La secretaria general del Partido Patria Querida (PPQ), Christa Rivas, visitó la ciudad de Concepción junto con una comitiva partidaria para acompañar las candidaturas de la Alianza Juntos por Concepción. También visitó la localidad de San José Olero, donde mantuvieron encuentros con referentes y vecinos, quienes plantearon las principalmente necesidades de la comunidad.

Rivas primeramente acompañó el recorrido que realizó el candidato a concejal municipal por la Alianza Juntos por Concepción, Guillermo “Memo” Valdez, lo que permitió fortalecer su presencia territorial. Además, acudieron a distintos medios de comunicación y mantuvieron encuentros con referentes y líderes sociales de la ciudad, con quienes conversaron sobre la realidad local y las propuestas impulsadas por el candidato.

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La dirigencia política luego se trasladó hasta la localidad de San José Olero, ubicada sobre la costa del río Paraguay, para acompañar al candidato de Álex Ramírez, quien se postula para la junta municipal. Realizaron un recorrido por dicha localidad, donde escucharon de primera mano las necesidades y preocupaciones de los vecinos.

Uno de los principales reclamos fue el pésimo estado de los caminos, una problemática que afecta directamente la movilidad y el desarrollo de la comunidad, por lo que se analizaron las medidas y acciones que pueden impulsarse para mejorar las condiciones de las vías y trabajar, de manera conjunta, por el crecimiento y bienestar de todos los habitantes de San José Olero.

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El gobierno de Paraguay expresó su preocupación por la reforma constitucional aprobada en Nicaragua recientemente, que restringe la participación política de sectores de la oposición y compromete la realización de elecciones libres en este país. Lo hizo mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, que emitió un comunicado a través de sus redes sociales.

La Asamblea de Nicaragua controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobó este martes una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en las elecciones por solicitud del presidente Daniel Ortega, según había anunciado el Legislativo, controlado por el oficialismo de izquierda.

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Esta enmienda amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes participen en la planificación o ejecución de un “golpe de Estado”, a los “traidores a la patria” o a aquellos que soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”.

Ante esta situación, el Gobierno de Paraguay, expresó su postura en defensa de los valores y principios democráticos. “Reafirma la posición histórica en defensa de los valores y principios democráticos, así como el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades, de conformidad con los principios de la Carta Democrática Interamericana”, completa el comunicado publicado por la Cancillería paraguaya.

Cabe señalar que la reforma constitucional nicaraguense deberá ser ratificada en una segunda legislatura, en enero de 2027, y en la práctica daría paso a un sistema de partido único, el FSLN.

El presidente Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control social, tras las protestas de 2018 cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

Desde Washington han aumentado en los últimos meses la presión económica y diplomática sobre Managua, con sanciones contra las principales figuras del régimen y movilizando también a sus aliados en América Latina, mediante comunicados conjuntos.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, destacó que la meta del Gobierno es lograr el 50 % de la participación de jóvenes en la titulación masiva impulsada desde el ente agrario, como parte de una política orientada a beneficiar a las nuevas generaciones.

Sin la presencia de jóvenes en el campo se pone en riesgo la continuidad de la producción y, con ella, la seguridad y soberanía alimentaria del país, afirmó.

Ruiz Díaz señaló que “el campo paraguayo enfrenta un desafío que va mucho más allá de la producción y la tenencia de la tierra: asegurar que las nuevas generaciones quieran, puedan y tengan condiciones para permanecer en el medio rural”.

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Fue al hacer alusión a las propuestas legislativas que buscan modificar el Estatuto Agrario y la Carta Orgánica del ente.

Es así que el Gobierno de Santiago Peña y Pedro Alliana, a través del Indert impulsa el relevo generacional como uno de los componentes estratégicos de la Nueva Ruralidad.

Por ello, las reformas propuestas al Estatuto Agrario y a la Carta Orgánica del Indert adquieren especial relevancia. Con la actualización del marco legal las autoridades apuntan a eliminar obstáculos que hoy dificultan la formalización de la propiedad y, por consecuencia, “limitan las posibilidades de inversión y desarrollo de las familias rurales”.

