Un grupo de 13 países -incluido el Paraguay- que integran la alianza Escudo de las Américas hicieron un llamado a respetar el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia, en medio de la transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella.
La declaración es respaldada por los gobiernos de Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago y Paraguay.
El pronunciamiento se conoció luego de que el presidente Petro, volviera a cuestionar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.
Garantizar el proceso de transición
“Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin motivos debidamente fundamentados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre con respecto al curso normal de la transición institucional”, refiere el manifiesto.
Así también los gobiernos expresaron su rechazo a cualquier acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por los ciudadanos y, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes. Así como cualquier situación que busque obstruir la transición institucional, conocida en Colombia como el proceso de empalme.
“La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino más bien un deber constitucional e institucional diseñado para garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular”, subraya.
Por ello, desde esta alianza de países se hace “un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta adhesión a la Constitución, la ley y los principios democráticos; a respetar los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes”.
Se pide a las autoridades colombianas garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente, “de acuerdo con los más altos estándares del estado de derecho”.
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