La directora general de la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López”, Estefanía Laterza, informó que se habilitó el concurso 2026 con diez plazas para ingresar el servicio diplomático y consular. Explicó que el concurso 2026 corresponde a la decimonovena edición, sumándose a los 18 procesos realizados desde 2007 y para este período se establecieron diez vacantes, aunque cada convocatoria reúne normalmente entre 200 y 300 aspirantes, con un promedio de 280 por edición.
En entrevista con medios estatales, la embajadora Laterza puntualizó que el ingreso a la diplomacia no es únicamente una elección profesional, sino también una decisión de largo plazo. Dijo que la carrera diplomática forma parte del Servicio Civil de la República y constituye una carrera específica reconocida por la propia Constitución Nacional, al igual que las carreras militar y policial.
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Actualmente, el acceso al escalafón diplomático se realiza exclusivamente mediante concurso público en la categoría inicial de tercer secretario, desde la cual los funcionarios inician su trayectoria, conforme expresó.
Una vez seleccionados, los ganadores pasan automáticamente a ser funcionarios del Estado, con salario, seguro médico, vacaciones y todos los beneficios correspondientes a la función pública.
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Concurso de Buenas Prácticas Judiciales amplía plazo de postulación hasta este lunes
La Corte Suprema de Justicia informó que el plazo para presentar postulaciones al Concurso de Buenas Prácticas Judiciales 2026 se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, con el propósito de dar más oportunidades a los despachos y dependencias del Poder Judicial interesados en participar de esta iniciativa.
El certamen apunta a distinguir las experiencias que contribuyen a mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía, mediante propuestas innovadoras, soluciones creativas y acciones que reflejen el compromiso de magistrados y funcionarios con una administración de justicia más eficiente y accesible.
La convocatoria busca poner en valor el trabajo de las áreas jurisdiccionales y administrativas que impulsan mejoras en la atención a los usuarios, la transparencia, la integridad, el acceso a la información y la participación ciudadana, en consonancia con las políticas de Buen Gobierno Judicial.
Podrán participar tribunales, juzgados, direcciones, oficinas y otras dependencias de las distintas circunscripciones judiciales. La invitación también alcanza al área registral, correspondiente al Registro Unificado Nacional (RUN), además de los sectores administrativo y jurisdiccional.
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Criterios de evaluación
Las propuestas serán analizadas a partir de una serie de categorías y criterios establecidos sobre la base de la Guía de Espacios Amigables. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la innovación, la sostenibilidad, la receptividad y la viabilidad de las iniciativas, así como su aporte a la calidad del servicio judicial.
Una vez cerrado el periodo de recepción de candidaturas, comenzará la etapa de evaluación de las experiencias presentadas, que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026.
La entrega de reconocimientos está prevista para el miércoles 9 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional contra la Corrupción. La fecha busca destacar también la importancia de las buenas prácticas institucionales para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana.
Los interesados pueden consultar las bases y condiciones del concurso en www.pj.gov.py/buenaspracticas. Para obtener más información o realizar consultas, están habilitados el teléfono (021) 480-016, internos 2046 y 3838, y el correo electrónico buenaspracticas@pj.gov.py.
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CSJ premiará a jueces que promuevan la igualdad y la no discriminación
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este miércoles que la Secretaría de Género convoca al IV Concurso del Poder Judicial “Premio de Excelencia a la Incorporación del Derecho a la Igualdad y No Discriminación en las Resoluciones Judiciales”. La iniciativa está dirigida a magistrados y magistradas que deseen postular sus decisiones y demostrar cómo aplican la igualdad, la perspectiva de género y los derechos humanos al resolver casos judiciales.
El concurso busca distinguir aquellas resoluciones que contribuyan a una justicia más inclusiva, especialmente en la protección de mujeres y otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El objetivo es que las decisiones judiciales tengan en cuenta las distintas realidades de la población y garanticen el respeto de los derechos fundamentales, sin discriminación.
Esta es la cuarta edición del certamen, que tuvo sus primeras convocatorias en 2023, 2024 y 2025, con la participación de representantes de distintas circunscripciones judiciales del país.
Cómo participar
Desde el Poder Judicial indicaron que los magistrados interesados tienen tiempo hasta el 20 de noviembre de 2026 para presentar sus resoluciones. Las postulaciones deberán ajustarse a las bases y condiciones del concurso y enviarse por correo electrónico a segcsjconcursoderesoluciones@gmail.com. No se recibirán documentos en formato físico.
Además, deberán completar el formulario de postulación y adjuntarlo en formato PDF, conforme a los requisitos establecidos en el reglamento. Las bases, los detalles del procedimiento y el formulario están disponibles en el Observatorio de Género del Poder Judicial.
