La Cámara de Diputados será sede de una audiencia pública este jueves 4 de junio para debatir sobre políticas de prevención de adicciones y salud mental.
Se busca generar un espacio de debate interinstitucional sobre las políticas públicas orientadas a la prevención de adicciones y el cuidado de la salud mental en el país.
La proyectista, Graciela Aguilera, fundamentó la necesidad de abordar un flagelo que afecta de manera integral a la sociedad, impactando no solo en la salud de la población, sino también en el desarrollo económico, el tejido social y manifestándose de forma visible a través de diferentes tipos de violencia.
Se plantea además la revisión exhaustiva de las normativas vigentes, incluyendo leyes, decretos, resoluciones, planes y estrategias de acción implementadas actualmente por el gobierno nacional para hacer frente a esta problemática.
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Para garantizar un análisis multidisciplinario, fueron invitadas autoridades de diversas instituciones del Estado: ministerios, secretarías del Poder Ejecutivo, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional.
Fueron convocados también representantes del Consejo de Gobernadores, integrantes de las distintas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados y destacados profesionales referentes del ámbito de la salud mental y la prevención de adicciones.
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Plantean descuento del 50 % en pasajes para pacientes con enfermedades catastróficas
En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.
La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.
De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.
Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.
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La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.
A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.
En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.
Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.
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Diputados debatirá en audiencia pública sobre regulación de explosivos
La Cámara de Diputados convoca a una audiencia pública para debatir con la ciudadanía sobre el proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para la fabricación, importación, almacenamiento, comercialización, tenencia y utilización de artefactos pirotécnicos.
El encuentro está previsto para el miércoles 29 de julio, de 8:00 a 12:00 y en la ocasión se podrá escuchar a especialistas, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y a todos los sectores interesados. La propuesta, denominada “Ley Canela”, toma su nombre de un caso que generó amplia conmoción social y puso en evidencia las consecuencias del uso irresponsable de la pirotecnia sobre los animales, además de los riesgos para las personas y el medioambiente.
Según el proyectista, el diputado José Rodríguez, la normativa vigente resulta insuficiente para prevenir los graves daños ocasionados por el uso inadecuado de la pirotecnia. El parlamentario expuso datos relevantes sobre las consecuencias del uso irresponsable de la pirotecnia.
Fundamentó que durante las celebraciones de fin de año se registra un promedio de 60 personas atendidas por lesiones relacionadas con estos artefactos, de las cuales aproximadamente el 87 % corresponde a menores de edad. A ello se suma el elevado costo para el sistema de salud, ya que la atención integral de cada paciente, incluyendo cirugías, internación y rehabilitación, puede representar entre 400 millones y 500 millones de guaraníes.
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Proponen crear sistema de alerta temprana para evitar desabastecimiento de fármacos
Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “De garantía de continuidad terapéutica y prevención de desabastecimiento de medicamentos esenciales”, iniciativa que busca fortalecer el sistema nacional de abastecimiento de medicamentos esenciales mediante la implementación de mecanismos preventivos, reservas estratégicas, sistemas de alerta temprana y mayores estándares de transparencia y control.
El documento fue presentado por los legisladores de varias bancadas: los colorados Hugo Meza, Mauricio Espínola; los liberales María Constancia Benítez, Adrián Vaesken, Diosnel Aguilera y el independiente Raúl Benítez. La propuesta busca asegurar a los pacientes del sistema público el acceso oportuno e ininterrumpido a los medicamentos, de manera a evitar que deficiencias administrativas o logísticas pongan en riesgo la vida y la salud de los mismos.
La presentación se enmarca en lo que establecen los artículos 46 y 68 de la Constitución Nacional, referidos al principio de igualdad y al derecho a la protección integral de la salud; y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo, según se expresa en la exposición de motivos.
De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables para las instituciones que administren medicamentos financiados con recursos públicos, tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; el Instituto de Previsión Social; el Hospital Militar; el Hospital Policial; así como el Hospital de Clínicas.
A través de esta iniciativa, los proyectistas proponen la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana para el Abastecimiento de Medicamentos Esenciales (SINATAME), el cual deberá emitir alertas automáticas cuando exista una disminución en el stock de fármacos.
Principales alertas
A su vez, la alerta será emitida cuando existan retrasos en procesos licitatorios, incumplimientos contractuales; riesgos de desabastecimiento internacional, así como medicamentos con vencimientos próximos. Los avisos deberán comunicarse simultáneamente a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo; la DNCP; el Ministerio de Salud y la Presidencia del IPS.
Los legisladores proyectistas solicitan que las instituciones elaboren anualmente un Plan Integral de Abastecimiento de Medicamentos basado en el consumo histórico, la demanda proyectada y la información epidemiológica. Además, plantean la creación del Portal Nacional de Transparencia del Abastecimiento de Medicamentos, el cual publicará informaciones sobre el stock disponible, los medicamentos agotados, medicamentos críticos; y la fecha estimada de reposición.
A su vez, proveerá información sobre los contratos vigentes; las empresas proveedoras; los procesos licitatorios; además de la ejecución presupuestaria. Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la Nación los créditos necesarios para la implementación de esta ley.
Medicamentos esenciales
En el documento se definen como medicamentos esenciales aquellos incluidos en el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos, y aquellos declarados críticos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o por el Instituto de Previsión Social. Estos son los fármacos para enfermedades oncológicas, hematológicas, trasplantes, VIH/SIDA, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y la hemofilia.
Asimismo, son incluidas las enfermedades raras; diabetes insulinodependiente; insuficiencia renal crónica; y de salud mental cuando la suspensión del tratamiento implique riesgo para la vida o la integridad del paciente.
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Comisión de Salud de Diputados evalúa acciones para el fortalecimiento de la medicina forense
Miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analizaron con el director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Pablo Lemir, la situación actual de la medicina forense y sus necesidades para el fortalecimiento del área.
El especialista expuso los desafíos que enfrenta la institución y destacó la importancia de avanzar en la creación de una morgue nacional. Consideró que se trata de una infraestructura clave para robustecer la capacidad técnica y científica del sistema de justicia.
El presidente de la Comisión de Salud, Arturo Urbieta resaltó la importancia de mantener un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para impulsar soluciones que respondan a las necesidades del país.
En ese contexto, el doctor Lemir informó sobre las gestiones que se encuentran en marcha para concretar una cooperación internacional destinada a fortalecer al Ministerio Público.
Sobre el punto, el diputado Urbieta manifestó su predisposición de promover conversaciones con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y con la ministra de Salud María Teresa Barán, con miras a establecer un convenio de cooperación entre ambas instituciones.
Igualmente, el legislador reiteró la necesidad de prever espacios destinados a la medicina forense dentro de los proyectos de construcción de nuevos hospitales de alta complejidad.