La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores emitió un dictamen aconsejando la aprobación con modificaciones al proyecto de ley que plantea suspender temporalmente la creación de nuevas instituciones privadas de educación superior.

Según los proyectistas, se plantea frenar por un plazo de dos años la apertura de nuevas universidades e institutos superiores privados en todo el territorio nacional.

Durante la reunión de la citada comisión asesora, la senadora Hermelinda Alvarenga informó que se analizaron de manera simultánea dos proyectos, ya que el liberal Ever Villalba presentó una iniciativa similar, aunque sugiere una suspensión por cinco años.

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Considerando este planteamiento, la comisión aprobó la unificación de ambos proyectos para su tratamiento conjunto. Las iniciativas recibieron dictamen con modificaciones y serán analizadas este miércoles en sesión ordinaria, como moción de preferencia.

La parlamentaria aclaró, además, que la suspensión de la habilitación de las carreras de Derecho y Medicina en las universidades responde a disposiciones del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y constituye una medida diferente de la propuesta legislativa analizada.

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En reunión de la mesa directiva y líderes de bancada del Senado se resolvió este lunes la elaboración del orden del día para la sesión ordinaria de este miércoles 21 de octubre que contempla 13 puntos.

Como primer punto figura el estudio de una decena de proyectos de resolución que solicitan informes a distintas instituciones.

Entre ellos se encuentran los pedidos de informes al Registro del Estado Civil (REC), al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), al Banco Central del Paraguay (BCP), y al Instituto de Previsión Social (IPS).

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Así también la lista incluye al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapu), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), la Gobernación de Alto Paraguay y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Se estudiará igualmente un pedido de informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Municipalidad de San José de los Arroyos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) y la Dirección Nacional de Migraciones.

Así también, se pondrá a consideración del pleno el Mensaje N.º 412 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Defensa Nacional por el cual se solicita el acuerdo constitucional correspondiente para el ascenso al grado inmediato superior de oficial general de las Fuerzas Armadas de la Nación, de conformidad con la Constitución Nacional y la Ley N.º 1115/1995.

En otros puntos, se analizará igualmente el proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 163 de la Ley N.º 1160/1997, Código Penal, y su modificatoria, la Ley Nº 3440/2008”, presentado por varios diputados.

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El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, afirmó que el pago del subsidio al transporte público está al día, tras reunirse con representantes de las empresas agremiadas a Cetrapam. Durante el encuentro se analizaron los reclamos del sector y los procedimientos vinculados a la compensación económica y la actualización tarifaria.

Fernández explicó que las compensaciones responden a las diferencias entre los montos abonados y los valores establecidos mediante la tarifa técnica. Señaló que estos procesos requieren de evaluaciones técnicas y administrativas, que pueden incidir en el flujo de caja de las empresas transportistas.

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Entre los avances figura la resolución N.º 1542/2026, que establece las tarifas técnicas correspondientes al período de noviembre de 2025 a mayo de 2026 y fija la tarifa promedio en G. 4.910 para el servicio convencional y G. 6.140 para el diferencial.

La disposición también determina los montos del subsidio en G. 2.610 para el servicio convencional y G. 2.740 para el diferencial, mientras que el precio que abonan los pasajeros se mantiene en G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente, sin cambios en la tarifa al usuario.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, continúa trabajando en la revisión de los mecanismos tarifarios y de compensación, con el objetivo de ordenar los procedimientos, cumplir con la normativa vigente y contribuir a la sostenibilidad económica del sistema de transporte público.

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Desde la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), consideran que las respuestas brindadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), a los pedidos de informes del Senado, si bien representan el cumplimiento de un requerimiento institucional, no lograron despejar las principales inquietudes planteadas sobre el ejercicio de la supervisión bancaria.

En este contexto, a fin de reafirmar su compromiso con la solidez, la estabilidad y la confianza en el sistema financiero paraguayo, mediante un comunicado manifestaron que consideran necesario expresar su posición sobre los siguientes aspectos:

1. Una preocupación genuina, no comercial: rechazamos cualquier interpretación que atribuya nuestra posición a intereses comerciales. Los bancos de esta Asociación trabajan en el sistema financiero paraguayo compitiendo desde hace varias décadas y han atravesado tiempos difíciles. Planteamos nuestras preocupaciones por escrito al Banco Central en junio de 2025 y en setiembre de 2026, por la vía institucional y sin difusión pública. Nuestro interés es preservar la solvencia y la estabilidad del sistema bancario en su conjunto.

2. Una respuesta valorable, pero incompleta: es positivo que el Banco Central haya respondido en plazo. Sin embargo, sus respuestas son incompletas y dejan dudas, cuando lo que corresponde es transmitir confianza. Una respuesta de esta trascendencia debería contar, además, con la aprobación expresa de su Directorio, máxima autoridad de la institución.

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3. La cuestión de fondo sigue abierta: la principal preocupación es la exposición crediticia de una entidad financiera frente a empresas vinculadas a su propio grupo y la razonabilidad de las operaciones, que deberían ajustarse a lo establecido en la Ley de Bancos y sus reglamentaciones. En todos los casos debe primar, como recomienda el Comité de Basilea, la sustancia sobre la forma. Esta información no tiene carácter reservado y solo el Banco Central puede aclararla con autoridad. Una respuesta clara da certeza; la falta de respuesta genera dudas.

4. La corrección no debe esperar al sumario: la Ley N.º 2334/03 dispone que la regularización procede «sin perjuicio de las sanciones». Esto permite adoptar medidas correctivas de manera inmediata, mientras que un sumario puede demorar años. Cuando una situación contraria a la normativa no se corrige a tiempo, puede generar efectos negativos para todos.

5. Un mismo criterio para todos: la solvencia de una entidad no puede depender de un trato distinto al que reciben las demás. Pedimos al Banco Central que informe sobre la solvencia de todas las entidades que recibieron facilidades en procesos de fusión, aplicando los mismos criterios respecto al reconocimiento de las pérdidas diferidas, el cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Bancos (cálculo del patrimonio efectivo) y el tratamiento de las participaciones en empresas de un mismo grupo. Así quedarán despejadas las dudas y, si alguna entidad no cumple, se podrá actuar a tiempo. El secreto bancario, que defendemos, protege a los clientes, pero no alcanza a los actos y criterios del organismo supervisor.

6. El interés de todo el sistema: si alguna entidad no cumple con el marco legal, este permite corregir la situación protegiendo a los depositantes. El antídoto es actuar a tiempo.

“El sistema financiero paraguayo es sólido y cuenta con un Fondo de Garantía que protege a los ahorristas dentro de los límites establecidos por la ley. Por eso, este es el momento en que el Banco Central, a través de su presidente, su directorio y la Superintendencia de Bancos, informe con claridad sobre la situación y las medidas que adopta. Cada día que se dilatan las correcciones se agrava el problema y se envía una señal negativa al mercado. La credibilidad del supervisor se ha construido durante décadas; instamos a las autoridades a preservarla”, señalan desde el ente.

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