Acusan por tercera vez y piden juicio oral contra Miguel Prieto por lesión de confianza, que se investiga un perjuicio de G. 757 millones por el pago del Consejo de salud de la Intendencia de Ciudad del Este por obras inexistentes. La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno.

Los fiscales del caso acusaron a Miguel Prieto “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza´, tipificado en el Art. 192 inc. 1º del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inc. 1º del mismo cuerpo legal antes citado, en calidad de autor”.

También fueron acusados, Sebastián Martínez Insfrán “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal, en calidad de cómplice”; y Valeria Romero “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal en calidad de cómplice”.

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La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico. Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.

Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos. En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.

Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.

En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Por otra parte, el lunes pasado inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como “Tía Chela”, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones.

Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado “Caso Tajy”, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez Penal de Garantías Humberto Otazú.

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• Ciudad del Este. Agencia regional

Una comitiva del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizó este viernes la destrucción de un poco más de 304 kilos de marihuana premium, previa extracción de muestras.

Se trata de una carga incautada el 19 de agosto pasado en la Aduana del Puente de la Integración de Pdte. Franco.

La diligencia comenzó a las 9:00 en una fosa de la Senad, ubicada en Chaco’i, departamento de Presidente Hayes. El horno pirolítico no está en funcionamiento.

La acción fue como anticipo jurisdiccional de prueba, por disposición judicial. Contó con la intervención del fiscal Luis Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná. Por el Poder Judicial intervino el juez Rodrigo Estigarribia, del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, del segundo Turno.

Para que la carga de marihuana fuera descubierta, un escáner aduanero detectó una variación de densidad en la parte posterior de la carrocería de un camión JMC N900 donde los intervinientes encontraron un compartimiento acondicionado como doble fondo.

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En su interior encontraron 120 paquetes de la sustancia herbácea prensada. El análisis primario realizado por personal técnico de la Senad mediante narcotest dio positivo para marihuana tipo dry (tamizado en seco), con un peso total de 304 kilos con 300 gramos.

En el marco de la investigación del caso, el fiscal Luis Escobar imputó al conductor del camión por la supuesta comisión de los hechos punibles de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes y remisión de sustancias estupefacientes al extranjero (tráfico de drogas).

La “marihuana premium”, también conocida en el ámbito policial como “marihuana VIP” o “etiqueta azul”, no es una especie botánica diferente, sino una planta de cannabis de alta genética y concentración ultra alta de THC (Tetrahidrocannabinol), el principal componente psicoactivo.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) realizaron este jueves una inspección con uso de escáner a dos vehículos incautados en un allanamiento del pasado 12 de agosto en Ciudad del Este. El equipo fue utilizado para detectar fondos falsos o algún compartimento oculto en los rodados.

Se trata de una investigación a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho (Unidad Especializada en Persecución de Hechos contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando), por presunta falsificación de fármacos.

Se efectuó en la Aduana del Puente de la Integración de Presidente Franco. Los vehículos escaneados fueron un Subaru Impreza WRX, de color azul, y un Dodge Charger GT, de color blanco, ambos incautados durante el operativo realizado en una vivienda del barrio Boquerón II.

La diligencia fue ordenada con el objetivo de verificar la eventual existencia de compartimientos ocultos, dobles fondos o modificaciones que pudieran guardar relación con los hechos investigados. También se realizaron tomas fotográficas de los vehículos y de las áreas examinadas. El resultado definitivo de esta inspección será incorporado a la investigación.

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Además del fiscal Osvaldo Zaracho y el asistente fiscal Víctor Benítez Delgado, participaron del procedimiento el subadministrador de la sede local de la DNIT, abogado Max Derlis Carvallo Aquino, y los funcionarios Víctor Ortiz y Juan Fretes.

El allanamiento que permitió la incautación de los fármacos (tirzepatida y otros medicamentos) y los vehículos fue dirigido por el fiscal antidrogas Luis Fernando Escobar. Las pericias determinarán la procedencia, composición y autenticidad de los productos, según el informe de la Fiscalía.

Dos ciudadanos brasileños fueron detenidos en aquella oportunidad y posteriormente expulsados del país, considerando que registraban órdenes de captura en el Brasil.

Los antecedentes relacionados con la presunta violación de derechos de marcas fueron remitidos a la Unidad Especializada a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, que continuó con las diligencias para esclarecer el caso.

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Los fiscales Yeimy Adle y Giovanni Grisetti solicitaron a la Cámara de Apelación rechazar la chicana de excepción de falta de acción por prescripción presentada por la defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens acusado por lesión de confianza por el caso metrobús, que consideran improcedente.

Asimismo, sostienen que el hecho de presentar por presentar recursos sin fundamento podría considerarse como ejercicio abusivo del derecho.

“La pretensión de los recurrentes debe ser rechazada por su notoria improcedencia, en atención a que el auto interlocutorio recurrido se encuentra correctamente fundando sobre la base de hechos y estricto derecho, debiendo ser confirmado en su totalidad”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público, en una nota del 27 de agosto, al contestar el recurso de apelación general interpuesto el 21 de agosto por los abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, representantes legales de Wiens.

La defensa del exministro de Obras Públicas introdujo esta chicana contra el Auto Interlocutorio n.° 264, de fecha 14 de agosto de 2026, el cual resolvió no hacer lugar a la excepción de falta de acción por prescripción y extinción de la acción penal, que fue dictado por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del primer turno, Humberto Otazú.

El Ministerio Público puntualiza que la resolución recurrida está “debidamente fundada y la citación a indagatoria de fecha 4 de octubre de 2023 fue idónea para interrumpir la prescripción” y, citando los artículos 104 y 162 del Código Penal, que “el supuesto agravio expuesto por la defensa parte de una confusión entre institutos procesales diferentes y pretende incorporar al acto de citación para declaración indagatoria exigencias que la ley no establece como condición para producir el efecto interruptivo de la prescripción”.

La defensa pretende negar el efecto interruptivo de la citación, porque en citación a indagatoria del entonces inculpado del año 2023 no se habría efectuado una descripción detallada de todos los hechos posteriormente incorporados a la imputación, aludiendo a la suscripción del Acta de Entendimiento del 23 de octubre de 2018, la suspensión de las obras originales, trabajos para habilitar el tránsito, el pago de G. 8.030.693.029 a Mota-Engil y la demolición de las estaciones.

“En tal sentido se tiene que, luego de recibir la citación, Arnoldo Wiens designó como defensor al Abg. Federico Huttemann; este aceptó el cargo, solicitó la suspensión de la audiencia fijada para el 13 de octubre de 2023 y requirió copias del cuaderno de investigación fiscal. Posteriormente volvió a solicitar documentación específica de la investigación, copias a las cuales accedieron”, agrega la contestación fiscal.

“En consecuencia, no pueden ahora pretender que la falta de realización de un acto cuya suspensión fue solicitada por la propia defensa transforme retroactivamente una citación válida en un acto carente de eficacia interruptiva”.