Diputados que integran la Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo postergaron emitir un dictamen sobre el proyecto de ley “de prevención de la migración juvenil mediante oportunidades de desarrollo integral”.
Los legisladores decidieron solicitar un parecer técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el propósito de conocer el eventual impacto fiscal del proyecto, las posibles fuentes de financiamiento y los mecanismos que aseguren su adecuada ejecución.
Durante la reunión de este miércoles, los miembros del organismo abordaron los objetivos y alcances de la propuesta legislativa, orientada a generar condiciones que favorezcan el arraigo de los jóvenes en el país.
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Según el proyecto, se plantea la promoción de oportunidades de desarrollo integral, el acceso a servicios esenciales y el fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a este sector de la población.
En el transcurso del análisis, se constató la existencia de aspectos vinculados al financiamiento que requieren una evaluación más profunda, atendiendo a que el proyecto no establece con precisión las fuentes de recursos necesarias para su implementación y sostenibilidad a largo plazo.
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Dación en pago: la alternativa que proponen para saldar la deuda del Estado con el IPS
El conflicto que surge sobre cómo cancelar la deuda histórica que el Estado mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) suma una nueva propuesta. El asesor de la previsional, Carlos Pereira, planteó utilizar la figura jurídica de la dación en pago, mediante la cual el Estado transferiría hospitales públicos a la entidad en compensación por parte de la deuda acumulada, evitando recurrir a una nueva emisión de bonos.
Esta alternativa nace en medio de la discusión sobre el saneamiento financiero de la previsional. Días atrás, la institución anunció que busca reprogramar parte de su deuda financiera a diez años con el objetivo de liberar recursos para fortalecer la compra de medicamentos y mejorar la disponibilidad de insumos en los servicios de salud.
En ese contexto, Pereira sostuvo que el Estado dispone de bienes que podrían utilizarse para cancelar sus obligaciones con la previsional. “Soy partidario de no pedir emisión de bonos por parte del Estado. Hay que buscar otros mecanismos”, afirmó a la 1020 AM.
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Como alternativa, propuso que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) transfiera al IPS los hospitales que actualmente utiliza y que pertenecen al Estado, siempre que el valor de tasación de esos inmuebles represente el monto de la deuda histórica.
La dación en pago es un mecanismo previsto en el derecho civil mediante el cual un deudor extingue una obligación entregando un bien distinto al dinero originalmente adeudado, siempre que ambas partes acepten esa modalidad de pago.
En este caso, implicaría que el patrimonio inmobiliario sustituya parcialmente el desembolso de recursos financieros. Según Pereira, una vez regularizada esa deuda histórica, podría establecerse una nueva relación financiera entre el IPS y el Estado, basada en reglas claras y coordinada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Está propuesta abre un nuevo debate sobre las alternativas para fortalecer la situación financiera del IPS sin incrementar el endeudamiento público mediante emisiones de bonos, y al mismo tiempo, busca dar una salida a una obligación que se arrastra desde hace años.
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Impulsan ascenso póstumo del cnel. Gabriel Sosa por legado en Guerra de la Triple Alianza
El diputado colorado Sebastián Remesowski presentó un proyecto de ley “que confiere el ascenso póstumo al grado de general de brigada al coronel Gabriel Sosa, último comandante de la Villa Encarnación y del Campamento Campichuelo durante la Guerra contra la Triple Alianza”.
La iniciativa tiene como finalidad rendir un homenaje al Coronel Gabriel Sosa mediante el otorgamiento, con carácter honorífico y póstumo, del grado de general de Brigada, en reconocimiento a su destacada actuación en la defensa del territorio nacional durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).
El proyectista sostiene que “el Coronel Gabriel Sosa se constituye una de las figuras militares más representativas del sur del país, por haber ejercido la comandancia de la Villa Encarnación y del Campamento Campichuelo, desempeñando un papel estratégico en la defensa del territorio nacional durante uno de los períodos más trascendentales de la historia del Paraguay”.
Asimismo, destaca que “su actuación militar, patriotismo, liderazgo y sacrificio forman parte del patrimonio histórico nacional y representan valores que deben ser preservados para las futuras generaciones”. El documento añade que “el reconocimiento mediante un ascenso póstumo constituye una práctica legislativa excepcional destinada a honrar a quienes realizaron aportes extraordinarios al Estado paraguayo y cuyos méritos históricos justifican una distinción de carácter nacional”.
Memoria al sendero ancestral indígena
Se resalta que la memoria del Coronel Gabriel Sosa se encuentra estrechamente ligada al Camino Real o Peabiru Ñanemba’eva, antiguo sendero ancestral de los pueblos guaraníes del Paraná Y’gua, utilizado en diferentes períodos de la historia nacional por figuras como San Roque González de Santa Cruz, el prócer Fulgencio Yegros y el propio coronel Sosa.
La exposición de motivos señala que actualmente subsisten aproximadamente trescientos metros originales de dicho camino histórico. “Este sendero constituyendo un invaluable patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la República del Paraguay, cuya preservación resulta de interés nacional”, expresa la iniciativa legislativa.
Finalmente, el proyectista afirma que la aprobación del presente proyecto contribuirá al fortalecimiento de la memoria histórica, al reconocimiento de quienes defendieron la soberanía nacional y al rescate del patrimonio cultural vinculado a uno de los principales escenarios históricos del departamento de Itapúa.
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Proyecto que busca consolidar al RUN como registro inmobiliario más ágil y seguro, pasa a la CSJ
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.
El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.
La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.
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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.
Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.
Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.
Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.
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MEF desembolsa G. 119.017 millones para pagos a proveedores y acreedores del Estado
La Dirección General del Tesoro Público (DGTP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desembolsó G. 119.017 millones para el pago de proveedores y acreedores del Estado, en el marco del calendario de pagos correspondiente a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas el martes 28 y el miércoles 29 de julio.
De acuerdo con la cartera económica, los compromisos fueron financiados con la Fuente 10 "Recursos del Tesoro", Fuente 20 “Recursos del Crédito Público” y Fuente 30 “Recursos Institucionales”.
Principales conceptos de pago
Según el detalle del calendario, el mayor desembolso corresponde a la Fuente 20, con G. 81.767 millones en concepto de proveedores y acreedores del Estado.
En tanto, con recursos de la Fuente 30 se desembolsaron por G. 32.711 millones para caja chica y obligaciones con proveedores y acreedores, mientras que la Fuente 10 contempla un desembolso de G. 4.539 millones para caja chica, gastos reservados y gratuidad en la educación superior.
MOPC, Salud y universidades figuran entre las entidades
El calendario de pagos incluye compromisos correspondientes a diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, universidades nacionales, el Ministerio de Defensa Nacional, la Presidencia de la República y otras entidades.
Los recursos están destinados a cubrir conceptos como medicamentos, servicios básicos, productos alimenticios, inversiones y otras obligaciones asumidas por el Estado.
El MEF recordó que el calendario detallado de pagos puede consultarse en su sitio web, dentro del apartado Consulta Ciudadana, en la sección Calendario de Pagos y Pagos a Proveedores. La información también está disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en el apartado Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas.
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