La organización estará a cargo de la Secretaría de Género, mientras que un jurado evaluará las candidaturas según los criterios establecidos. La institución prevé realizar la entrega de reconocimientos a las personas ganadoras durante este año.
Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono (021) 423-001 o escribir al correo electrónico habilitado para las postulaciones.
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Respaldan concurso interno en Alto Paraná y piden replicar la medida a nivel nacional
El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), vía una nota remitida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, así como a los demás ministros, manifestó su total respaldo al pedido hecho por el ministro César Diesel de realizar el llamado a concurso para vacantes en Alto Paraná de manera interna, lo que a criterio del gremio representa un acto de estricta justicia laboral para aquellos funcionarios que se capacitan constantemente en el Poder Judicial.
A través del comunicado, el gremio afirmó que desarrollar este proceso de manera interna, como dispuso la Corte Suprema de Justicia en su última sesión, “es un acto de estricta justicia laboral para los funcionarios jurisdiccionales y administrativos que se capacitan continuamente. Premia la preparación académica y la solvencia técnica del capital humano interno”.
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Señalan que quienes ya forman parte del Poder Judicial “poseen un conocimiento profundo de los sistemas de gestión y de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, una idoneidad construida a lo largo de años de servicio”.
Aunque aclaran que no se oponen al ingreso de nuevos profesionales, exponen que las vacantes de promoción “deben ser el derecho natural de progreso para quienes ya demuestran idoneidad en el terreno”.
“Apoyamos y agradecemos la postura del ministro superintendente de Alto Paraná, César Diesel, y el acompañamiento de los demás ministros de la CSJ. Solicitamos formalmente que esta decisión de priorizar concursos internos sea replicada en las demás circunscripciones judiciales del país”, concluye la postura gremial.
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Corte informa sobre el marco normativo de los concursos internos para cargos en Alto Paraná
La Corte Suprema de Justicia decidió, durante su sesión plenaria, iniciar los trámites administrativos para el llamado a concurso de funcionarios de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. La medida tiene como antecedente una solicitud de la Presidencia del Consejo de Administración de esa jurisdicción, en la que se propone priorizar concursos internos de promoción para cubrir cargos vacantes y atender las necesidades del servicio de justicia.
La iniciativa fue presentada mediante Nota N.P. N.º 301/2026, del 12 de octubre de 2026, por la camarista Juana Bertha Avalos Agüero, presidenta del Consejo de Administración de Alto Paraná. El planteamiento incluye cargos de actuarios judiciales y jefaturas.
Según el documento, la propuesta se fundamenta en la experiencia adquirida en el ámbito judicial, el conocimiento de los sistemas de gestión y de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, así como en las capacidades requeridas para el desempeño de estas funciones. La solicitud fue remitida a la Dirección General de Capital Humano para la elaboración de un informe sobre su adecuación a las disposiciones aplicables.
Respecto del marco constitucional, el artículo 46 de la Constitución de la República del Paraguay consagra el principio de igualdad, mientras que el artículo 47, numeral 3, garantiza el acceso a las funciones públicas no electivas bajo el requisito de idoneidad. Por su parte, el artículo 101 reconoce el derecho a ocupar funciones y empleos públicos y dispone que las distintas carreras, incluida la judicial, serán reglamentadas por ley.
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En cuanto al régimen legal, la Ley N.º 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, establece en su artículo 100 que, entre los requisitos para el ascenso de funcionarios públicos comprendidos en la carrera del servicio civil, se encuentra ganar el concurso interno respectivo. A su vez, el artículo 3.º reconoce que la carrera judicial se rige por sus propias normas y que dicha ley se aplica a ella de manera supletoria.
En el ámbito del Poder Judicial, la Acordada N.º 1309/2019 de la Corte Suprema de Justicia distingue dos modalidades de concursos de oposición de méritos y aptitudes: los públicos, destinados al ingreso de personas a la institución, y los internos institucionales, previstos para la promoción de funcionarios. Ambos procedimientos se rigen por los principios de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, imparcialidad y juridicidad.
Los concursos internos constituyen así una modalidad reglamentada para la promoción de funcionarios del Poder Judicial. Su aplicación a cargos específicos debe ajustarse a la naturaleza de las funciones, al régimen jurídico correspondiente y a las garantías constitucionales de igualdad e idoneidad.
Las condiciones de participación y las bases de los concursos deberán establecerse conforme al régimen jurídico aplicable a cada cargo. Las convocatorias serán difundidas a través de los canales oficiales del Poder Judicial, una vez aprobadas por las instancias competentes.
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