La Cámara de Diputados convoca a sesión extraordinaria para este miércoles a las 10:00 para tratar como único tema el proyecto de ley con media sanción del Senado que busca brindar protección a los ahorristas de ueno bank, otorgándole además liquidez inmediata.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, anunció que el cuerpo legislativo dará tratamiento prioritario y urgente al proyecto de ley “que establece la ampliación de la Garantía de Depósitos Bancarios del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para la cobertura de la totalidad de los fondos públicos depositados en la entidad bancaria denominada ueno bank”.

La normativa plantea una modificación excepcional y perentoria a los límites actuales establecidos en la Ley Nº 2334/03 de Garantía de Depósitos.

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El objetivo es salvaguardar los activos del Estado y evitar un perjuicio patrimonial irreversible a las instituciones públicas que mantenían sus reservas e inversiones en el banco bajo proceso de resolución.

Con esta herramienta legal se busca autorizar al Banco Central del Paraguay (BCP) a utilizar los mecanismos de liquidez y los recursos del FGD para cubrir de forma total -y no solo hasta el tope legal ordinario de 75 salarios mínimos- las cuentas correspondientes a los entes públicos afectados.

El texto aprobado este martes por los senadores establece un anticipo de la garantía de depósitos de hasta 40 salarios mínimos por depositante, previa compensación de sus obligaciones con la entidad.

La ley prevé el pago dentro de las 24 horas siguientes, una vez aprobada la iniciativa legislativa.

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Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.

Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.

Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.

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Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.

De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.

Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.

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La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analizó este lunes el proyecto de ley que busca renovar la emergencia nacional por consumo de sustancias psicoactivas.

Con esta medida se busca fortalecer las políticas públicas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por las adicciones.

La iniciativa surge tras el vencimiento, el pasado 6 de junio, de la declaración de emergencia anterior.

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Su fundamentación sostiene que las circunstancias que motivaron aquella medida persisten y requieren una respuesta sostenida, coordinada e integral por parte del Estado.

Durante el tratamiento en la comisión asesora, se recordó que se realizó una audiencia con representantes de distintas instituciones, que coincidieron en la importancia de renovar la declaración de emergencia.

Además, se planteó la necesidad de introducir modificaciones al texto para precisar las competencias y responsabilidades de cada organismo.

Se apunta asimismo a fortalecer la coordinación interinstitucional, incluida la participación del Ministerio del Interior.

Considerando estas propuestas, el bloque asesor resolvió postergar el dictamen para realizar consultas con el proponente y avanzar en la elaboración de un texto consensuado.

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La iniciativa popular plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

La abogada, espe­cialista en derecho penal, gobernabili­dad, gerencia política y ges­tión pública Dannia Ríos Nacif defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elabora­ción, distribución, promo­ción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico pro­tegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.

Mencionó que a través de la propuesta se “busca prote­ger el derecho constitucio­nal del niño, contemplado en el artículo 54 de la Cons­titución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funciona­rios y autoridades, a garanti­zarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.

Detalló que la incorpora­ción del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipifica­das en los artículos 135a y 135b.

“Se mantienen según la ley vigente (Ley n.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.

Con relación al cuestiona­miento de la senadora opo­sitora Esperanza Martínez, quien sostiene que la inicia­tiva adolece de serios proble­mas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexua­les, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se man­tienen conforme a la ley vigente (Ley n.º 7394/24).

El texto se elaboró origi­nalmente en el año 2023 y, mediante el trámite corres­pondiente, será incorporado al marco legal vigente”. Agregó que “en cuanto a la constitu­cionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar dere­chos de adultos para intro­ducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el inte­rés superior del niño”.

Consultada sobre si el pro­yecto apunta a impedir toda forma de acceso a la infor­mación sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad.

Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aque­llos contenidos que inter­fieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.

La iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitu­ción Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizacio­nes como Fedapar, Fenapep, Frenvifa, Recnapy y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confe­sionales, sectores de la Iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó Ríos.

La abogada puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.

“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y apro­bado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumpli­miento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.