El tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos, Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dio continuidad este lunes al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tribunal definió sobre los incidentes planteados tanto por el Ministerio Público, parte acusadora, como de la defensa de Prieto y los demás acusados en el caso conocido como Tía Chela.

La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales con la distribución de kits de alimentos en época de la pandemia, por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando Prieto era intendente.

Uno de los incidentes planteados por la Fiscalía es una nota del 28 de marzo del 2020, que ya se encontraba en la carpeta fiscal, en este caso se presentó el pedido de solicitar informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), sobre el cambio de productos incluidos en el kit de alimentos.

“El tribunal, al haber constatado la existencia de la referida nota, que ya obraba en la carpeta fiscal, no se configura en la circunstancia de hecho nuevo invocado por el Ministerio Público como fundamento de su petición. En consecuencia corresponde rechazar la inclusión de los informes solicitados”, fue la respuesta del tribunal.

Agrega que, “no obstante, si en el transcurso del debate el Tribunal considera necesario de contar con algunos de los dichos informes, pueda disponer la solicitud de los mismos conforme a las facultades que le confiere el artículo 394 del Código Procesal Penal, como medida de mejor proveer”.

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El tribunal también se expidió sobre el pedido de incluir la declaración testifical del director de la DNCP, Agustín Encina. “Debe señalarse que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que una persona posee respecto a hechos o circunstancias que ha percibido y que guarda relación con el objeto del proceso. Este tribunal advierte que el Ministerio Público no señaló concretamente hecho u objeto del presente juicio había conocido el señor Agustín Encina, ni que el mismo haya tenido intervención directa en las circunstancias fácticas contenidas de la acusación”, mencionan.

Mientras tanto, el tribunal señala que “al fundamentar su pedido el Ministerio Público sostuvo que su declaración resulta necesaria por tratarse de un testigo calificado y experto que podría responder consultas sobre la pertinencia de la nota del 28 de marzo del 2020 sobre su regularidad o irregularidad y explicar si resulta factible ese tipo de procedimientos en materia de contrataciones públicas. Se rechaza dicha incidencia”.

Sobre la inclusión probatoria de 28 enlaces o links correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales que habían sido ofrecidas durante la audiencia preliminar y que no habían sido admitidas por el juzgado penal de Garantías, correspondientes a publicaciones y registros audiovisuales vinculados, entre otros aspectos con la adquisición, preparación y entrega de los kits de alimentos y publicaciones de medios periodísticos, el tribunal considera que corresponde diferir sobre su resolución.

La defensa dividió la solicitud en dos grupos, el primer grupo cuatro personas, “se sustentó en hechos nuevos señalando que dichas personas fueron localizadas pocos días antes del inicio del juicio, las mismas se encuentran individualizadas entre las 25 personas mencionadas en el informe y sus declaraciones permitirían establecer si se recibieron los kits de alimentos, si las firmas obrantes en las planillas les pertenece, y dónde residía al momento de los hechos, así como confrontar tales circunstancias con el contenido del informe”.

Por lo que el tribunal definió que “sus testimonios pueden resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos y para la elaboración del elemento probatorio, razón por la cual corresponde admitirlos”. De igual manera admitió los 56 testigos, ofrecidos por la defensa en un segundo grupo, que no fueron admitidos por el juzgado penal de Garantías, fueron seleccionados de una nómina de 126 personas, afectadas a la preparación y distribución y entrega de los kits de alimentos en distintos.

“Será durante el debate del juicio cuando podrá determinarse si resulta necesaria la declaración de los testigos admitidos, pudiendo prescindirse de aquellos cuyos testimonios resulten repetitivos o sobreabundante”, definió el tribunal.

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Por otra parte, el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa, de utilizar las redes sociales del exintendente para la transmisión del juicio, argumentando que los canales institucionales de la Corte y los diferentes medios de comunicación ya están transmitiendo cumpliendo el principio de publicidad.

Este lunes prosiguió el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio con una sesión corta en que se alistaron pruebas documentales y concluyó, a los diez minutos, debido a una indisposición de salud de la abogada Gilvi Quiñonez, representante legal del exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El proceso continuará el próximo lunes 14 de setiembre.

Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, por haber recibido presuntamente favores del empresario brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marquéz de Padua, detenido en Brasil por narcotráfico; mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, hasta su destitución en febrero de 2022, a causa del escándalo vinculado por dicho relacionamiento.

El proceso judicial en contra del exministro se encuentra en su etapa final, de acuerdo a la presentación de la acusación por parte de la fiscalía, Giuzzio tuvo pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.

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En el marco del juicio oral, la fiscalía expuso la hipótesis que trabajaron en el caso conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius.

Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022. La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrada por los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, realizó la acusación por cohecho pasivo agravado el 16 de agosto del 2023.

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Tras la amenaza de Giuzzio a fiscales, la audiencia oral se desarrollará bajo extrema seguridad.

El juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto narco­traficante Marcus Vinicius Espíndola, continuará este lunes desde las 7:00 con la presentación de pruebas documentales y testigos.

