La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de Relaciones Exteriores, a adoptar las medidas necesarias para la reapertura del Consulado de la República del Paraguay en la Provincia de Córdoba, República Argentina”.

El proyectista fundamentó que la iniciativa parte de la necesidad de restablecer una representación consular en una de las provincias argentinas con mayor presencia de ciudadanos paraguayos.

Dijo que el cierre de la sede diplomática, ocurrido en el año 2024, dejó a miles de connacionales sin un acceso cercano a servicios esenciales brindados por el Estado paraguayo.

Se destaca que la reapertura del consulado permitirá garantizar una atención más eficiente a la colectividad paraguaya residente en Córdoba.

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Entre los servicios prestados se menciona la expedición y renovación de documentos, la realización de trámites administrativos, la asistencia en situaciones de vulnerabilidad y el ejercicio efectivo de la protección consular.

Se remarca, igualmente, que la ausencia de una representación permanente obliga actualmente a los ciudadanos paraguayos a trasladarse hasta la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, ubicada a más de 400 kilómetros de Córdoba.

Esta situación implica importantes costos económicos, dificultades logísticas y demoras para acceder a servicios consulares básicos, refirió el diputado Cleto Giménez en la argumentación de su pedido que fue aprobado por el pleno.

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Las investigaciones avanzan bajo dos líneas principales, un posible accionar del EPP o de organizaciones del crimen organizado.

Tras el ataque que dejó dos policías y un civil fallecidos en Canin­deyú, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el Estado responderá con fir­meza para identificar y captu­rar a los responsables. Señaló que las investigaciones avan­zan bajo dos líneas principales, un posible accionar del EPP o de organizaciones del crimen organizado.

Confirmó que pasado las 23:15 se registró este ataque cobarde y cruel contra esta subcomisa­ría un grupo de personas que contaba con mayor poder de fuego, sin necesidad de bús­queda de interés económico.

“Esto fue un ataque al Estado paraguayo y será respondido con la misma fuerza y con todo el peso del Estado y de la ley, porque este hecho no quedará impune. Lastimo­samente existen este tipo de incidentes, pero ya se encuen­tra en el lugar el comandante de la Policía Nacional, ano­che hablé con el ministro de Defensa y se le informó de inmediato al presidente de la República que nos dio todo el respaldo y vamos detrás de ellos”, enfatizó.

Informó que se activó en el lugar un inmediato rastri­llaje, con apoyo de las Fuerzas Militares junto a lo mejor que se tiene en la Policía Nacional; además de llevar adelante una inspección en el lugar del aten­tado con el equipo de Crimina­lística, forenses, para un análi­sis de los casquillos, tomando las declaraciones del sobrevi­viente herido y del que logró escapar para obtener todos los datos sobre lo sucedido.

“Todavía no queremos califi­car quiénes fueron los respon­sables del ataque, por razones de investigaciones en curso y porque también tenemos que cerrar algunos elementos que se está investigando en el terreno. Las dos hipótesis que se están manejando como posibilidad es que uno podría ser miembros del grupo terro­rista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)”, remarcó. Enfa­tizó que es una posibilidad no confirmada aún, aunque exis­ten algunos elementos que señala a este grupo criminal, como uso de artefactos explo­sivos “molotov”, que ha sido un cobarde sistema para incen­diar comisarías y una patru­llera.

“Desde el primer momento que tuvimos el reporte de este lamentable hecho ocurrido se activó el traslado del personal técnico informativo a la zona, a fin de llevar adelante tareas inves­tigativas. Es un caso muy grave, evidentemente estamos hablando de una organización criminal que viene a dejar un mensaje. Esta­mos hablando no solamente de personas fallecidas entre nuestros elementos, también estamos hablando de un ataque a un puesto policial y el incendio de una patrullera y de varios vehículos”.

Asimismo, colectarán todas las informaciones de interés inves­tigativo con la gente del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), lo que “va a facilitar la identificación del grupo y los responsables”, indicó el comandante de la Policía Nacional.

“Los fallecidos estaban en la ruta realizando controles y no tuvieron tiempo de reaccionar”, explicó el fiscal Óscar Paredes.

El fiscal Óscar Paredes habló acerca del ataque que se cobró la vida de dos suboficiales y un civil en el puesto policial de Naranjito y señaló que el grupo llegó al sitio caminando, pero disparando y sin mediar pala­bra ejecutaron a dos oficiales.

“Los fallecidos estaban en la ruta realizando controles y no tuvieron tiempo de reaccionar. Ellos fallecieron en el mismo lugar”, dijo ayer miércoles en declaraciones a la 1080 AM.

Añadió que en el lugar tam­bién había un civil que reci­bió dos impactos de bala. Además, otro policía que estaba en la patrullera reci­bió un disparo de refilón en la cabeza y otro en la axila. “Él se hizo del muerto y recibió otro impacto en el costado, pero pudo escapar”, informó el agente fiscal.

Asimismo, mencionó que otro agente que estaba des­cansando en una edificación del fondo salía para tomar su turno cuando escuchó los tiros y escapó por la parte trasera. El grupo criminal estaba com­puesto entre 20 y 30 personas que vestían ropas camufladas, botas y portaban armas largas. Se comunicaban en idioma guaraní.

Al policía que estaba en la patrullera le dio tiempo de visualizar al grupo antes de recibir los disparos. “Divisó a personas camufladas con botas y hablaban en guaraní, todos portaban armas largas”, precisó el representante del Ministerio Público.

El diputado Arturo Urbieta destacó que el proyecto vial impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mediante un préstamo internacional beneficiará a siete departamentos, entre ellos Concepción.

Adelantó que el crédito USD 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con media sanción en el Senado para financiar el Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, será tratado como primer punto en la sesión ordinaria del martes 28 de la Cámara de Diputados.

“La ministra de Obras fue a manifestar la solicitud del crédito porque la financiación va a ser por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, una suma de 75 millones de dólares que le estaría beneficiando en construcciones de rutas y puentes en varios departamentos”, señaló a los medios de prensa.

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Según manifestó el parlamentario, el departamento de Concepción, específicamente el distrito de Horqueta, será beneficiado con el mejoramiento del tramo que une esta ciudad con Callejón 40.

“El proyecto en sí es la construcción del asfaltado con los puentes correspondientes. Yo sé bien que se necesita exageradamente esos puentes. Y celebro porque en total serán tres puentes y suman cerca de 50 metros. Y estarían costando cerca de seis mil millones de guaraníes”, mencionó.

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El pleno de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que establece nuevos requisitos para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Se trata de la modificación del artículo 3º de la Ley 6814/2021, “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra y deroga la Ley N° 3759/2009”.

La media sanción se dio, luego un amplio debate acerca del tiempo de mandato y otros requisitos propuestos en el proyecto original.

El diputado Edgar Olmedo defendió el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que propone una duración de mandato de tres años con posibilidad de reelección.

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Igualmente se redujo a 30 años la edad requerida, como también se redujo a cinco años el tiempo de ejercicio de la profesión, a cinco años el ejercicio de la docencia y a cinco el ejercicio de la magistratura.

La propuesta original establece que, para ser designados representantes del Congreso ante el JEM, los postulantes deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años de edad.

Así también, debe poseer título universitario de abogado conforme a la normativa vigente y acreditar al menos diez años de ejercicio efectivo de la profesión, desempeño en la magistratura judicial, en el Ministerio Público o en la docencia universitaria en materia jurídica, de manera conjunta, separada o alternativa.

La iniciativa busca establecer requisitos más rigurosos para los representantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con el propósito de unificar las condiciones de idoneidad exigidas para integrar dicho órgano.

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