes; de hecho, clausuramos todo el acceso al sector, solamente gente nuestra del área que está trabajando en instalar la parte de seguridad”, aclaró el funcionario del Congreso.

Por otro lado, aclaró también que ya se venía realizando un trabajo de relevamiento sobre la estructura edilicia con una universidad. “Estamos trabajando justamente, a pedido del presidente del Congreso Basilio Núñez; estuvimos trabajando de manera conjunta con la Facultad de Ingeniería para unas revisiones de la infraestructura edilicia, dentro de las cuales está previsto el trabajo de refacciones externas del edificio, que son justamente los revestimientos, partes de revisiones de los techos”, apuntó.

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