Precisamente, uno de los cambios planteados busca facilitar la obtención del título de propiedad, eliminando determinadas barreras económicas que impiden que productores con sus expedientes concluidos puedan retirar sus títulos. La propuesta también contempla ampliar los plazos de pago de las tierras, reduciendo el peso de las cuotas para los beneficiarios, conforme fundamenta el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo al Congreso Nacional.

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La mesa directiva de la Cámara de Senadores recibió a representantes del gremio médico que se encuentra en huelga nacional, y los ministros de Economía Óscar Lovera y de Salud, María Teresa Barán, para analizar una alternativa a los cuatro puntos solicitados por los médicos.

No hubo acuerdo y ahora el gremio anunció que trasladará la movilización a Encarnación, Itapúa, mañana a las 7:00, en el marco del desarrollo del “WRC Rally del Paraguay 2026”.

Tras un largo e intenso debate, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez y los ministros Lovera y Barán realizaron una conferencia de prensa para explicar sobre los puntos exigidos de los médicos y la respuesta del Gobierno. En este sentido, ratificaron que el pedido de un aumento general salarial, con el monto exigido, es de difícil cumplimiento.

“Creo que fue una reunión muy efectiva en el sentido de primera mano escuchar también los requerimientos, las reivindicaciones que tiene también el sector médico. Esto necesita de un abordaje integral, ayer nomas veíamos la inequidad que existe, por ejemplo, entre el personal de salud, principalmente médico que trabaja en IPS 24 horas la mayoría y que gana 3.800.000 guaraníes; por otro lado tenemos el sector del Ministerio de Salud donde están trabajando 12 horas, ganan 5 millones y hay una solicitud de ganar más”, apuntó Núñez.

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El legislador sostiene que el Presupuesto General de la Nación (PGN) tiene que ser abordado de manera responsable. “Vamos a seguir dialogando con los médicos, también con el Ejecutivo, yo no puedo decir que me voy a erigir en el vocero de ellos, sí puedo decir que cuando llegue un proyecto que venga del Ejecutivo, o de iniciativa legislativa, lo vamos a tratar responsablemente, respetando la ley de responsabilidad fiscal. El Estado administra el dinero del contribuyente y esto al final va a recaer en el contribuyente”, apuntó.

Con relación a las propuestas de aumentar impuestos a ciertos productos para generar una mayor recaudación, indicó que este es el inicio de las conversaciones y todas las propuestas serán analizadas.

“Hay que tomarlo con responsabilidad, repito, nosotros estamos administrando el dinero del contribuyente, si nosotros estamos aumentando el salario a cierto sector lo estamos sacando del bolsillo del contribuyente. Todo se va a tratar, aranceles para cigarrillos, cigarrillos electrónicos, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, todo se puede tratar acá, pero es la primera reunión, no me pidan una solución ahora”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Economía, Óscar Lovera, ratificó la postura de la cartera estatal, la inviabilidad del pedido de un aumento generalizado para un segmento del personal de blanco, en este caso, los médicos que integran el sistema de salud pública.

“Nosotros como equipo del Gabinete del presidente seguimos acompañando estas discusiones, el pedido que ellos presentaron sigue siendo el ajuste de los 3.000.000, la estimación de costo está en 128 millones de dólares, y lo que nosotros informamos ya desde un principio es que la posibilidad que podamos responder de forma positiva a esa solicitud es inviable en esta situación que estamos”, aclaró el ministro.

Reiteró que la propuesta del Ministerio de Salud es trabajar en una carrera sanitaria o médico, que no está en la agenda de los médicos movilizados. “Como habíamos hablado en su momento, era poder trabajar en una carrera médica, hay un proceso de escalafonamiento que tiene desarrollado ya el Ministerio de Salud, pero ellos mencionan que esto no es sujeto a la movilización, ellos están en el planteamiento de un aumento generalizado”, expuso Lovera.

Así mismo, indicó que tanto desde el Ministerio de Economía como de Salud se encuentran analizando las alternativas, pero que “los montos que se estaban reclamando están alejados de cualquier alternativa que estamos haciendo, pero la idea que estamos viendo es revisar el contexto general y una de las cuestiones que se mencionó dentro del ámbito de la reunión con la mesa directiva del Senado es también hacer una mirada general”.

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