Tras la amenaza comuni­cada por la fiscala Verónica Valdez al tribunal de senten­cia que preside la magistrada Adriana Planás, la audien­cia oral se desarrollará bajo extrema seguridad. Se dis­pondrá de varios agentes policiales en la sala de juicios y en el pasillo a los efectos de evitar cualquier agresión física por parte del acusado hacia los representantes del Ministerio Público.

El fuerte dispositivo de seguridad dentro y fuera de la sala de juicios orales ya se pudo observar en la sesión anterior. Esta situación solo se dispone cuando los acusa­dos son considerados peli­grosos y tienen vínculos con el crimen organizado, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Ver­melho.

Días atrás, la fiscala Val­dez fue custodiada por varios uniformados desde su ingreso a la sede judicial. Esto se realizó para evi­tar que Giuzzio cumpla su supuesta promesa de ame­naza o, en su defecto, preve­nir cualquier tipo de roces o agresión que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado, quien es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, actualmente dete­nido en Brasil.

En la ocasión anterior, la agente puso en conocimiento del Tribunal de Sentencia –integrado por los magistra­dos Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete– la situación de amedrenta­miento protagonizada por Giuzzio al término de la audiencia previa. Según alegó, el acusado “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desa­fiante y desmedida, como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registra­ron la situación”. Además, agregó: “Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares, solicitamos al tri­bunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.

Las cámaras del canal GEN/Nación Media captaron el momento en el que el exmi­nistro del Interior y de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) increpó a ambos agentes del Ministe­rio Público apuntando con el dedo. “Vamos a hablar des­pués”, mencionó de manera prepotente tras ser vincu­lado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, y otros testigos clave que se desem­peñaron como funcionarios de la empresa Ombú SA, pro­piedad del capo narco.

El presunto amedrenta­miento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le solicitara concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abran, cha­mígo, una causa, tengan hue­vos. Yo estoy superconcen­trado en mi defensa, ustedes son los que tienen que con­centrarse después”, replicó el acusado al reclamar imputa­ciones contra otras personas ajenas a su causa.

“Este tribunal ha tomado conocimiento y se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido, hemos tomado como medida mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala, y ya están previstas todas las acciones para que en adelante contemos con la debida protec­ción. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto mutuo y no se permitirá ninguna falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Adriana Planás.

Este lunes 7 de setiembre, a las 7:00, continúa el juicio oral contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en una etapa clave del proceso por cohecho pasivo agravado. La audiencia se reanudará bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego del incidente protagonizado por el exfuncionario en que habría amenazado a los fiscales que sostienen la acusación en su contra.

Esta medida de seguridad se viene aplicando desde la última sesión del juicio oral, luego de que el Tribunal de Sentencia tomara conocimiento de las presuntas amenazas efectuadas por Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, en los pasillos del Poder Judicial. Por disposición de los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete se estableció que los agentes fiscales estén acompañados de fuerte custodia policial.

El exministro Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, luego de la presentación que hicieron los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia y Jorge Arce, el 16 de agosto del 2023.

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Los fiscales sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo pleno conocimiento de las intenciones del presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua (actualmente detenido en Brasil) de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.

Durante el juicio oral, la Fiscalía tuvo oportunidad de exponer su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.

La reacción y amenaza de Giuzzio a los fiscales sucedió al concluir una audiencia del juicio público y oral en que el exviceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, prestara nuevamente declaración y complicara aún más al acusado sobre su presunto vínculo narco.

De acuerdo a las declaraciones de la fiscal Valdez, el testigo declaró durante 4 horas aproximadamente. Entre lo que resaltó como relevante es que se exhibieron comunicaciones (mensajes de textos) en que el exviceministro Ríos tuvo con el señor Marcus Vinicius.

“Él reconoció estas comunicaciones y entre la información que se exhibió estuvieron fotografías de vehículos, que él reconoció que eran de la Policía Nacional y que esos vehículos fueron reparados efectivamente por el señor Marcus Vinicius a través de su empresa y que él dijo que uno de los vehículos iba a ser apadrinado (o patrocinado). Aparte de eso, también reconoció otras comunicaciones que tuvo con él, que estos vehículos estuvieron en su empresa. Reconoció una filmación donde estaba uno de estos vehículos”, relató la fiscal.

Remarcó que estos datos son brindados por el testigo, son relevantes porque se sostiene efectivamente que se recibieron beneficios de Marcus Vinicius a cambio de futuras licitaciones. En diciembre de 2021, el exministro abdista organizó en sede de la Fope una muestra de equipos del empresario brasileño para la Policía Nacional.

Giuzzio fue destituido el 22 de febrero de 2022 como ministro del Interior por el escándalo de usufructuar un vehículo particular de la esposa del capo brasileño, luego de que el suyo tuviera fallos durante un viaje de vacaciones a Brasil. La investigación encontró una serie de chats entre ambos, desde julio de 2021 a febrero de 2022, que acabó cuando Marcus Vinicius fue detenido en un operativo antidrogas desplegado por Brasil y Paraguay.

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