La Cámara de Diputados aprobó sendos pedidos de informes sobre servicios tercerizados de diagnóstico por imágenes prestados por Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec), tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Previsión Social (IPS).

El primer documento, “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Instituto de Previsión Social (IPS) sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”, solicita datos sobre los estudios realizados mediante este centro de diagnóstico por imágenes, que presta servicios médicos tercerizados a asegurados del IPS y pacientes del Ministerio de Salud Pública.

El segundo proyecto aprobado es el “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”. En este caso el acuerdo de tercerización está vigente desde febrero de 2024.

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Específicamente se solicita información sobre la cantidad de pacientes atendidos en los hospitales del IPS, discriminada por especialidades médicas, así como los costos que representa para la previsional la realización de cada estudio, diferenciados según las especialidades. El documento también requiere datos sobre las prestaciones tercerizadas y las condiciones del servicio.

Así también, la solicitud contempla información sobre la cantidad de pacientes atendidos, las especialidades de estudios realizados y los costos que representa para el Ministerio de Salud cada prestación, con el propósito de conocer el alcance de los servicios tercerizados y los recursos destinados a su contratación.

Ambos pedidos de informe buscan obtener datos sobre la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes mediante Meprotec, las especialidades médicas involucradas, la cantidad de pacientes atendidos y los costos asumidos por las instituciones públicas.

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Durante una audiencia pública convocada por la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, legisladores analizaron las necesidades y reivindicación del personal penitenciario, en el marco del estudio del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

La convocatoria permitió reunir a representantes del Ministerio de Justicia, funcionarios permanentes y contratados, además de organizaciones sindicales, con el propósito de generar un espacio de diálogo directo sobre las condiciones laborales y las necesidades presupuestarias del sector.

El encuentro puso énfasis en la búsqueda de mecanismos que permitan avanzar hacia una mayor equidad entre trabajadores que, pese a tener diferentes modalidades de vinculación, desarrollan funciones similares y están expuestos a responsabilidades y riesgos propios del ámbito.

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El director de la comisión, Francisco Ruffinelli, presentó los antecedentes de las gestiones realizadas y los avances alcanzados en materia de remuneraciones.

En su exposición, destacó la recategorización del personal permanente y la nivelación salarial de los funcionarios contratados.

Sobre el punto explicó que para 2027 siguen pendientes determinados planteamientos del sector, como la posibilidad de incorporar a funcionarios contratados bajo la modalidad de emergencia, a un mecanismo excepcional de concurso.

Se busca también extender la bonificación por insalubridad al personal contratado que cumple funciones penitenciarias y ampliar la unidad básica alimentaria a estos trabajadores.

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La Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) emitió un pronunciamiento en el cual pone de manifiesto su rechazo a la intención de gravar la tirzepatida con un tributo del 5 % sobre las ventas.

La iniciativa fue planteada en la Cámara de Diputados, donde se pretende imponer el impuesto al producto que comenzó a utilizarse inicialmente para combatir la diabetes y actualmente es un boom de ventas, considerando que también se emplea para bajar de peso.

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“Expresamos nuestro firme rechazo a la propuesta de aplicar un gravamen del 5 % sobre las ventas de tirzepatida. Consideramos que incorporar una carga tributaria a este medicamento representa un retroceso en el acceso al tratamiento y desconoce el esfuerzo económico que ya realizan los pacientes y sus familias”, indica parte del texto publicado.

Según Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la facturación del producto en frontera (sobre todo con Brasil) llega a los USD 80 millones al mes. Sobre el proyecto en el Legislativo informó que se consultó al Ministerio de Salud y a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) sobre la situación del medicamento a nivel local para tener un panorama más claro, considerando que el arancel cero corre para los medicamentos para combatir la diabetes, exclusivamente.

La posición de Cifarma es clara y sostiene que “la tirzepatida es un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2. Su utilización para el control del peso no elimina esa condición ni justifica reducir el debate a una cuestión estética”.

En otras cosas, el gremio considera un retroceso la intención de aplicar el impuesto al fármaco y sentencia: “Expresamos nuestro firme rechazo a la propuesta de aplicar un gravamen del 5 % sobre las ventas de tirzepatida”. El pronunciamiento lleva la firma de Hernán Streber, titular del gremio.

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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dictaminó este martes a favor de la aprobación del proyecto de ley que crea una Defensoría Pública en la ciudad de Mariano Roque Alonso (MRA).

Los proyectistas fundamentaron que una oficina en este distrito permitirá optimizar la distribución territorial de los servicios de defensa pública. Además, se reducirá la sobrecarga de otras dependencias regionales y fortalecerá los mecanismos de tutela judicial efectiva para los sectores más vulnerables.

“La creación de una Defensoría Pública en Mariano Roque Alonso contribuirá al fortalecimiento de la presencia institucional del Estado en una de las ciudades de mayor crecimiento del Departamento Central, permitiendo una atención más cercana, eficiente y accesible a la ciudadanía”, refiere el documento.

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Por otra parte, la comisión asesora también concedió dictamen de aprobación, con modificaciones de forma, al proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 14 de la Ley Nº 635/95 ‘Que reglamenta la Justicia Electoral’ y establece la creación del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial del Departamento de Caazapá”.

Igualmente, la Comisión de Presupuesto emitió dictamen recomendando la aceptación del veto total del Poder Ejecutivo a un proyecto de ley que modifica el Art. 9 de la ley que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas).

El proyecto pretende que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) —además de Asunción, Central y Presidente Hayes— asuma también la administración de la alimentación escolar en los departamentos de Concepción y Alto Paraná, hasta ahora gestionada por sus respectivas gobernaciones.

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